Bogotá — Las desigualdades se han exacerbado en Latinoamérica especialmente en el acceso a los alimentos para las mujeres, los indígenas y las personas que viven en zonas rurales, sobre todo debido a los cierres provocados por la pandemia, advirtió en una entrevista con Bloomberg Línea el economista jefe de la FAO, Máximo Torero.
Aun así, “muchos países carecen de estadísticas sobre estos grupos, lo que hace muy difícil que los Gobiernos diseñen políticas sociales y de emergencia eficaces para socorrer a esas personas”, manifestó el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Se estima que la inseguridad alimentaria severa, es decir, las personas que se enfrentaron al hambre o pasaron un día entero sin comer, afectó a 92,8 millones de personas en América Latina y el Caribe en 2020, unas 27,5 millones de personas más que en 2019.
América Latina y el Caribe fue una de las regiones más afectadas por la pandemia, como lo demuestra el hecho de que, teniendo solo el 8,4% de la población total del mundo, la región concentró más de una cuarta parte de las muertes (27,8%) atribuidas al Covid-19.
Entre 2014 y 2020 en Sudamérica la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o severa aumentó en 20,5 puntos porcentuales, mientras que en Mesoamérica hubo un aumento de 7,3 puntos porcentuales durante el mismo período.
Los altos niveles de informalidad han agravado la situación en Latinoamérica, en donde en promedio el 54% de la fuerza laboral es informal, solo el 47,2% está afiliado a un plan de pensiones y el 60,5% está vinculado o afiliado al sistema de salud.
“Estos niveles de informalidad que superan el 60% en algunos países complican aún más las cosas porque con los prolongados paros el sector informal perdió su capacidad de trabajo y aún más su capital”, señaló Torero.
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La inflación golpea la seguridad alimentaria en Latinoamérica
El especialista dijo que la seguridad alimentaria de los latinoamericanos, especialmente aquellos de menores ingresos, podría verse afectada ante la escalada de precios que “ha llevado la inflación de los alimentos a niveles históricos”.
“La inflación implica una disminución del poder adquisitivo de las personas y, con ello, de su capacidad para adquirir alimentos. Como consecuencia, las personas - especialmente las de menores ingresos - pueden verse obligadas a reducir la calidad y la cantidad de los alimentos, lo que afecta directamente a su seguridad alimentaria”, mencionó.
Analiza que la escalada de la inflación responde, entre otros factores, al aumento de la demanda mundial que se ha dado en medio de la recuperación económica, así como el incremento de los costes de la energía y de transporte.
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A estos factores se han sumado ahora la escasez de mano de obra, los contratiempos en las cosechas (por factores climáticos) y el aumento de los precios de los fertilizantes (producto de la crisis energética).
De acuerdo a la FAO, los países con mayor prevalencia de hambre en Latinoamérica entre 2018-2030 son Haití (46,8%), Venezuela (27,4%), Nicaragua (19,3%), Guatemala (16,8%), Honduras (13,5%) y Bolivia (12,6%).
Y en medio de los retos actuales, “las zonas rurales de los países se enfrentan a graves problemas en sus mercados”, citando el caso de países como Guatemala y Ecuador, que están implementando estrategias para superar esta situación.
Países vulnerables a altas importaciones
Máximo Torero explica que los países del Caribe son muy vulnerables a las altas importaciones de alimentos, al punto de que esta subregión compra a otros mercados entre el 60% y el 80% de los alimentos que consume, y en el caso de países como San Cristóbal y Nieves, este porcentaje puede superar el 90%.
“El problema de la alta dependencia de los alimentos importados se debe al escaso comercio intrarregional, que en parte se debe a problemas de facilitación del comercio, costes logísticos e infraestructura, aspectos arancelarios y no arancelarios, y a la falta de una mayor integración entre los bloques económicos de la región y las subregiones”, comentó.
En Colombia, Ecuador, Paraguay y Bolivia las importaciones agroalimentarias representan alrededor del 10% de las importaciones totales (de bienes).
