Montevideo — La propuesta del presidente Luis Lacalle Pou de reducir el Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS), una de sus promesas de campaña, puso otra vez en la agenda el debate impositivo en Uruguay. El anuncio de un cambio sobre el gravamen a las jubilaciones y pensiones más altas generó críticas entre economistas y expertos en tributación, mientras el jefe de Estado volvió a defender este jueves su propuesta.
El discurso de Lacalle Pou el miércoles ante la Asamblea General también incluyó el compromiso de “aumentar las deducciones en las franjas más bajas del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF)”. El mandatario dijo en la noche del jueves durante una entrevista con Canal 12 que la concreción dependerá de si el crecimiento económico es mayor al 3,8% del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para 2022 por el Ministerio de Economía. Asimismo, puntualizó que la magnitud también dependerá del “margen” disponible y de un balance entre ambas iniciativas.
Los anuncios del presidente también abrieron la puerta para un repaso de la estructura tributaria en Uruguay, marcada por una mayoría de la recaudación a partir de impuestos al consumo y con una presión sobre el contribuyente cercana a la media de los países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en términos de PIB.
El economista Javier de Haedo y el contador Marcos Soto fueron dos de los consultores locales que cuestionaron el anuncio sobre el IASS, un impuesto progresivo que grava las pasividades superiores a $41.000, unos US$960. El centro de sus críticas es que la decisión es regresiva, ya que beneficia a un sector de mayores ingresos dentro de un grupo etario que ya de por sí tiene menos incidencia en la pobreza que otros.
- ¿Cuántos lo pagan? Las personas que tributan el IASS son el entorno de 172.000 de un total de 700.000 pasivos, por lo que uno de cada cuatro jubilados y pensionistas pagan este impuesto. En tanto, la recaudación del IASS está en el orden del 3% de los ingresos generados por la Dirección General Impositiva (DGI), lo que equivale a unos US$300 millones.
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“Si se tomara esa decisión la sociedad estaría asignando recursos al tramo donde hay menos pobreza y dentro de él a los que tienen más ingresos. No parece muy justo. A mí se me ocurrirían muchas prioridades si hubiera plata, pero además no hay porque hay déficit”, dijo de Haedo a Bloomberg Línea.
En ese sentido el economista señaló que el déficit fiscal continúa en el orden del 4% del PIB y por eso, según su criterio, “falta mucho camino para llegar a una situación de decir: a ver qué impuesto bajo”. De todos modos reconoció el compromiso electoral del presidente de reducir el IASS. “Eso hay que aceptarlo desde el punto de vista republicano pero no quiere decir que la medida sea buena”, afirmó.
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Por su parte, Soto afirmó a Bloomberg Línea que el anuncio sobre el IASS es “regresivo” y “no parece ni justo ni oportuno”. “En una economía de recursos escasos, con los niveles y la composición de la pobreza que tiene, y con la necesidad de reasignación de recursos, sumado al gran déficit del sistema de seguridad social, parece razonable que aquellas jubilaciones con una composición más elevada en términos relativos puedan contribuir con los gastos del Estado”, dijo el especialista de la Consultora Civils Soto. En ese sentido señaló que solo el 2% de los mayores de 65 años medidos por el ingreso está debajo de la línea de pobreza en Uruguay.
En una entrevista con Del Sol FM, el economista Gabriel Oddone también dijo que “no hay holgura fiscal” para la reducción y además cuestionó la medida en términos de equidad distributiva.
Como contraparte hay quienes señalan que el IASS es una doble imposición en el sentido que los aportes jubilatorios ya fueron en su momento gravados por otras rentas al trabajo durante la vida laboral de la persona.
El gobierno uruguayo ya tiene por delante una discusión previsional que está previsto ocurra dentro de este año. De todos modos, el camino que tomarán los cambios todavía son una incógnita hasta que comience la discusión parlamentaria.
Para Lacalle Pou, en tanto, su propuesta es parte de una idea de “desandar una vocación de aumento de tributos”, según dijo en radio El Espectador.
