Guatemala — En los países analizados en la edición anterior de la Evaluación (2020), no se detectan avances significativos y al contrario, se detectan algunos retrocesos en independencia y capacidad de autoridades en Guatemala, México y el Perú, señaló el nuevo informe.
Por lo anterior, el resultado coloca a Guatemala en el decimosexto lugar (3.54) de los diecisiete países evaluados, es decir, la segunda calificación más baja después de Venezuela (2.87).
El estudio detectó esfuerzos legislativos sin acciones para fortalecer instituciones y mejorar la implementación, por lo tanto, son inefectivos.
Además, no ha habido voluntad política para acompañar esfuerzos legislativos con políticas para fortalecer instituciones y su capacidad para implementar las normas, incluyendo dotar de independencia material y de recursos suficientes.
En un tercio de los países analizados, la comunidad jurídica considera que las autoridades no tienen independencia, y en la mitad, que no tienen capacidad.
“Muchos esfuerzos anticorrupción están enfocados en sancionar penalmente, pero no en establecer mecanismos efectivos para prevenir la corrupción o denunciarla”, enfatizó el documento.
También oscilando el lugar más bajo con Venezuela, el país recibió 2.22 puntos en Autoridades y 6.20 puntos en Implementación.
En la categoría de Legislación Guatemala obtuvo 6.00 puntos, la peor calificación por debajo de Panamá (6.20) y Venezuela (6.86).
La voluntad, o falta de voluntad, ha llevado a hacer inexistentes esfuerzos anticorrupción en países como Venezuela. De igual manera, es preocupante ver la tendencia de algunos países en donde se desgasta el Estado de derecho rápidamente como Guatemala o El Salvador, resalta el estudio.
Análisis para Guatemala
En el capítulo donde se detalla el análisis de Guatemala resalta que no existe una institución independiente encargada de supervisar y coordinar la implementación de las políticas anticorrupción, especialmente aquellas relacionadas con los conflictos de interés.
En el año 2019 se presentó una iniciativa de ley que buscaba regular y prevenir los conflictos de interés en el sector público; sin embargo, esta no ha sido aprobada por el Congreso de la República.
Según Jaime Chávez Alor, director de Políticas para Latinoamérica del Vance Center, los esfuerzos para combatir la corrupción en la región son “insuficientes,” particularmente porque las autoridades “no son independientes” y “no tienen la capacidad de implementar la legislación existente”.
Además de la preocupación por retrocesos significativos en algunos países, Chávez recomendó que la comunidad jurídica desempeñe un papel más activo para garantizar que la aplicación de la ley sea más eficaz”.
Sector privado
En ese mismo apartado consideran que Guatemala no prevé un marco anticorrupción específico para empresas del sector privado que requiera lo siguiente:
- Códigos de conducta
- Organigrama y alcance del trabajo de los funcionarios de las empresas que garantice cierta independencia
- Normas para una cultura con el “tono definido por los superiores”
- Medidas de control y auditoría
- Procedimientos internos seguros de denuncia
- Evaluación de riesgo y evaluación de programas de cumplimiento
- Protocolos de investigación
- Evaluación y metodología
Evaluación
El informe evalúa los esfuerzos legales y las deficiencias para prevenir y sancionar la corrupción en diecisiete países, identificando tres problemas principales:
- Hay esfuerzos legales para contrarrestar la corrupción, pero estos son improductivos si las leyes no van acompañadas de acciones para implementar esas leyes.
- Hay muchos esfuerzos para castigar la corrupción, pero los esfuerzos para prevenirla son insuficientes e ineficaces.
- Las instituciones encargadas de combatir la corrupción no son independientes y no tienen capacidad para investigar y sancionar la corrupción.
Según la evaluación, que emplea criterios cuantitativos y cualitativos para clasificar a los países de cero (más bajo) a diez (más alto), Uruguay es el país mejor clasificado y Venezuela el peor.
Los criterios a evaluar se centran y basan en los siguientes aspectos:
- Corrupción en el sector público y privado.
- Mecanismos de denuncia y protección de denunciantes.
- Organismos especializados.
- Mecanismos de coordinación institucional, participación de la sociedad civil y transparencia y acceso a la información.
- Conocimientos jurídicos y la experiencia práctica de los abogados dedicados a la práctica anticorrupción en diversos sectores (despachos de abogados, empresas, academia, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, entre otros).
Problemáticas en común
Además de determinar que muchas autoridades anticorrupción de los países evaluados no son independientes y no tienen capacidad, el Consejo puntualizó las siguientes problemáticas encontradas en el análisis regional:
- Esfuerzos legislativos sin acciones para fortalecer instituciones y mejorar la implementación son inefectivos.
- Muchos esfuerzos anticorrupción están enfocados en sancionar penalmente, pero no en establecer mecanismos efectivos para prevenir la corrupción o denunciarla.
- Organizaciones de la sociedad necesitan más apoyo para sus labores anticorrupción.
- Las personas en condición de pobreza y en condiciones vulnerables son las más afectadas por la corrupción.
Recomendaciones
El Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos reconoció la importancia de la tecnología en los mecanismos para prevenir la corrupción y la cooperación regional del sector privado y la comunidad legal para promover las mejores prácticas.
Entre las recomendaciones para hacerle frente a la corrupción destacan:
- La importancia de impulsar el desarrollo y uso de la tecnología para prevenir la corrupción
- La necesidad del involucramiento del sector privado de cada país y a nivel regional para impulsar esfuerzos de la comunidad jurídica en materia anticorrupción
- Promover la cooperación regional de la comunidad jurídica en esfuerzos anticorrupción
- Impulsar la creación de una relatoría anticorrupción dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
