San José — El plenario legislativo aprobó en segundo debate y definitivo el proyecto de Ley Marco de Empleo Público (expediente 21.336). Texto cuya aprobación era fundamental en el plan de reformas estructurales pactadas por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El proyecto de ley está en la corriente legislativa desde el 2019, pero ha atravesado por una serie de obstáculos que atrasaron su aprobación.
En la sesión legislativa de este lunes 7 de marzo, 39 de los 57 diputados votaron a favor del proyecto de ley, mientras que 13 mantuvieron su voto en contra.
La presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández determinó que se requería del apoyo de la mayoría calificada del plenario, o sea, 38 diputados para aprobar de manera definitiva en este segundo debate el proyecto de Ley.
En diciembre del 2021 el proyecto de ley pasó nuevamente a consulta en la Sala Constitucional de Costa Rica, donde por mayoría los magistrados determinaron que el plan no contenía vicios de forma ni de fondo, por lo que llegó nuevamente a la corriente legislativa.
Ahora el expediente pasará a manos del presidente, Carlos Alvarado para su firma y publicación.
Detalles de la Ley
El proyecto de ley es pilar fundamental en el plan de Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional, pues la normativa ayudaría a disminuir el gasto público, inclusive permitiría un ahorro promedio del 1,05% del PIB anual, durante los primeros 10 años de aplicación de la norma.
La nueva normativa sustituiría el actual sistema salarial con pluses por un esquema de salario global para todo el sector público, con excepción de las empresas públicas en competencia y el Cuerpo de Bomberos.
Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó en su informe de Estudios Económicos de Costa Rica 2020, determinó, que en el país existían 260 diferentes pluses en todas las instituciones del Estado.
Esta nueva ley también impone una serie de restricciones para la negociación de convenciones colectivas en el sector público, de manera que por ejemplo, prohíbe la negociación de nuevas condiciones salariales o el establecimiento de incentivos, compensaciones o pluses, como ocurre actualmente en la mayoría de ellas.
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