Bogotá — El próximo gobierno de Colombia tendrá entre sus tareas tramitar una Reforma Pensional que corrija las injusticias e ineficiencias del actual sistema. Sin embargo, las alternativas planteadas por los actuales candidatos han despertado el debate sobre qué funciona y qué no, y en especial, hacia dónde debe apuntar un nuevo régimen.
Los cambios más significativos que ha vivido el Sistema General de Pensiones este siglo han sido la Ley 797 de 2003 y el Acto Legislativo 01 de 2005 y ambos tuvieron un impacto positivo sobre la sostenibilidad del sistema, según el profesor de economía en la Universidad de Los Andes, Óscar Becerra.
“Esta es una imagen del documento de Gabriel Piraquive y Juan Pablo Córdoba, ahí se nota como, al limitar los beneficios en el sistema de reparto – que en buena parte están financiados por impuestos a nuestro cargo – la deuda pensional se logró reducir casi a la mitad en 10 años. No obstante, la deuda que se arrastra de las personas que se pensionaron antes de la entrada de la Ley 100 de 1993 siguen todavía afectando el presupuesto nacional y ahí no hay nada que hacer porque esos son derechos adquiridos”, explica Becerra.
Y a juicio del profesor, experto en materia pensional, ese fue el mayor éxito de dicha reforma, dar una mayor viabilidad al sistema al hacer cambios que limitaron los subsidios en el sistema de reparto (ahora Colpensiones), tal como aumentar el número de semanas de cotización y, brindaron recursos para financiar el Fondo de Garantía de Pensión Mínima en el RAIS. Además, aclara Becerra, el cambio en la fórmula de cálculo de las pensiones en el sistema de reparto incluyó un componente de progresividad.
Sin embargo, reconoce que no todo lo aprobado en dicha Ley fue completamente positivo. “Me parece que la Ley 797 se quedó corta en varias cosas. La primera, la fórmula de tasa de reemplazo del sistema de reparto y el aumento de edad mínima de pensión quedaron fijas, lo que impide tomar en cuenta ajustes automáticos a estos parámetros que le permitan cambiar los parámetros teniendo en cuenta el envejecimiento de la población. Por otro lado, el aumento de la edad mínima de pensión fue muy tímido, deberíamos estar en una edad mínima de pensión de 60 a 65 años (eso se viene hablando desde 1992)”, aclara Becerra.
Para José Antonio Ocampo, ex codirector del Banco de la República y ex ministro de Hacienda “el problema que hay que resolver es que puso a Colpensiones a competir con los fondos privados. Debe ser complementario y no competitivo. Además, porque son regímenes diferentes. Yo soy partidario de un sistema en el que subsista Colpensiones para pensiones de 1 a 3 salarios mínimos y los privados para quienes quieran una pensión más alta”.
Pero adicionalmente, Ocampo sostiene que “el otro problema es el de las edades, con el envejecimiento de la población va a haber que corregir eso. Creo que cualquiera de los temas es complejo, pero toca hacer una reforma que sirva para todos incluyendo un Colombia Mayor para todos los que no tienen acceso a una pensión cuando llega el momento de jubilarse”.
Entre tanto, para Salomón Kalmanovitz, un economista que integró la Junta del Banco de la República entre 1993 y 2005 el problema del actual sistema pensiona radica en que “el régimen público es muy generoso y el privado muy mezquino y no ha habido forma de ajustarlo para que el régimen se unifique y ambos sean relativamente justos, o que la gente pueda, al menos, pensionarse. En el régimen. Privado la gente sale muy mal”.
Pero, además, Kalmanovitz critica las comisiones que cobras los fondos privados. “Yo creo que se necesita una cosa muy radical de hacer que el Gobierno subsidie o que le pongo coto a lo que cobran los fondos privados que tienen comisiones muy altas, porque se quedan con el 3% del aporte y eso hace que el aporte a repartir sea muy bajo”.
Por su parte, Juan Camilo Restrepo, ex ministro de Hacienda, cree que “fue una reforma interesante que bajó los límites, pero la cobertura sigue siendo baja. Y ese es el gran problema del sistema colombiano porque una gran porción de los que hoy aporta no podrá pensionarse”.
Y en ese sentido considera que el aumento de edad que propuso la Ley 797 era adecuado en su momento, pero no necesariamente resolvería los problemas de hoy. “En ese momento era acertado. El gran reto ahora más que jugar con edades es cómo ampliar la cobertura”.
Años aplazando la solución
El debate sobre cómo debe ser la reforma pensional en Colombia no es nuevo. Han pasado varios gobiernos durante los cuales se ha especulado sobre si presentarán o no el proyecto, pero hasta la fecha sigue sin ser prioridad para ninguno.
Ocampo considera que “no ha habido interés. Este Gobierno ha debido hacer algo, pero con todos los problemas que tuvo no lo pudo hacer”.
Y en ello coincide con Kalmanovitz, quien asegura que “no ha habido voluntad política para corregir esos desbalances”. Sobre cómo lograr ese consenso dice que “me preocupa, oí a Petro hablar de pensiones y no entendí nada. Él es una de esas personas que no aprende, él podría ser una de las personas más importantes para impulsar el consenso con una reforma sensata y no lo veo con la voluntad”.
Toda reforma pensional es un tema político que requiere consensos y eso ha faltado, además, tampoco hubo liderazgos en los gobiernos para buscar esos consensos”.
Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda
Becerra por su parte sostiene que hay tres temas relevantes para que ninguna reforma haya pasado en los años recientes. “Primero, una reforma pensional requiere mucho capital político porque es una reforma impopular, se necesitan cambios duros en el corto plazo y sólo da réditos en el largo plazo; resulta muy difícil para un gobierno presentar una reforma tan controversial cuando tiene reformas urgentes en el corto plazo como reformas tributarias”.
Un segundo elemento que destaca Becerra es que “es muy difícil generar consenso alrededor de una reforma. Los objetivos de diferentes grupos van en contravía: por ejemplo, reducir el déficit de Colpensiones implica pensiones más bajas para sus pensionados, pero menos impuestos a cargo de los contribuyentes”.
Finalmente, un tercer aspecto que destaca es que “también hay un tema de economía política: una reforma que elimine los beneficios a las pensiones altas afecta directamente a aquellos que legislan al respecto”.
