El gobierno de Venezuela liberó a dos presos políticos el martes, días después de sostener una inusual reunión con miembros de la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para discutir el levantamiento de las sanciones petroleras.
El presidente Nicolás Maduro liberó a Gustavo Cárdenas, ciudadano estadounidense y exejecutivo de la petrolera Citgo, según su abogado Diego Barboza. El ciudadano cubanoestadounidense Jorge Fernández, arrestado en febrero de 2021, también fue liberado, dijeron sus abogados.
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La decisión siguió a una sorpresiva visita de autoridades estadounidenses el sábado en la que discutieron una posible exención de algunas sanciones. Si se promulga, la exención permitiría a Venezuela aumentar su comercialización de petróleo y le daría una victoria a la Administración Biden en su intento por quitarle aliados a Rusia luego de la invasión a Ucrania.
Biden confirmó la liberación en un comunicado el martes por la noche, diciendo que la Administración continuará luchando por el regreso de otros prisioneros detenidos en Venezuela y otros países. Agradeció al enviado presidencial especial para asuntos de rehenes de EE.UU., Roger Carstens, quien, según personas familiarizadas con el tema, también asistió a las conversaciones en Caracas.
“Esta noche, dos estadounidenses que fueron detenidos injustamente en Venezuela podrán abrazar a sus familias una vez más”, señaló Biden en el comunicado emitido por la Casa Blanca.
El lunes, Maduro calificó las conversaciones del fin de semana de cordiales y productivas y dijo que se acordó trabajar en temas de interés en una agenda hacia adelante.
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Cárdenas fue arrestado en 2017 y acusado de corrupción, junto con otros cinco ejecutivos del complejo de refinación venezolano Citgo, con sede en EE.UU. Fernández fue acusado de terrorismo luego de ser capturado en la frontera con Colombia portando una identificación falsa y un dron.
Tras la liberación de los hombres, aproximadamente otros 240 presos políticos aún permanecen detenidos en el país, según Foro Penal, una organización de derechos humanos con sede en Caracas.
Venezuela ha estado bajo sanciones económicas y petroleras desde 2019, luego de que EE.UU. y decenas de otros países reconocieran al líder de la oposición, Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela. El país, gobernado por Maduro desde 2013, ya estaba luchando contra una profunda recesión e hiperinflación, mientras experimentaba una de las peores crisis migratorias del hemisferio en la historia reciente.
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Buscando sobrevivir a la paralizante crisis de efectivo derivada de las sanciones, Maduro convirtió su control socialista en una economía más capitalista, permitiendo que los dólares estadounidenses circulen libremente, eliminando impuestos sobre una amplia gama de importaciones y flexibilizando las restricciones al sector privado.
Pero las sanciones continuaron perjudicando la diezmada producción petrolera del país, cuyos cerca de 800.000 barriles por día están muy por debajo de los 3 millones de barriles diarios de 2001. Una exención de las sanciones podría permitir a Venezuela normalizar las exportaciones y comprar las piezas necesarias para impulsar la producción y llenar el vacío dejado por petróleo ruso.