Ciudad de México — La cercana relación política y comercial de Estados Unidos con México está envuelta en tensión por el futuro energético en América del Norte.
Desde octubre de 2021 a la fecha, las visitas de altos funcionarios de ambos países no han cesado. Incluso algunos, como el enviado especial del Clima para la Casa Blanca, John Kerry, han regresado para discutir uno de los principales temas: la transición energética, mientras el Gobierno mexicano intenta reformar su valioso mercado eléctrico de US$315.000 millones.
EE.UU. ha mostrado diferentes posturas sobre el asunto. El embajador Ken Salazar es el ejemplo más inmediato. Primero emitió su preocupación por la reforma al sector eléctrico que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego la respaldó públicamente al decir que el político tenía razón en reformar el sector, y después regresó a su postura original tras desconcertar a la opinión pública, durante febrero.
Senadores y congresistas, además de grupos de presión empresarial, como el poderoso American Petroleum Institute (API), han enviado múltiples cartas al gobierno estadounidense para manifestar sus preocupaciones y quejas por el trato que reciben del gobierno mexicano y su política de soberanía energética, que en la práctica ha significado privilegiar a las empresas estatales Pemex y CFE sobre las privadas.
Al final de su visita a México el 21 de enero de 2022, la Secretaria de Energía estadounidense, Jennifer Granholm, expresó en un comunicado las preocupaciones de la administración Biden-Harris sobre el potencial impacto negativo de la reforma energética sobre las inversiones privadas de Estados Unidos en México, además de que podría impedir esfuerzos conjuntos sobre energías limpias y medio ambiente.
Pero el 9 febrero, Kerry dijo que Estados Unidos “respeta completamente la soberanía de México”, comprende las reformas que persigue López Obrador y solo busca un mercado energético abierto y competitivo.
Para Arturo Carranza, analista del sector energético, dijo que el Gobierno de Estados Unidos ha buscado transmitir esos reclamos y las preocupaciones con respecto a los cambios de una manera tersa y por medio de canales diplomáticos.
“Subyace, en el fondo, el interés de Biden de no contaminar la relación bilateral para que otros temas más importantes en la agenda, como el de la migración, no se descarrilen”, declaró.
Contaminación energética de México y EE.UU.
Después de China, Estados Unidos es la nación que más contamina el mundo en una proporción 12 veces mayor a la de México, de acuerdo con datos de la firma Statista. Por lo tanto, Biden y su equipo impulsan una agenda verde para transitar a fuentes de energía más limpia, mientras continúa como el principal productor de hidrocarburos del planeta, además del único proveedor de gas natural de México vía ductos.
López Obrador y su equipo energético han criticado a las tecnologías solar y eólica por su intermitencia y el riesgo que representan para la confiabilidad del sistema eléctrico nacional, mientras sus metas son aumentar la producción petrolera, reducir las exportaciones para refinar el crudo en México, pues el mandatario lo compara con vender naranjas y comprar su jugo.
La oposición política y organizaciones medio ambientales de ambas naciones han señalado que el Gobierno mexicano desprecia la transición energética al enfocarse en hidrocarburos, sobre todo en la quema de combustibles fósiles para producir electricidad, como el carbón y combustóleo, un residuo petrolero altamente contaminante.
En entrevista previa con Bloomberg Línea, el director general de intermediación de contratos legados de CFE, Mario Morales Vielmas, respondió que México solo tiene tres carboeléctricas mientras Estados Unidos posee 252.
El 9 de febrero, la empresa dijo que solo usa combustóleo en 6% y solo para situaciones de emergencia.
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T-MEC ¿en riesgo?
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el lobby empresarial más importante de México, ha dicho que lloverán amparos si se aprueba la reforma, pero especialistas legales dijeron que solo las empresas extranjeras o con inversión foránea podrán protegerse ante los cambios constitucionales gracias a los acuerdos internacionales, mas no las compañías locales.
Para Ramsés Pech, analista de la firma energética Caraiva y Asociados, dijo que EE.UU. está preocupado porque no hay un plan claro de largo plazo en el sector porque no hay una política pública que indique a dónde debe llegar, pero que el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) no es un acuerdo político sino comercial, el cual tiene términos y condiciones que ambas partes deben cumplir, y si no lo hacen hay las empresas pueden quejarse mediante controversias.
“Las decisiones que México haga en el presente afectará el futuro sobre los nuevos términos que debemos de tener o cancelar el acuerdo, al no estar alineado a la política de transición energética que tiene EE.UU. hacia el resto del mundo”, agregó.
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