Buenos Aires — En el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno anunció este miércoles que habrá una suba en las tarifas de gas del 15% para pequeñas y medianas empresas y del 20% promedio para los usuarios residenciales.
La actualización tarifaria “es parte del proceso de renegociación en el que se persigue arribar a tarifas justas y razonables, accesibles y asequibles, en los términos antes indicados, considerando lo dispuesto por el marco regulatorio”, según comunicó el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).
ENARGAS destacó respecto a los subsidios estatales que de acuerdo a “la Ley de Ampliación del Régimen de Zona Fría, aprobada el año pasado, un 35% de los usuarios residenciales (3,1 millones de usuarios o más de 10 millones de personas) registrarán este año un descuento del 28% en la factura de 2022″.
“Este descuento lo recibirán incluso sobre esta actualización del 20%”, aclaró y agregó que “las Tarifas de transición, enmarcadas en las adecuaciones transitorias previstas en el Decreto N° 1020/20, deben cubrir los gastos en operación y mantenimiento, así como las inversiones por las Licenciatarias en seguridad y confiabilidad del servicio por parte de las prestadoras”.
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Mientras se aguardan mayores detalles respecto de la segmentación –que implicaría una eliminación de los subsidios para segmentos de la población de mayores ingresos– y los cuadros tarifarios definitivos en marzo, el secretario de Energía, Darío Martínez, insistió en que “el incremento promedio en los residenciales será del orden del 20%”. En declaraciones al canal TN, argumentó: “Nuestro Gobierno ha tomado la decisión de que las tarifas deben evolucionar por debajo de los salarios”.
“Lo más importante es recuperar el salario de los argentinos”, sostuvo el funcionario nacional, quien además resaltó la importancia de la realización de las audiencias públicas.
Las tarifas y el atraso
Roberto Carnicer, director del Instituto de Energía de la Universidad Austral, consideró que, más allá de los aumentos autorizados este año “claramente, las tarifas tienen un atraso”.
“Es imprescindible un aumento tarifario. No cabe duda”, sostuvo y advirtió sobre las consecuencias de congelar las tarifas “en un país con un 50% de inflación”.
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En ese sentido, recordó que “las tarifas de transporte no habían sido actualizadas desde abril de 2019, mientras que las de distribución habían sido actualizadas en junio de 2021, pero antes de ello había sido en abril de 2019″.
“Hay un atraso tarifario”, insistió el especialista en diálogo con Bloomberg Línea, quien aclaró que del aumento “sólo va el 29% al usuario porque del resto se hace cargo el Estado”.
“La contracara es el déficit fiscal”, aseguró Carnicer, quien aseguró que un camino adecuado podría haber sido poner en marcha “un plan de aumentos paulatinos”.
Al referirse al aumento de este año, consideró que “es bueno el reconocimiento, pero, lamentablemente, el tema es cómo se traslada al consumidor final y eso significa mayor subsidio por parte del Estado”.
“Se sigue demorando el traslado al consumidor final, el verdadero costo del servicio y eso implica déficit”, alertó.
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