Buenos Aires — El Gobierno argentino avanza en la segmentación de tarifas y este jueves se realizará la primera audiencia pública para definir el aumento en las boletas de luz.
- ¿Qué son las audiencias públicas? Las audiencias son una instancia para que los argentinos puedan de expresar su opinión en relación a “las decisiones que deben tomar los organismos, empresas, sociedades, entidades y dependencias del Poder Ejecutivo Nacional”, según detalla el Gobierno en su página oficial.
En medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y tras discutir los precios en el gas, será el turno de la electricidad, que cerró 2021 con un consumo récord a nivel país.
Como las tarifas permanecieron prácticamente congeladas por tres años, el aumento que propone el Gobierno, del 20% en promedio, no alcanzaría para ponerse al día con ese período. Entre diciembre de 2018 y el mismo mes de 2021, la inflación acumulada fue de 224,24%.
Ese retraso se da a pesar de que el FMI dejó en claro que se debe revisar la postura oficial en cuanto a los subsidios, en un contexto de opiniones cruzadas en Casa Rosada respecto de cómo se debe resolver la cuestión. Fue la primera subdirectora gerente del organismo, Gita Gopinath, quien remarcó en una publicación en redes sociales que hay un entendimiento respecto de la importancia de “una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva”.
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Según lo indicado por el Gobierno, la suba será aplicada por única vez y se espera que los nuevos cuadros tarifarios sean formalizados en el primer trimestre del año. Junto con los aumentos se pondrá en marcha una segmentación para eliminar los subsidios a usuarios, según su lugar de residencia.
La segmentación y sus etapas
La propuesta para implementar la segmentación fue elevada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), en un trabajo del que participaron también investigadores del CONICET, orientado a las zonas en las que operan Edenor y Edesur.
“Esta primera etapa se focaliza en el AMBA, dado que en ella se concentra la mayor cantidad de usuarios (el 40% de los usuarios residenciales sobre el total)”, señaló la Secretaría de Energía.
En ese sentido, sostuvo que “la propuesta servirá, además, como insumo técnico para el diseño por parte de la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía de un plan de segmentación tarifaria de alcance nacional, que será implementado cuando las autoridades lo consideren pertinente”.
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La Secretaría de Energía señaló que, mientras el régimen de Tarifa Social garantiza el acceso al consumo de electricidad de la población más vulnerable, “existen sectores con alto poder adquisitivo y empresas con elevada capacidad económica, que podrían afrontar el pago del costo pleno de la energía”.
“Esto vuelve necesaria una revisión del esquema de subsidios energéticos, que permita focalizar el esfuerzo fiscal en sostener los ingresos de los sectores más vulnerables, sectores medios y actividades económicas de menor capacidad económica y/o (coyunturalmente) afectadas por la pandemia”, sostuvo el Gobierno.
El impacto en la inflación y el gasto público
Las consultoras y analistas coinciden en que ajustar los valores de las boletas de luz y gas tendrá efectos en el Índice de Precios al Consumidor, que en enero volvió a subir y quedó al borde del 4%.
“El ajuste de tarifas de servicios públicos deja un espacio para futuros aumentos. El salario se verá afectado en los próximos meses”, evaluó Focus Market.
Desde Quinquela Fondos, por su parte, estimaron que “el ritmo inflacionario difícilmente baje del 3,3% mensual” y alertó que “potencialmente se vería incrementado por ajustes de tarifas”.
- ¿Cuánto representaron los subsidios a la energía? Según Analytica, representaron 2,3% del PIB el año pasado, por encima de 2020 (1,8%) y 2019 (1%)”.
Ecolatina sostuvo que “en 2021 el gasto primario contiene otros 0,2% del PIB en bonos a jubilados, pensionados y asignaciones, que no necesariamente deban otorgarse en 2022 debido al crecimiento real del índice de movilidad. Con estos dos elementos, el punto de partida de 2021 se ubica en 3,2% del PIB”.
“El diferencial entre la inflación promedio (que se utiliza para medir el gasto en términos reales) y la nominalidad de la economía (que incluye el crecimiento real además de la inflación) será una pata fundamental para el cumplimiento de la meta”, analizó.
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De ese modo, argumentó que “en primer lugar, mantener ese `resto` del gasto primario constante en términos reales será sumamente desafiante, ya que la cuarta parte de dicho conjunto son los subsidios económicos, que en el último trimestre navegaban a un ritmo de crecimiento de 120%”.
“Por esta razón es que el Gobierno ya anunció que tendrá lugar una suba de tarifas, muy probablemente de forma segmentada, sentencia reforzada por un comunicado del FMI”, consideró y advirtió que no será suficiente para cumplir la meta fiscal.
“El Gobierno puede implementar una caída generalizada del gasto real de cinco puntos para alcanzar la meta acordada con el FMI”. “Por ejemplo, ajustando jubilaciones y salarios a la par de la inflación mientras el resto de las partidas crece a penas al 29%. Un camino más lógico sería ajustar únicamente las tarifas energéticas”, remarcó Analytica.
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