Montevideo — El Estado uruguayo enfrenta una demanda de la principal empresa láctea del país, Conaprole, tras el impago por parte de Venezuela a raíz una venta de productos lácteos acordada en 2015, fruto de la intermediación del gobierno ante el venezolano de Nicolás Maduro.
La empresa reclama por productos enviados por los que aún no ha cobrado, y el Poder Ejecutivo, ahora encabezado por Luis Lacalle Pou, señaló este lunes que trabaja en contrarrestar la demanda de la compañía por US$61,8 millones.
La peripecia de este asunto generó polémica desde el inicio. Es que el acuerdo implicó, además de la exportación de productos alimenticios, la cancelación de una deuda que Uruguay mantenía con la petrolera venezolana PDVSA.
El anuncio de la exportación fue realizado en julio de 2015 durante una conferencia de prensa encabezada por el entonces presidente, Tabaré Vázquez. Allí fue informado que Uruguay cancelaba una deuda con la empresa petrolera que ascendía a US$430 millones, con una quita de 38%. Esto ocurrió en medio de una fuerte presión política y financiera sobre la petrolera estatal uruguaya ANCAP, que sobre ese fin de año debió ser recapitalizada por US$622 millones.
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Como parte del acuerdo de 2015, Venezuela se comprometió a comprar productos por US$300 millones a través de un ente estatal alimentario, entre los que figuraron arroz, leche en polvo y soja, afirmó en 2015 el Poder Ejecutivo. El gobierno uruguayo explicó que el dinero quedaría depositado en un fideicomiso de Venezuela en la sucursal uruguaya del banco venezolano Bandes.
Pero Conaprole aseguró que si bien envió los productos, el dinero nunca lo terminó de cobrar.
En el año 2016 el Poder Legislativo uruguayo aprobó una ley por la que el Poder Ejecutivo asumió los intereses generados por los préstamos solicitados por las empresas lácteas Calcar, Claldy, Conaprole y Pili correspondiente al saldo adeudado por Corpovex. El total de las exportaciones era de US$66 millones. En marzo de 2019 el diario El Observador informó que la única empresa a la que se le adeudaba era Conaprole, ya que las restantes habían cobrado el saldo en 2016.
La demanda, el saldo y la polémica
El ministro de Ganadería, Fernando Mattos, dijo el lunes en una rueda de prensa que Conaprole reclama US$31,8 millones por exportaciones de leche en polvo. Y, además, otros US$30 millones por daños y perjuicios.
“Lo hemos recibido en forma reciente y estamos analizando el contenido de la demanda. Supuestamente hay una garantía de gobierno que en su momento fue otorgada y que estamos verificando su veracidad a efectos de poder responder”, afirmó el secretario de Estado a la salida de una reunión con el presidente Lacalle Pou.
En agosto de 2021, el expresidente de Conaprole, Álvaro Ambrois, sostuvo que todavía se debían unos US$30 millones y anunció el inicio de las acciones legales. Ambrois señaló en diálogo con el programa Valor Agregado de radio Carve que en las negociaciones de los años anteriores se cobró “gran parte de la operativa pero quedó un saldo”.
“Gran parte de esta operación se cobró, pero cuando esto se complica y se tranca y no avanza no quedó otro camino que ir por lo que nadie desea. Lamentablemente tenemos que ir por este lado y lo que más nos preocupa son los tiempos de estos procesos judiciales”, dijo sobre los fundamentos de la demanda en radio Carve.
El exministro de Ganadería uruguayo (2018-2020) y que al momento del anuncio del negocio era subsecretario de esa cartera, Enzo Benech, afirmó en diálogo con Bloomberg Línea que el gobierno siempre buscó actuar como nexo de colocaciones uruguayas en el exterior, aunque reafirmó que se trató de un negocio entre privados.
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“Lo hemos dicho muchas veces. Esto era un negocio entre privados que debería honrarlo Venezuela. No lo pagó, pero que yo sepa no hay garantías del Estado. La Justicia será la que dirá pero desde el gobierno anterior hemos hecho siempre todos los esfuerzos para ayudar a la colocación de los productos y yo recuerdo que en aquel momento había una dificultad enorme para colocar los lácteos”, dijo Benech.
El exministro agregó que a otras empresas más “chicas” le “terminó pagando”. “Yo no sé si está escrito, pero se le avisó a Conaprole las dificultades que había antes de embarcar”, afirmó Benech. Además agregó que personalmente habló “varias veces con el embajador de Venezuela tratando de avanzar en el cobro de esto”. “Es más, en mi período (como ministro) recuerdo que le habían pagado unos US$8 millones”, señaló en su diálogo con Bloomberg Línea.
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“Yo fui a China, a Europa, a todo el mundo. ¿Y qué hacemos como Estado? Tratamos de facilitar. Ahora, de ahí a que seamos garantía cuando hay uno que no paga la cosa es distinta. Que lo decida la Justicia. Lo mío no es objetivo porque estuve en el medio”, concluyó.
El presidente de la empresa, Gabriel Fernández, dijo este jueves a Bloomberg Línea que Conaprole “inició la demanda contra los actores que participaron en las negociaciones en aquel momento, no solo el Estado uruguayo, y ahora está en manos de los abogados”. “El gobierno tiene claro cuales son las razones y están a lo que disponga la Justicia”, dijo. Consultado sobre si existió una garantía, el directivo señaló que “son temas del juicio” que prefirió “no comentar”. “Eso es parte del tema que se tendrá que dirimir en la Justicia”, afirmó.
La respuesta del gobierno
El ministro Mattos volvió a referirse el miércoles a este asunto, cuando informó que será seguido por Presidencia de la República para evitar rispideces entre el Ministerio de Ganadería y la principal empresa privada exportadora del país.
“Es una demanda contra el Estado y tenemos que defender la posición del Estado pese a que todo lo originado ha sido de la administración anterior. Nosotros estamos hoy en el gobierno y tenemos que defender la posición del Estado para que no sea tan gravoso”, dijo Mattos en una rueda de prensa, según consignó VTV Noticias. “Preferimos a partir de ahora apartarnos del tema y pasarlo a jurídica de Presidencia porque nosotros tenemos que seguir relacionándonos con el sector lechero donde Conaprole tiene una incidencia muy importante”, agregó.
En tanto, el secretario de la Presidencia Álvaro Delgado afirmó que analizarán “los elementos” y “si hay un compromiso formal del gobierno anterior en el cumplimiento de un negocio de Conaprole con Venezuela que nunca se llegó a efectivizar”. “Esto recién está empezando. Hay que ver la demanda y cuáles son los elementos. Nosotros vamos a poner todo a disposición”, afirmó.
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