Ciudad de Panamá — Se trata de una industria que genera reacciones que parecieran irreconciliables. Por un lado, el gobierno resalta los ingresos económicos y la impulsa como un pilar para la reactivación económica tras la Covid-19, mientras que por el otro una parte de la ciudadanía y el sector ecologista, no se rinden en sus intentos de exigir una moratoria a la minería metálica.
Este último grupo, concentrado en la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá (Fedap), tocó por cuarta vez las puertas de la Asamblea Nacional panameña para reiterar que las concesiones extractivas impactan “un gran área de biodiversidad ecológica”, y que el Corredor Biológico Mesoamericano- donde se encuentran parte de las concesiones mineras- compuesto por Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá - es una zona por la que pasa el 10% de las especies del mundo, entre otras razones.
De ese corredor del Atlántico panameño salen las exportaciones de concentrado de cobre que impulsaron la exportación total de bienes, que cerraron el 2019 con $1,471.3 millones, o sea un incremento de 119.7%, frente al año anterior.
Se trata del proyecto Cobre Panamá, que opera Minera Panamá, subsidiaria de First Quantum Minerals y exportó $759.6 millones, cifra que representa el 51.6% de las exportaciones totales de bienes en el 2019, según un informe del Centro Nacional de Competitividad (CNC).
La minera que opera en 13 mil 600 hectáreas de concesión tiene un historial de más de dos centenares de incumplimientos ambientales según informes del Ministerio de Ambiente, y su contrato se terminó de negociar -entre el Estado y la empresa- en enero pasado a pesar de que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2017.
El año pasado, Cobre Panamá alcanzó el 100% de su producción y se exportó $1,945.9 millones, lo que representa $1.056.6 millones más que el año pasado.
La proyección del CNC indica que al 2024 la actividad minera podría estar representando el 8.3% a la economía del país, cifra que sería similar al aporte del 2019 de actividades como la intermediación financiera y la actividad inmobiliaria y empresarial.
Política y participación ciudadana
Por su parte, la Fedap entregó el proyecto de ley “Prohibición de la minería metálica en la República de Panamá” ante el departamento de Participación Ciudadana del órgano Legislativo, siendo esta la segunda vez que se plantea esta prohibición en la actual administración; toda vez que fue propuesto también ante la iniciativa ciudadana del recién firmado Pacto del Bicentenario, cuyas propuestas, según prometió el Ejecutivo, se deben convertir en política de Estado.
Bloomberg Línea intentó conocer la posición del Ministerio de Comercio e Industrias respecto al compromiso del Pacto del Bicentenario y su contradicción con la política de impulso a la minería, pero la entidad no respondió.
Este reclamo insistente en la actual administración es una contradicción con la política de Estado de impulso a la industria extractiva, en la que además participó como abogado de Petaquilla Minerals (hoy Minera Panamá), el hoy vicepresidente de la República, Gabriel Carrizo.
Insistencia
En 2011, cinco organizaciones conservacionistas, como el Centro de Incidencia Ambiental y la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, la Fundación Pasos, Almanaque Azul y Human Rights Everywhere propusieron la moratoria ante la Asamblea Nacional, la cual estuvo respaldada por 19 mil 700 firmas, pero esto tampoco prosperó.
Tres años más tarde, la exdiputada independiente Ana Matilde Gómez retomó la misma iniciativa para suspender los trámites de minería a cielo abierto, pero con igual resultado, y en 2021 unas cien organizaciones ecologistas presentaron un proyecto de ley del mismo tenor.
“Desde Honduras hasta Costa Rica se han emitido leyes que prohíben la minería metálica, y este proyecto que propone la federación, integrada por más de 40 gremios de profesionales, solo es un reflejo de que el 90% de los ciudadanos se opone al desarrollo de esta industria”, aseguró Donaldo Sousa, presidente de la Fedap.
En este sentido,la nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro, declaró su país libre de minería “en consonancia con los principios de justicia climática, respeto y protección a los recursos naturales” de su plan de gobierno 2022 - 2026.
De igual manera, en 2017 El Salvador aprobó la ley de prohibición de la minería metálica, bajo el principio de que esta actividad afecta el medio ambiente y la salud de sus habitantes.
Como pionero, Costa Rica declaró en 2010 su territorio como el primer país libre de minería metálica a cielo abierto. Al Sur del continente la Corte Constitucional de Ecuador resolvió en 2020 que no se puede desarrollar ningún tipo de minería en bosques protectores, lo que excluye a más de 300 concesiones, a pesar de que en buena parte de estos proyectos ya se habían iniciado los estudios de exploración.
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