El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, nunca ha tenido mucha aptitud para sutilezas democráticas y equilibrios institucionales. Sin embargo, al entrar en la segunda mitad de su periodo de seis años, el mandatario pasó de doblegarse a violar las normas políticas e incluso las leyes, poniendo en riesgo la democracia de México.
El retroceso político del país muestra lo difícil que es defender la democracia desde el exterior. Pero eso no significa que sus vecinos y otras naciones, particularmente Estados Unidos, no deban intentarlo.
Desde el inicio de su presidencia, AMLO ha mostrado poco respeto por las normas democráticas. Todas las mañanas, durante sus maratónicas conferencias matutinas, ataca a periodistas y columnistas que no se atienen a sus reglas. Arremete contra organizaciones no gubernamentales y movimientos de la sociedad civil que investigan la corrupción, apoyan los derechos de las mujeres o defienden los derechos humanos.
Incluso ha cuestionado el valor de organismos públicos independientes como el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Su intención de silenciar a críticos y erosionar los controles y equilibrios democráticos ha ido más allá de las palabras. AMLO ha usado su poder en la legislatura para recortar los presupuestos de muchas agencias técnicamente autónomas, dificultándoles hacer su trabajo como reguladores y vigilantes.
Su Administración ha vaciado las arcas de más de 100 fideicomisos controlados por el Estado y establecidos por gobiernos anteriores para salvaguardar el apoyo público dedicado a artistas, académicos, científicos, periodistas y defensores de los derechos humanos.
Además, ha burlado los tres Poderes del Estado, por ejemplo, al nombrar e instalar a su secretario de Hacienda unas semanas antes de que fuera ratificado por el poder legislativo.
Recientemente, sus ataques tomaron un giro más siniestro y legalmente cuestionable. En la disputa pública tras la revelación de la lujosa casa de su hijo en Houston, AMLO dio a conocer los presuntos ingresos de Carlos Loret de Mola, el periodista que hizo pública la historia, en aparente violación del artículo 16 de la Constitución, el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, y el artículo 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, entre otros.
El mandatario también habría violado las leyes electorales el año pasado al hacer propaganda a favor de su partido político en sus conferencias de prensa matutinas (un presidente en ejercicio no puede hacer campaña en nombre de otros) en el período previo a las elecciones intermedias, y ahora está haciendo campaña por sí mismo antes un referéndum revocatorio fijado para abril, con lo que también estaría violando las leyes electorales.
AMLO ha usado a su favor al poder judicial con investigaciones y procesamientos politizados. Su fiscal general amenazó con encarcelar a más de dos docenas de profesores y científicos en la notoria prisión de máxima seguridad Reclusorio Norte por cargos engañosos de lavado de dinero y crimen organizado que fueron rechazados sumariamente en la corte. Los cargos, también por lavado de dinero, contra el exministro de la Suprema Corte de Justicia Eduardo Medina Mora, también tuvieron que ser retirados más tarde por falta de pruebas, aunque no antes de ceder su puesto a una persona designada por AMLO.
Mientras tanto, el Gobierno continúa acusando al político opositor Ricardo Anaya de haber aceptado sobornos, aunque en el caso paralelo del Gobierno contra el presunto sobornador, Emilio Lozoya, se argumenta que nunca entregó nada del dinero. En términos más generales, el presidente ha utilizado en repetidas ocasiones la autoridad fiscal y a la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros para perseguir a sus detractores, por ejemplo, sometiendo a las ONG que investigan la corrupción a una auditoría tras otra.
Sus proyectos insignia de infraestructura rutinariamente eluden la ley. Durante su construcción, la refinería de Dos Bocas en su estado natal de Tabasco violó un acuerdo con la agencia de protección ambiental de México que prohibía la destrucción de los manglares del sitio, hogar de muchas especies en peligro de extinción. Además, el súbito aumento del costo del proyecto de US$8.000 millones a US$12.500 millones plantea serias preguntas sobre si el presupuesto fue poco realista desde un principio.
El Tren Maya, un nuevo sistema ferroviario para transportar turistas de un lado a otro de la península de Yucatán, también ha ignorado las restricciones ambientales, así como las consultas legalmente requeridas con las comunidades indígenas locales.
En términos más generales, los contratos públicos se han vuelto más opacos con más del 75% de los proyectos adjudicados actualmente en contratos sin licitación previa. El año pasado, el presidente declaró un decreto que “blinda” sus proyectos prioritarios declarándolos asuntos de interés político y seguridad nacional.
Cada vez más preocupante, también, es la vista gorda que hace AMLO ante la infiltración del crimen organizado en la política. Las elecciones intermedias de 2021 fueron las más violentas en décadas, con decenas de candidatos asesinados y otros más ahuyentados. Son muchas las historias de funcionarios locales y estatales bajo el control de narcotraficantes como para descartarlas, y muy pocas sobre el Gobierno federal de México haciendo algo al respecto.
La democracia de México está en problemas. El índice de democracia de la Unidad de Inteligencia de The Economist, que encuesta a 165 naciones sobre cinco indicadores, recientemente rebajó a la nación de “democracia defectuosa” a “régimen híbrido”.
