Bloomberg — La Corte Suprema de los Estados Unidos se hará cargo de un polémico enfrentamiento en materia de inmigración, y decidirá si la administración del presidente Joe Biden puede poner fin a una política de la era Trump que exige que los solicitantes de asilo en la frontera sur esperen en México a que se tramiten sus casos.
La administración rescindió el año pasado el llamado programa “Permanecer en México” del expresidente Donald Trump, el cual fue restablecido por orden de un juez. El juez de distrito estadounidense Matthew Kacsmaryk dijo que la administración violaba la ley federal de inmigración y no explicó adecuadamente sus razones para cancelar el programa. La decisión fue confirmada por un tribunal federal de apelaciones.
La Corte Suprema indicó que tramitará la apelación de forma acelerada, y que los alegatos se realizarán a fines de abril, para que los jueces puedan fallar al término de su mandato, a fines de junio o principios de julio.
El tribunal, controlado por los conservadores, dejó entrever su tendencia el 24 de agosto, cuando rechazó la solicitud de Biden de bloquear el fallo de Kacsmaryk mientras el litigio seguía adelante. Eso obligó a la administración a negociar con el gobierno mexicano para volver a implementar el programa, que comenzó a reanudarse en diciembre.
La procuradora general de EE.UU., Elizabeth Prelogar, argumentó que la decisión del tribunal de apelaciones “se inmiscuye profundamente en las preocupaciones centrales del Poder Ejecutivo”. El fallo “limita profundamente la autoridad constitucional y estatutaria del Poder Ejecutivo sobre las decisiones discrecionales en materia de inmigración y la conducta de las relaciones exteriores”, dijo en su apelación.
El caso ha puesto de relieve el alcance de la división partidista en el poder Judicial federal. Los cuatro jueces de los tribunales inferiores que fallaron en contra de la administración, incluido Kacsmaryk, designado por Trump, fueron nombrados por presidentes republicanos. En la Corte Suprema, los únicos disidentes de la orden del 24 de agosto fueron los tres nombrados por los demócratas.
Solicitantes de asilo
La política, conocida como Protocolos de Protección al Migrante, o MPP por su sigla en inglés, ha obligado a casi 70.000 solicitantes de asilo a permanecer en México mientras se tramitan sus solicitudes. Los críticos dicen que el MPP obliga a las personas a vivir en condiciones peligrosas y miserables en México. Los partidarios dicen que es necesaria para gestionar la aglomeración en la frontera y garantizar que los inmigrantes indocumentados no desaparezcan en EE.UU. y no se presenten a sus audiencias de asilo.
La administración de Biden suspendió la política el día que asumió el cargo el año pasado y la rescindió formalmente el 1 de junio.
Texas y Missouri están impugnando la cancelación. Dicen que la ley federal exige que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) detenga a las personas que ingresan ilegalmente a EE.UU. o las envíe a un país vecino mientras se llevan a cabo los procedimientos de deportación y asilo.
La ley federal “ordena la detención, y el DHS debe usar las herramientas disponibles, incluido el MPP, para cumplir con ese mandato”, argumentaron los dos estados en documentos judiciales.
Texas y Missouri también dicen que el DHS violó la ley federal que rige a las agencias administrativas al no considerar adecuadamente los beneficios del MPP y el impacto en los estados que dependían del programa.
Cuando rechazó la administración en agosto, la Corte Suprema sugirió que consideraba inadecuada la explicación del DHS sobre su decisión. La mayoría del tribunal superior apuntó a una decisión de 2020 que citaba razones similares para impedir que Trump eliminara un programa que protege a algunos jóvenes inmigrantes indocumentados de la deportación.
El tribunal dijo que el gobierno de Biden “no demostró una probabilidad de éxito en la afirmación de que el memorando que rescinde los Protocolos de Protección de Migrantes no era arbitrario y caprichoso”.
Una de las cuestiones del caso es si la Corte Suprema considerará el memorando de octubre, algo que la Corte de Apelaciones del 5º Circuito de EE.UU., con sede en Nueva Orleans, se negó a hacer. Al fallar contra la administración, el 5º Circuito dijo que el memorándum no tenía “ningún efecto legal actual”.
El caso es Biden contra Texas, 21-954.
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Este artículo fue traducido por Estefanía Salinas Concha
