Ciudad de Panamá — Panamá tiene una legislación “insuficiente” en materia de corrupción al compararla con 16 países de América Latina, de acuerdo con la evaluación anticorrupción en Latinoamérica realizada por el Lawyers Council for Civil and Economics Rigths.
La implementación de medidas que ayuden a combatir la corrupción en el país es uno de los puntos principales para avanzar en este aspecto, estimó Carlos Barsallo, expresidente de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.
La evaluación del Lawyers Council for Civil and Economics Rigths se califica en una escala de cero a diez, siendo cero la calificación más baja.
Panamá obtuvo una calificación de 6.20 en legislación, 4 en autoridades y 7.94 en implementación.
“En implementación se destaca como principal desafío para la aplicabilidad del marco jurídico la insuficiente voluntad política para su ejecución, lo que la coloca en la posición indicada”, afirmó el jurista.
Panamá cuenta con un marco jurídico anticorrupción perfilado hacia el derecho penal y a la prevención del lavado de dinero.
De acuerdo con la comunidad jurídica consultada, el marco normativo anticorrupción es insuficiente, y dentro de estos aspectos destacan la falta de mecanismos de prevención, regulación de conflictos de intereses, extinción de dominio y la existencia de sanciones muy débiles.
La información indica que los principales desafíos para aplicar el marco jurídico son una insuficiente voluntad política para su ejecución, al igual que los mecanismos de detección y prevención de corrupción, falta de independencia judicial y/o de los órganos de procuración de justicia, así como recursos económicos y humanos inadecuados para las agencias anticorrupción.
El informe pone de relieve la ausencia de un servicio civil de carrera que fomente la profesionalización de los servidores públicos, en temas técnicos y éticos.
Entre las recomendaciones que hace el Lawyers Council for Civil and Economics Rigths están impulsar el fortalecimiento de los mecanismos de ética pública e integridad de las autoridades del Estado, con normas particulares y detalladas para desincentivar, detectar y sancionar prácticas de corrupción en el sector público.
De igual manera, se exhorta a desarrollar iniciativas para crear un régimen de declaraciones públicas de intereses para funcionarios públicos de los tres poderes y otros órganos autónomos, así como impulsar un marco jurídico para la prevención de la corrupción en las empresas del sector privado, con incentivos para su cumplimiento y verificación conforme a estándares internacionales.
Conformado por abogados y abogadas líderes que representan a diversos países del continente, el Lawyers Council for Civil and Economics Rigths considera que la corrupción es uno de los flagelos que más afectan al Estado de derecho a nivel mundial, dada su complejidad y las consecuencias visibles y palpables.
