Buenos Aires — En medio de la batalla contra la inflación que busca dar el Gobierno argentino, en un escenario agravado por la guerra entre Rusia y Ucrania y su impacto en los suministros a nivel global, el equipo económico evalúa medidas para contener los movimientos de precios, y apunta específicamente a las retenciones sobre el aceite y la harina de soja.
Descartada oficialmente la implementación de nuevas retenciones al trigo y al maíz, una de las opciones que quedan bajo estudio es aumentar por tres meses el diferencial de exportación a estos productos de soja con valor agregado.
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“Tenemos que entender que las consecuencias económicas de la guerra ya llegaron a Argentina”, advirtió la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti.
La posibilidad de elevar de 31% a 33% lo que se se tributa por las exportaciones de aceite y harina de soja es un camino probable para el Gobierno, siendo una decisión que se podría concretar mediante un decreto, sin la necesidad de pasar por el Congreso.
- ¿Cuánto dinero hay en juego? Según estimaciones de economistas, la medida permitiría al Gobierno recaudar unos US$400 millones más. Es un detalle no menor, en un contexto en el que luce difícil cumplir con la meta de déficit fiscal primario consensuada con el Fondo Monetario Internacional para 2022, de 2,5% del PBI.
Limitar el aumento del precio del pan
El dinero que se obtenga de la modificación del decreto sería destinado a aumentar el fideicomiso del trigo, con el fin de controlar el precio del pan.
Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), consideró que podría ser una “buena medida”, porque permitirá “compensar el diferencial de precios del trigo para los molineros a valores preguerra”.
“Alcanza para 3,8 millones de toneladas, lo cual es bastante. Y si la tonelada no supera los $40.000, diría que ese esquema va a funcionar”, opinó.
Además, sostuvo que sería conveniente aplicar una suba de retenciones en el caso del maíz “porque, sobre todo, con el pollo se puede complicar”.
Por su parte, Sebastián Menescaldi, economista de la consultora EcoGo, opinó que puede ser una medida “efectiva” para contener los precios de la canasta básica, aunque aclaró: “El tema es que, a futuro, se reduce la oferta”.
“Es efectivo hoy y no mañana. Lo otro que tiene en contra es que te reduce la liquidación de divisas. Trae problemas por otro lado”, alertó y estimó: “Se podrían conseguir los fondos de otro lugar y habría menos problemas en términos sociales”.
“Esas medidas no son muy populares en el campo”, resaltó y evaluó que “la suba es exógena y todos los países van a tener que enfrentarla”.
Mejorar el frente fiscal
Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de Equilibra, manifestó que “la suba de los precios internacionales de energía y alimentos tiene cosas buenas y malas”, y, dentro del aspecto negativo, se encuentra una mayor presión inflacionaria.
“Si importamos todos los barcos de gas que necesitamos para no cortar el suministro de las empresas en invierno, claramente, tiene un signo negativo. Es decir, gastaríamos más dólares en importaciones por suba de precios”, pronosticó.
En ese sentido, resaltó: “Creo que lo que está buscando el Gobierno es, con la suba de retenciones, compensar parte de todo este problema que tiene en el frente fiscal, aprovechando que subieron los precios internacionales”.
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“En agroindustria, particularmente en la soja, hay dos cuestiones: una es la disputa de cuánto afecta al productor porque vende en pesos el poroto de soja. Hay que ver cuánto malestar genera con las cerealeras. El otro punto es que hay un diferencial a favor de la agroindustria para que se exporte mayor valor agregado”, analizó en diálogo con Bloomberg Línea.
El economista calculó que “son US$ 400 millones lo que se está discutiendo”. “Es un monto razonable, elevado, pero tampoco es que con eso se cubre el aumento del déficit por subsidios energéticos que genera las importaciones de GNL”, expresó Sigaut Gravina.
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