Bloomberg — Una propuesta que obliga al Estado chileno a obtener el consentimiento de los grupos indígenas para proceder con cualquier proyecto o decisión que pueda afectar sus derechos está encendiendo las alarmas.
La Convención Constitucional de Chile aprobó la norma el viernes por 107 votos contra 43, superando la mayoría requerida de dos tercios. La propuesta debe sortear un paso más antes de incorporarse a la nueva carta: una Comisión de “Armonización” encargada de garantizar que no haya artículos contradictorios en el texto final.
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El artículo carece de detalles y podría conducir a un “pantano” legal, dijo el analista de BTG César Pérez-Novoa en un informe. Cuáles son los plazos para cualquier consulta, qué órganos indígenas decidirán, qué mayoría se requerirá y qué papel jugará con el Estado, son parte de las interrogantes que plantea.
“Otorgar poderes tan grandes cuando ya existen reglas de consulta podría obstaculizar significativamente la inversión”, escribió Pérez-Novoa.
Esta es una de las muchas propuestas radicales que discute la Convención Constitucional, el organismo encargado de entregar una nueva carta antes del 4 de julio. Los artículos para nacionalizar toda la industria minera y del litio, y eliminar el Senado también preocupan al mercado, aunque aún ninguno de estos ha sido sometido a votación en el pleno.
Los chilenos decidirán si aprueban la nueva constitución en un plebiscito en el segundo semestre del año.