Aquellos que se preocupan por reforzar el frágil sistema político de México deben alzar la voz. Si bien el futuro democrático de México está en manos de sus ciudadanos, EE.UU. y otras naciones democráticas deberían usar su influencia para apoyar a quienes no se han rendido.
Las herramientas más fuertes de EE.UU. se encuentran en el ámbito comercial, en tanto que el Acuerdo comercial entre EE.UU., México y Canadá, conocido como T-MEC, reemplaza a la Constitución en la ley mexicana.
Bajo este Acuerdo, el Gobierno de EE.UU. puede apoyar a las empresas estadounidenses a medida que recurren al país para defender sus contratos, los derechos de propiedad existentes y el estado de derecho de orientación comercial contra los cambios abruptos y la politización. El Acuerdo también permite que EE.UU. y Canadá mejoren los estándares laborales y las protecciones ambientales en su vecino del sur a través de nuevos casos acelerados y arbitraje.
Cuando los funcionarios estadounidenses de alto rango visiten México, no debieran rehuir de las preocupaciones reales que resultan evidentes. El Congreso debe celebrar audiencias sobre México, investigar y publicitar estas preocupantes tendencias políticas y económicas. El embajador de EE.UU. en México debe comprometerse con quienes hacen que cualquier democracia funcione: periodistas, activistas de la sociedad civil, empresarios, líderes políticos y funcionarios gubernamentales de todo el espectro político.
Esto ya está sucediendo. En una visita en enero, la secretaria de Energía de EE.UU., Jennifer Granholm, expresó su “preocupación por el posible impacto negativo de las reformas energéticas propuestas por México para la inversión privada de EE.UU. en el país”, así como los costos de los “esfuerzos conjuntos de EE.UU. y México en materia de energía limpia y medio ambiente”. Más tarde, el subsecretario de Desarrollo Económico, José Fernández, hizo lo mismo, enfatizando las obligaciones de México con el comercio justo bajo el T-MEC.
Recientemente, el asesinato de siete periodistas en lo que va del año, uno de los cuales supuestamente estaba bajo protección estatal, provocó una inusual coincidencia entre el senador de Texas Ted Cruz, y el secretario de Estado, Antony Blinken.
Ambos lamentaron y se pronunciaron en contra de los peligros mortales que enfrenta la prensa en México. Sus declaraciones, combinadas con la presión de los periodistas locales, una de las cuales nombró entre lágrimas a sus colegas caídos durante la conferencia de prensa matutina del presidente en Tijuana, obligó a AMLO a atenuar sus ataques, aunque solo brevemente.
El apoyo de EE.UU. a la democracia de México debe ir más allá de las palabras y los encuentros diplomáticos. Es necesario que la Agencia para el Desarrollo Internacional de EE.UU. y otras organizaciones gubernamentales intensifiquen su apoyo a las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la transparencia, la rendición de cuentas y los derechos ciudadanos.
Las organizaciones de la sociedad civil, las ONG y las fundaciones con sede en EE.UU. deberían hacer lo mismo, enfocándose en México después de años de atención decreciente, a medida que mayores conexiones y recursos transfronterizos aumentan la visibilidad, los recursos y la influencia de las ONG y organizaciones locales que buscan mantener la línea democrática.
En cuanto al plan de seguridad, EE.UU. seguirá trabajando con el Gobierno mexicano para mejorar la seguridad en ambos lados de la frontera. Sin embargo, EE.UU. también debería actuar solo, utilizando sus redes de inteligencia para acabar con el tráfico de drogas que se extiende a lo largo de la frontera y usando su sistema legal para investigar y enjuiciar actos ilegales que actualmente son ignorados en México.
Entre los objetivos deberían incluirse a los “altos funcionarios del Gobierno mexicano” que estén afiliados o influenciados por el crimen organizado y que fueron mencionados en el último informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos del Departamento de Estado, así como la investigación de posibles violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y otras leyes de EE.UU.
En el corto plazo, dicha presión no resultará cómoda ni agradable para EE.UU. Un ejemplo: después de que el secretario Blinken tuiteara en apoyo de los asediados periodistas de México, AMLO no solo se enfadó bajo el argumento de que “México no es una colonia ni un protectorado de EE.UU.”, sino que exigió saber por qué EE.UU. supuestamente apoyaba a la organización sin fines de lucro que sacó a la luz las noticias sobre los arreglos de vivienda de su hijo.
AMLO puede ignorar los llamados del extranjero a la transparencia, la rendición de cuentas y los controles y equilibrios institucionales.
Sin embargo, como buen vecino a quien le afecta lo que sucede en el vecindario que comparte, EE.UU. no puede darse el lujo de ignorar o abandonar a las decenas de millones de mexicanos que han trabajado durante décadas para construir instituciones democráticas, crear partidos políticos funcionales y apoyar a los organismos que protegen las garantías de la prensa y de la sociedad civil. Esos ciudadanos se están levantando para defender las cada vez más frágiles estructuras democráticas que aún resisten. Estados Unidos debería echarles una mano.
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