Pero más allá de la propuesta puntual, ¿cómo es la estructura fiscal en Uruguay?
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Impuestos y presión tributaria
El sistema tributario uruguayo está compuesto por impuestos indirectos y directos. Los indirectos comprenden la principal fuente de recaudación de la Dirección General Impositiva (DGI), en el orden de un 60% del total. El actual régimen impositivo comenzó a aplicarse luego de la última reforma realizada en el año 2007 durante el primer gobierno del Frente Amplio.
Dentro de los gravámenes indirectos están el Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuya tasa básica es del 22% sobre las ventas generales de consumo, y el Impuesto Específico Interno (Imesi). Este tributo grava solo a determinados productos en el mercado local como cigarrillos, bebidas alcohólicas, refrescos, y cosméticos, entre otros. La tasa varía para cada artículo. El IVA representa a su vez en el entorno del 50% de la recaudación de la DGI y el Imesi en el entorno del 11%.
Por otro lado, el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), el Impuesto a la Renta de los No Residentes (IRNR) y el IASS representan en su conjunto el 35% restante de la recaudación. Dentro de ese 35%, la mitad es recaudado a través de los impuestos a la renta personal y la otra mitad a la renta empresarial. Las personas que pagan el IASS son en el orden de 172.000 y el IRPF unos 460.000, lo que implica que uno de cada tres trabajadores pagan este impuesto.
El mínimo no imponible del IRPF está ubicado en la actualidad en $36.000 (US$840). A partir de eso se establece un sistema progresivo de franjas con porcentajes. La primera franja es hasta $51.6490 (10%), la segunda hasta $77.460 (15%) y la tercera hasta $154.920 (24%). El incremento continúa hasta una retención de 36% para los ingresos superiores a $593.860.
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El IRAE, por su parte, tiene una tasa del 25%, a lo que se suma el IRNR en el que el inversor tributa sobre la distribución de utilidades, lo deja la tasa total en el entorno del 30%, y eso está en línea con otros países de la región, según dijo a Bloomberg Línea el socio de la consultora CPA Ferrere y director del Departamento Tributario de la firma, Javier Metre. Además el experto destacó los regímenes promocionales para las inversiones en Uruguay.
Según datos aportados por Metre, las tasas de renta empresarial en Argentina, Brasil y Colombia están en el orden del 35%, mientras en Perú pueden llegar al 29%, en Chile 27% y en Ecuador un 25%. En tanto, en Francia y España son del 25% y en Estados Unidos del 21%.
En relación a los impuestos a las rentas al trabajo, las tasas máximas en Argentina son del 35% y en Brasil del 27,5%.
En niveles de la OCDE
Metre afirmó a Bloomberg Línea que en términos del PIB “Uruguay tiene una carga no menor”. “Es un sistema tributario que salvo por algunos impuestos tiene una composición parecida a los sistema utilizados en el mundo en cuanto a la denominación de los impuestos. Sí está claro que la recaudación en Uruguay es distinta en relación a los países desarrollados donde los impuestos a la renta tienen más presencia que el IVA”, dijo.
El documento de estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2021 de la OCDE señaló que la proporción entre impuestos y PIB en Uruguay fue de 29%. Así se ubicó por debajo del promedio de la OCDE (33,8%) y Brasil (33,1%) pero en nivel similar a Argentina (28,6%). Asimismo, estuvo por encima de Chile, Ecuador y Colombia ubicados en el entorno del 20%.
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Por su parte, Soto dijo que “la presión tributaria en Uruguay ha venido creciendo pero está en niveles similares a países de la OCDE, en el entorno del 30% del PIB”. “La estructura tributaria está muy basada en el consumo, sobre impuestos indirectos, y muy focalizada en las personas, añadió.
“Es una presión quizás para la región de las más altas, pero lo más interesante del sistema uruguayo es la composición de la recaudación. Casi el 60% de la recaudación proviene de impuestos al consumo, que son impuestos indirectos y en general regresivos, porque no discrimina la capacidad del contribuyente. Y el 35% de la recaudación proviene de impuestos a la renta”, dijo Soto.
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