Lima — El continuo debilitamiento de la gobernabilidad en el Perú es un riesgo que Fitch Ratings percibe de forma latente para la economía peruana y en particular para las calificaciones que la agencia otorga al soberano. Tras la aprobación de un nuevo proceso de vacancia presidencial contra el presidente de Perú, Pedro Castillo, que se debatirá en el Congreso peruano este lunes 28 de marzo, la firma ha realizado un análisis de la coyuntura política y económica peruana y ha lanzado una advertencia.
De acuerdo a Fitch, la continua inestabilidad y crisis del ambiente político en Perú, país que desde octubre del 2021 ostenta una calificación de ‘BBB’ con una perspectiva estable, es “sintomática del debilitamiento de la gobernanza y de los persistentes retos de gobernabilidad”. Fitch Ratings recordó en un informe que fue esa creciente volatilidad política uno de los factores principales para que la agencia tuviera menor credibilidad sobre la política macro y fiscal, y ello restó a la calificación del soberano peruano unos cinco meses atrás.
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“Las tensiones entre el presidente, el gabinete y el congreso han socavado la formulación y ejecución de políticas y han elevado la incertidumbre política. Esto, a su vez, ha deteriorado las perspectivas de inversión”, advierte Fitch Ratings.
En esa misma línea la agencia precisa que si se mantiene el deterioro de las instituciones políticas de Perú o “el consiguiente debilitamiento de las perspectivas económicas más allá de los niveles ya reducidos en relación con la mediana ‘BBB’”, se podría dar nuevamente un escenario de presión sobre la calificación peruana hacia un espectro negativo (de estable a negativa).
“El proceso de destitución del presidente por parte del Congreso es la última señal de las tensiones políticas internas. El presidente Pedro Castillo se enfrenta al riesgo de destitución a través del proceso actual que se iniciará el 28 de marzo o de posibles mociones futuras. Su popularidad ha caído, se enfrenta a dos investigaciones por corrupción y el apoyo legislativo a la destitución está creciendo”, resalta la agencia.
Tal como muestra la agencia en un comparativo, la moción de destitución presidencial contra Pedro Castillo en Perú sigue su curso pese a que el Congreso aprobó recientemente un voto de confianza al nuevo gabinete del Presidente Castillo, encabezado por el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) Aníbal Torres. Este gabinete fue el que recibió menos votos a favor de los últimos tres gabinetes que pidieron el voto de confianza al Parlamento durante los ocho meses de gobierno de Castillo.
Fitch recuerda que la anterior titular de PCM, Mirtha Vásquez, y otros ministros renunciaron en enero y febrero alegando influencias externas en la administración que estarían deteriorando el nivel en la administración pública peruana.
“Los problemas de gobernabilidad que se plantean desde hace tiempo han generado incertidumbre sobre la estabilidad del gobierno. Los intentos de destitución y la alta rotación de ministros continúan las tendencias del pasado gobierno, pero con mayor intensidad. Las tensiones entre los políticos de extrema izquierda liderados por Vladimir Cerrón, secretario general del partido Perú Libre que apoyó la campaña del presidente, y los moderados, han contribuido igualmente a las desavenencias del gabinete público”, comenta la agencia.
Es importante anotar que la vacancia presidencial requiere de por lo menos 87 votos de 130 congresistas para ser aprobada, mientras que la admisión de la moción se concretó con 76 votos a favor que no necesariamente garantizarían que una destitución pueda avanzar (aunque hasta el 28 de marzo, cualquier escenario es posible).
Si un intento de destitución tiene éxito o el presidente renuncia, resalta Fitch, el proceso de sucesión constitucional podría avanzar rápidamente. “En el caso de que el vicepresidente decida no gobernar, el jefe del Congreso (María del Carmen Alva) se convierte en presidente interino y debe convocar pronto unas elecciones presidenciales para terminar el mandato”, señala la agencia.
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Bajo este escenario, según anota Fitch, un juicio político exitoso aumentaría materialmente el riesgo de nuevas elecciones. Pero ello no garantizaría ninguna solución para los problemas políticos que el país enfrenta, destaca la agencia.
“Es poco probable que unas nuevas elecciones resuelvan los problemas políticos estructurales subyacentes, como la profunda polarización, la debilidad del centro político y la fragmentación del Congreso. La falta de un centro político fuerte contribuye a la polarización política, lo que aumenta la probabilidad de parálisis política y el tipo de desavenencias que han caracterizado la política nacional reciente”, argumenta Fitch, tras precisar que ningún candidato de centro en Perú quedó entre los cuatro primeros en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2021.
“Otra frenética campaña presidencial con un amplio abanico de candidatos y una visibilidad limitada de las posibles políticas de la administración durante los próximos seis a 12 meses, repitiendo el proceso de 2021, ampliaría la incertidumbre política”, resalta Fitch.
Aunque en el ámbito macroeconómico Perú solía avanzar por cuerdas separadas, esta vez Fitch Ratings presenta dudas concretas sobre lo que podría pasar a raíz del deterioro institucional. “Los riesgos para las perspectivas macroeconómicas son especialmente relevantes para la solvencia, sobre todo si el crecimiento del PBI se sitúa por debajo de la ya moderada tasa del 2,5% que esperamos para 2022-2023, que es sustancialmente inferior a la mediana ‘BBB’ mundial”, acota la agencia.
Según Fitch Ratings, los planes de inversión de las empresas en el Perú no están posicionados para el crecimiento y los dividendos de las compañías aumentaron, mientras que los beneficios retenidos cayeron y la inversión en minería disminuyó un 2,5% el año pasado.
Sin embargo, la agencia percibe un menor riesgo de que se dé una asamblea constituyente en el país que podría llevar a mayor inestabilidad. Esto luego de que el Congreso promulgara una ley que exige la aprobación de este poder del Estado para que se celebre cualquier referéndum público.
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