En la otra cara, algunos países de la región se consideran altamente dependientes de los ingresos generados por esas ventas, como es el caso de Uruguay, Argentina, Costa Rica y Paraguay, donde más del 50% del valor de las exportaciones proviene de productos agrícolas, según la FAO.
A la vez, señala que los países que exportan metales o petróleo, como Perú, Chile y Venezuela, no dependen exclusivamente de los ingresos generados por las exportaciones agrícolas.
Con este panorama se tiene que la balanza comercial alimentaria global de Latinoamérica y el Caribe es positiva, “pero esto se debe a las exportaciones de productos básicos a China y a los mercados extrarregionales”.
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Fortalecer la agricultura familiar y la pesca artesanal
El economista jefe de la FAO también mencionó que, dado que la agricultura familiar y la pesca artesanal son las principales fuentes de ingresos y alimentos para una gran parte de la población en Latinoamérica y el Caribe, “es fundamental apoyar los medios de vida de las personas dedicadas a estas actividades”.
De este modo, “se fomenta la recuperación económica a nivel local y se garantiza la seguridad alimentaria de una buena parte de la población. Para este objetivo son especialmente importantes las políticas que tienden a mejorar el acceso a los activos financieros y no financieros y a los servicios rurales, así como la diversificación de la producción, y la expansión de la innovación digital para el comercio”.
Destacó particularmente el rol de la agricultura familiar para preservar los productos alimenticios tradicionales, su contribución a una dieta equilibrada, la salvaguardia de la biodiversidad agrícola mundial y el uso sostenible de los recursos naturales.
La agricultura familiar ofrece una oportunidad única para garantizar la seguridad alimentaria, mejorar los medios de vida, gestionar mejor los recursos naturales, proteger el medioambiente y lograr un desarrollo sostenible, especialmente en las zonas rurales.
En este sentido, exhortó a los Gobiernos a aumentar el acceso de los agricultores familiares a las infraestructuras, la tecnología, la comunicación y las innovaciones adaptadas para garantizar el futuro de los sistemas alimentarios y atraer a los jóvenes al sector.
Según explica, “la agricultura familiar puede hacer que los sistemas alimentarios sean más sostenibles”, por lo que “las políticas deben contribuir a reducir la pérdida de alimentos y a gestionar los recursos naturales de forma sostenible y eficiente”.
“Al combinar los conocimientos tradicionales con los técnicos adecuados, la agricultura familiar promueve sistemas alimentarios más resistentes al cambio climático”, remató.
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Las acciones a tomar, según Torero
- Políticas que promuevan el empleo, especialmente entre los grupos sociales más afectados, que incluyen, entre otros, a las mujeres y a las personas que habitan en territorios rezagados.
- Asegurar la continuidad de los programas de protección social que benefician a las familias, como las transferencias monetarias y la ayuda alimentaria, será crucial hasta que las personas más afectadas por la pandemia puedan recuperar sus empleos e ingresos.
- Los programas de alimentación escolar son una de las medidas de protección social sensibles a la nutrición más importantes. Con la cobertura adecuada, la calidad nutricional y la infraestructura necesaria, pueden mejorar las condiciones nutricionales de los estudiantes.
- Para el mediano plazo esto se debe tomar como una oportunidad para aumentar la formalidad.
- Políticas dirigidas a mejorar el acceso a los activos financieros y no financieros y a los servicios rurales son cruciales.
- Implementar políticas que ayuden a fortalecer la resiliencia en aquellos eslabones del sistema agroalimentario que la pandemia reveló como más vulnerables a los choques, como los mercados mayoristas, los mercados locales y de barrio, algunas agroindustrias clave, y el transporte y la logística.
- Para apoyar las intervenciones eficaces de los Gobiernos hay que reforzar los sistemas estadísticos nacionales para generar más datos, mejores y más precisos.
- Todas estas políticas requieren un compromiso político y una coordinación multisectorial, lo que en última instancia significa contar con las capacidades humanas y financieras adecuadas, sostenidas en el tiempo, y la participación de los diferentes actores y sectores del sistema agroalimentario.
