Lima — Desde el 28 de febrero se encuentran paralizadas las operaciones de la mina de Cuajone operada por Southern Perú y ubicada en la región de Moquegua -al sur del país-. Esto ante una protesta convocada por la comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala, del distrito de Torata, contra la compañía de capitales mexicanos desde el 10 de febrero, y el bloqueo de la vía férrea que utiliza la empresa para transportar los minerales.
Los conflictos en zonas mineras se han vuelto una constante en el Perú en los últimos meses, con Las Bambas también como epicentro de nuevos bloqueos que amenazan en paralizar la operatividad de uno de los productores de cobre más importantes a nivel global. La mina de Cuajone representa el 7% de la producción del metal rojo en territorio peruano, y es una de las operaciones más importantes para Southern. En tanto, Defensoría del Pueblo reveló recientemente que los conflictos sociales en el país pasaron de 193 en total a julio del 2021 a 203 a febrero de este año.
Las comunidades involucradas en la protesta vigente han aducido a la usurpación de terrenos en la zona para llevar a cabo dichos bloqueos, y además de la devolución de territorio exigen compensaciones económicas permanentes. En conversación con Bloomberg Línea, el CEO de Southern Perú y actual presidente de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía del Perú (SNMPE), Raúl Jacob, dice que el bloqueo inició cuando la minera tomó la decisión de reemplazar una tubería de agua cerca a donde estas comunidades conviven. De acuerdo al ejecutivo, la tubería tenía casi 50 años de antigüedad y se decidió realizar el cambio por obsolescencia.
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“Se está usando el mismo trazo de la tubería anterior. La tubería pasa por terrenos que son todos asignados por una concesión minera a Cuajone; (los terrenos) son propiedad del Estado y esa documentación que lo prueba ha sido puesta en conocimiento de los dirigentes de esa comunidad y lo han visto las autoridades regionales y nacionales”, detalla Jacob. “Ha sido una gran sorpresa para nosotros ver este bloqueo”, agrega.
Ante la paralización de la vía férrea que utiliza la minera para el transporte del cobre, la producción se paralizó 15 días atrás y lo que ya se había procesado Southern de mineral antes de esa fecha se ha estado transportando a través de camiones hasta el puerto de Ilo. En dicha localidad, también en la región de Moquegua, se ubica la fundición y refinería de la empresa.
Jacob resalta a Bloomberg Línea que en la actualidad la mina de Cuajone representa un monto de US$4,8 millones diarios en exportaciones que, según Southern, se estarían perdiendo, así como 2,3 millones de soles (más de US$616 mil) de canon y regalías mineras para Moquegua y 6,2 millones de soles (más de US$1,6 millones) de ingresos en Impuesto a la Renta para el Estado de Perú.
En total, según Jacob, con la paralización de la mina de Cuajone se han perdido 7.000 toneladas de producción de cobre de las 25.000 toneladas que comercializa Southern Perú por la mina al mes. “Es una situación muy delicada, la compañía ha enviado una carta a las más altas autoridades pidiendo que intervengan para solucionar este problema porque en realidad es muy, muy grave”, argumenta el funcionario. Jacob también revela que al 2021 la mina de Cuajone produjo unas 169 mil toneladas de concentrado del metal rojo.
CONFLICTO SIN RESOLVER
En un reciente comunicado la Municipalidad de Torata expresa su apoyo y solidaridad con la comunidad campesina que protesta contra Southern y señala que dicha zona está siendo afectada por desmonte que la minera está depositando cerca a la quebrada Cocotea, aunque Jacob responde que la empresa ha trabajado en la zona hace muchos años y no hubo mayores dificultades hasta la fecha.
“Principalmente lo que ellos indican es que la protesta se debe a que la compañía ha entrado a terrenos que no son de la empresa. Nosotros hemos explicado que estos terrenos no corresponden a lo que indica la comunidad”, añade Jacob, toda vez que la comunidad está exigiendo que se les dé una contraprestación de US$5.000 millones y un pago permanente del 5% de utilidades netas de la mina. “El pedido está absolutamente fuera de lugar no solamente por el monto, sino porque es injustificado e ilegal”, opina.
