Bogotá — La contienda electoral del 2022 ha sido identificada por los analistas económicos como uno de los grandes riesgos a los que se enfrenta Colombia durante este año.
El domingo pasado inició el proceso electoral cuando los colombianos asistieron a las urnas para elegir al Congreso que estará vigente hasta 2026 y para seleccionar entre tres coaliciones políticas a los candidatos que buscarán su llegada a la Presidencia el próximo 29 de mayo.
Bloomberg Línea dialogó con Manuel Orozco, director y analista principal de Standard and Poor’s Global Ratings para conocer las impresiones de la agencia con respecto al resultado electoral del 13 de marzo, su visión sobre cómo avanza el ajuste macroeconómico de Colombia y las urgencias que tiene la economía nacional.
Sobre el resultado de las elecciones legislativas Orozco enfatizó en que la calificadora tiene “una valoración moderadamente positiva sobre las instituciones de Colombia, incluyendo pesos y contrapesos constitucionales, entre ellos el Congreso y sus diferencias con la Presidencia”.
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En esa misma dirección apuntó que la composición que tendrá el Poder Legislativo en los próximos cuatro años son garantía de que quien acceda al poder tendrá que ser pragmático para tener éxito en los trámites legislativo.
“Quien sea que llegue a la presidencia va a enfrentar un Congreso sin una mayoría definida y eso lo va a tener que llevar al pragmatismo de las propuestas de política pública y también a la negociación política para poder avanzar con cualquier agenda, sin importar de qué corriente sea el presidente”, dijo Orozco.
Cuando el experto de S&P habla de pragmatismo político incluye la negociación en torno a propuestas tan polémicas como dar por terminada la exploración petrolera en Colombia.
“Tener una idea de llevar una transición energética y si eso es a donde apunta la sociedad colombiana pues esa será su decisión, pero para poder mantener estabilidad en las calificaciones, que es al final lo que nosotros vemos, hay que implementar medidas pragmáticas y creíbles que no generen disrupción en los fundamentos de la calidad crediticia. Habrá que ver cuál termina siendo la propuesta final y ahí valoraremos los impactos”.
Sobre los cambios a la institucionalidad fiscal que se realizaron con la anterior reforma tributaria, Orozco sostuvo que “apunta a fortalecer el manejo de las cuentas fiscales, pero reconociendo que la anterior Regla Fiscal fue un avance significativo dando visibilidad a cuál era la senda fiscal que se debía seguir. La caída de los precios del petróleo en 2015 hizo necesario un ejercicio más enfocado en aspectos estructurales de la recaudación y entender el ciclo económico y de los precios del crudo como una fuente de flexibilidad”.
Destacó la importancia de dichos cambios dado que la anterior Regla Fiscal, si bien siempre se cumplió, esto se hizo tras revisiones de las metas. “El reto de la nueva regla es fortalecer la credibilidad y fortalecer el rol que se creó con el ancla fiscal. Esperemos que fortalezca la credibilidad de la senda fiscal propuesta. En S&P la vemos como una buena guía, pero nuestro análisis se basará, o la credibilidad que pueda tener se basará, en los resultados puedan tener”.
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Destacó el crecimiento sorpresivo del 2021 cuando el PIB aumentó en 10,6% y sostuvo que “resalta que el estímulo fiscal fue significativo, pero menor al de otras economías por lo tanto no da la sensación de una economía sobrecalentada. En parte captura el rezago del crecimiento que venía casi que desde 2015 y ahora estuvo impulsado fuertemente por el consumo, principalmente por el de los hogares, pero también por el del Gobierno”.
Aunque podría ser revisada la proyección de crecimiento de 2022 para incorporar el efecto que pueda tener el conflicto amado entre Rusia y Ucrania, las estimaciones iniciales de S&P apuntan a que el PIB registre una expansión del 3,5%.
“Es probablemente lo más fuerte entre las economías grandes en Latinoamérica que promediarán el 3%, y esto se debe a la recuperación sostenida de los niveles de inversión y los avances de proyectos de 4G así como el Metro de Bogotá y por supuesto la recuperación de los precios del petróleo así como su producción”, expone Orozco.
Con respecto a los actuales precios del crudo plantea que “de un lado deberíamos esperar condiciones favorables por lo que esto representa en materia de tributación, en especial para los dividendos del 2022, o se a pagarse en el 2023, en la balanza de pagos los ingresos de la cuenta corriente, por su dependencia a las exportaciones petroleras que es casi el 40% pues mostrará un incremento, pero del otro lado, esto exacerba tendencias de inflación”.
Pero a la vez advierte que la mejora de precios petroleros también puede incentivar un mayor interés por inversión en el sector, lo cual puede repercutir en más importaciones de capital o intermediarias. “debería haber una mejora en la cuenta corriente por los precios, pero igual podría tener alguna connotación negativa por cuenta de las importaciones”, explicó Orozco.
Adicional a esto dice que habrá que esperar a ver qué efecto tiene esta coyuntura sobre el tipo de cambio, que a la vez se ve influenciado por la incertidumbre política que puede llevar a una inflación alta y con ello a una política monetaria más restrictiva.
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Sobre la actitud que ha adoptado el Banco de la República para enfrentar la subida de los precios Orozco reconoce que “es una entidad que tiene experiencia lidiando con presiones de inflación domésticas. Mucho de esto es inflación importada y ahí tiene que estar viendo cuáles son los impactos de segundo y tercer grado, pero básicamente sabe cómo hacerlo y nuestro escenario base es que seguirá reaccionando de forma oportuna y suficiente para anclar las expectativas”.
Finalmente, Orozco concluye que la actual calificación de Colombia (BB+) incorpora la fortaleza institucional y la política monetaria como grandes pilares, pero que sigue teniendo la tarea de la consolidación fiscal y advierte que la deuda sigue siendo moderadamente alta.
“Los niveles de riqueza en Colombia continúan siendo una debilidad para la calidad crediticia y en la medida en la que pueda implementar políticas para tener un crecimiento más consistente con economías emergentes de otras latitudes, el crecimiento ayuda a mayores ingresos fiscales, pero también mejora el empleo y a mejorar condiciones sociales y en la medida en que esto sucede se pueden tramitar las reformas estructurales que permitan al país desarrollarse y así recuperar su grado de inversión”, concluyó Orozco.