QUITO — Una ley para robustecer las inversiones en el país será presentada este martes por el presidente de la República, Guillermo Lasso, a la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente. La ley se centrará en cuatro aspectos: alianzas público-privadas, reforma al mercado de valores, zonas francas y transformación digital. Todos relacionados con la finalidad de crear empleos.
ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS
El secretario técnico de Alianzas Público-Privadas, Roberto Salas, explicó que la ley establece una mayor claridad respecto a las modalidades de contratación pública con empresas privadas. El texto propone la creación de un registro único de proyectos, donde constarán todos los proyectos de inversión en los que las empresas nacionales y extranjeras pueden participar.
El propósito de ello es “darle más transparencia en una sola plataforma” y un “mayor acceso a la información y a la publicidad de los proyectos que se van a licitar”. A partir del registro único de proyectos se podrá priorizar y dar seguimiento a los proyectos, lo que dará más eficiencia. En noviembre, el país presentó un portafolio por más de US$ 30.000 millones en varios sectores, que con la nueva ley tendrían más facilidad de concretar financiamiento.
Asimismo, la normativa promueve un marco jurídico más estable para los inversionistas, asegurando que no existan modificaciones contractuales en los primeros tres años de desarrollo del proyecto ni en los últimos tres. “En este proceso estamos incorporando elementos que restringen las modificaciones o adiciones a contratos dentro de los primeros tres años o en los últimos tres años”, anotó Salas y añadió que el Gobierno tiene “una obsesión por tratar de dar una respuesta eficiente a la expectativa del inversionista”.
Asimismo, explicó que todos los otros sectores que no tienen regulaciones propias van a estar obligados a adoptar el mecanismo de las alianzas público-privadas (APP) que se están proponiendo en la ley. Los sectores con regulaciones propias son, entre otros, los de energía e hidrocarburos, que cuentan con modelos contractuales diferentes.
Otra aspiración de la ley es simplificar el trámite para que un inversor pueda asentarse en el país, pasando de 20 a 14 pasos con el fin de tener procesos más ágiles y dentro de los estándares mundiales.
Respecto a los mecanismos de solución de controversias, se establecerán fórmulas para que cuando existan diferencias de criterios “se ofrezcan suficientes alternativas para no ir a litigios más complicados”.
Todo lo anterior permitirá que exista menor discrecionalidad en la toma de decisiones dentro del proceso. “Esta estrategia es fundamental para la generación de empleo en el país”, agregó Salas y destacó que el objetivo es “incorporar al sector privado para que el Estado pueda establecer un sistema de financiamiento con menos riesgo” y “convertir proyectos en contratos y contratos en empleo y obras”.
ZONAS FRANCAS
Para la viceministra de Producción, Lorena Konanz, las zonas francas aspiran a constituirse en un imán de inversiones “para generar miles de empleos”, como ha ocurrido en Colombia o República Dominicana “donde los resultados han sido excelentes”.
La creación de las zonas francas tendrá lugar en espacios geográficos delimitados donde podrán asentarse empresas industriales, logísticas y de servicios que pretendan exportar o reexportar sus bienes y productos. Estas zonas francas tendrán una exoneración del impuesto a la renta durante diez años, además de exoneraciones totales en aranceles para importación de materias primas.
“Muchas de ellas utilizarán productos ecuatorianos”, recalcó la funcionaria al tiempo de mencionar que las empresas traerán innovación, tecnología y crearán encadenamientos productivos que ayuden a la reactivación.
Un punto importante es que las zonas francas nacerán de la iniciativa privada, que pondrá de manifiesto su interés por instalar un espacio de estas características y cumplir con la normativa establecida para ello.
IMPULSO AL MERCADO DE VALORES
El ministro de Finanzas, Simón Cueva, detalló lo que contempla la ley con relación al mercado de valores. Para Cueva, el crecimiento no puede basarse únicamente en inversión la pública, pues “para acelerar el crecimiento necesitamos de inversión privada”.
Y aunque en el Ecuador el mercado de valores es “muy incipiente”, puede ser una “alternativa de financiamiento que podrían usar las empresas para crecer y fomentar empleo”.
Para el ministro, fortalecer el mercado significará, además, “mejores condiciones crediticias y reducción de tasas de interés”. “La idea es tener una ley con catastro público para que todo sea transparente”.
En este acápite se trabajará en cinco grandes áreas. La primera es la supervisión del mercado de valores. La Superintendencia de Bancos pasará a regular los bancos y seguros, mientras que Superintendencia de Compañías controlará el del mercado de valores.
El segundo punto es la regulación de la participación del sector público para que la emisión de valores se pueda transar con subastas públicas. El tercer punto tiene que ver con la estructura accionaria de las bolsas de valores. “La tendencia es a unificar las bolsas de valores y lo sano sería que Ecuador siga ese camino y que nos incorporemos en ese camino”. Para ello, pretenden impulsar la presencia de otras bolsas de valores en la participación accionaria de las existentes, que son dos: la de Quito y Guayaquil. El cuarto punto tiene que ver con fortalecer la institucionalidad.
Como quinto punto está la transparencia, las calificaciones de riesgo de los actores del mercado de valores deberán ser públicas y tener un modo fidedigno de evaluar el riesgo.
El Gobierno asegura que al momento ya dialoga con las bancadas legislativas para asegurar los 70 votos que necesita el proyecto para ser aprobado. El Legislativo tendrá 30 días para tratar la normativa.