En el comunicado de la Municipalidad de Torata el Concejo Municipal expresa su preocupación por el proceder de la minera que, según indica su documento, habría atentado “en contra del medio ambiente en la quebrada de Cocotea; accionar que a los torateños nos hace recordar lo sucedido aquellos años en la cuenca del río Torata, que también se vio afectada por el impacto negativo de las actividades mineras”.
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Bloomberg Línea contactó a un representante de la comunidad involucrada, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuesta. No obstante, en conversación con radio Americana días atrás el gobernador regional de la región de Moquegua, Zenón Cuevas Pare, consideró que Southern Perú no estaría ayudando a resolver el conflicto entre los pobladores de la comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala y la minera, por las recientes declaraciones y comunicados que la empresa ha emitido en rechazo de las protestas.
En un video también obtenido por Radio Americana, un funcionario del gobierno regional de Moquegua hizo un llamado a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y al ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, para resolver la situación en la zona.
Hasta el momento ni el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ni la PCM se han pronunciado respecto al caso, aunque Jacob indica que hubo conversaciones con un equipo enviado a la zona por parte de PCM y otras autoridades de Estado que, lamentablemente, no llegaron a buen puerto. Por otro lado, una fuente del Minem precisó que Palacios llegaría mañana a la zona de Torata tras los últimos sucesos.
“Nosotros hemos tenido la mejor disposición para dialogar con las comunidades, pero como es obvio hay una condición que es prácticamente inaceptable”, considera Jacob.
CORTE DE AGUA EN CUAJONE
Este último 13 de marzo Southern Perú alegó mediante un comunicado de prensa que la comunidad campesina Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala, volvió a cerrar “ilegalmente y por la fuerza” la válvula del reservorio de Viña Blanca que abastece del recurso hídrico a las familias del campamento de Cuajone; y de la cual los comuneros habían sido desalojados el pasado 11 de marzo. Ante este hecho quienes viven en la zona salieron a protestar.
“Las comunidades han tomado las instalaciones del reservorio que da agua a la operación de Cuajone y han cortado el agua a un a una zona donde hay 5.000 personas. Uno puede reclamar lo que quiera, pero no puede atentar contra el derecho y la integridad de las personas a través de la restricción del agua; eso es algo realmente muy serio”, remarca Jacob a Bloomberg Línea.
Ante esta situación el funcionario precisa que el pedido central es que el Minem presente cuadros técnicos “donde la meritocracia avance y las personas más capaces tomen las decisiones más importantes de manera que se tenga un trabajo técnico que ayude a que las mineras salgan adelante”.
“Hay dos preocupaciones grandes: en lo que es la conflictividad social, tiene que encontrarse una forma de controlar esto y más bien que esa fuerza que muestran muchas comunidades se aprovechen para que salgan adelante. En el caso de las autoridades lo ideal es que se elijan personas con la calidad del caso. Siempre vamos a tener la mejor disposición a conversar sobre los temas que se refieren a la actividad minera y energética. Vamos a hacerlo con las distintas administraciones”, acota Jacob, quien además recuerda desde la Sociedad de Minería que la mina Las Bambas lleva 13 días con el paso bloqueado.
“Por esto la producción de Las Bambas está siendo almacenada y no puede ser retirada, Cuando no se pueda almacenar más, se tiene que detener su producción. Es 22% entre Las Bambas y Cuajone de la producción de cobre del país”, puntualiza Jacob.
Por otro lado radio Americana reportó que la comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala ha exigido la presencia de una “comisión de alto nivel” que esté conformada por Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros; Carlos Palacios, ministro de Energía y Minas; y Modesto Montoya, ministro de Ambiente; así como Óscar Zea, ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Mientras se espera la respuesta de las autoridades del gobierno, el conflicto continúa.
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