Bogotá — Este domingo arranca un nuevo periodo electoral en Colombia para escoger Congreso y votar en las consultas interpartidistas o presidenciales y por las curules de paz. A pocos meses de estas elecciones, en mayo y junio, el país elegirá quién llegará a la Presidencia el próximo 7 de agosto de 2022.
Ad portas de estas jornadas de elección, Oscar Nupia, profesor de la facultad de Economía de la Universidad de los Andes y Francisco Eslava, estudiante de doctorado en la Universidad de British Columbia, compartieron un documento que escribieron mediante el cual recomiendan que se le cobre impuestos a las contribuciones que se hacen a las campañas políticas en Colombia.
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Entre los resultados que arroja el análisis de los expertos es que permitir contribuciones privadas, pero cobrar impuestos a estos aportes, es una buena manera de regular la financiación de las campañas. “Estos impuestos podrían empezarse a cobrar en campañas grandes: Congreso y Presidencia, al igual que alcaldías y concejos en grandes ciudades”, detallan.
Nupia y Eslava agregan que establecer una regulación como la que proponen “puede ayudar a sopesar los costos y beneficios de la financiación privada”.
Pero antes de entrar en detalles cabe mencionar algo de contexto. Según datos de Transparencia por Colombia, citados por los expertos, en las campañas de Congreso y Presidencia de 2018 se reportaron gastos por un poco más de $364.000 millones. Hace cuatro años, el 34% provino de contribuciones privadas, sin contar las contribuciones propias de los candidatos y sus familiares.
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Siguiendo con lo anterior agregan que “si se consideran solo las campañas a Congreso, las contribuciones de los privados fueron un 45% de los gastos reportados. De otro lado, el 10% provino de anticipos del Estado, sin incluir los recursos que luego se les entregan a las campañas por reposición de votos. El resto de dinero vino de fondos propios y créditos”.
Volviendo al análisis de los expertos, en su documento midieron los costos de las contribuciones en términos de los recursos públicos que se dilapidan en la contratación estatal, como resultado de las negociaciones entre políticos y grupos de interés, por el monto de los aportes y las prebendas prometidas.
“Usando un poco de teoría de juegos y de matemáticas, construimos un modelo donde los partidos políticos, de diferentes ideologías, compiten por los votos de las personas”, dice Nupia al agregar que los partidos y grupos de interés que aportan a las campañas se sientan a negociar cuánto se dará y qué se obtendrá a cambio en caso de ganar.
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“Nuestro supuesto es que las prebendas que reciben estos grupos afectan negativamente la calidad de los bienes y servicios que el político ganador proveerá a los ciudadanos (...) como obras públicas sin terminar o de mala calidad”, añade el experto al decir que “entre mayores sean las contribuciones, habrá más prebendas y, por ende, la calidad de estos bienes y servicios será peor”.
Entre lo que encontraron los académicos resaltan que “cobrar impuestos a las contribuciones para las campañas, ya sea a los partidos o a los aportantes, y usar estos recursos para invertirlos en la provisión de bienes y servicios públicos, es beneficioso para la sociedad”. Además, la combinación de una política de impuestos a las contribuciones con topes establecidos también beneficia a la sociedad.
“Nuestros resultados sugieren que deberíamos pensar en dejar de invertir recursos públicos en estas campañas o disminuirlos a su mínima expresión. Podríamos empezar por eliminar la reposición de votos. En lugar de subsidiar las campañas con dinero público y quitarles recursos a otros gastos importantes, o de imponer topes que no se cumplen, sería mejor obtener recursos por medio de impuestos a las contribuciones para financiar más bienes y servicios para la población”, concluyen.
