San Salvador — Bitcoin (XBN) no es el contrapeso que el gobierno salvadoreño necesita para alcanzar un equilibrio en las finanzas públicas, por lo que el país requiere lograr entendimientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), concluyó un estudio de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA).
“Para El Salvador sigue siendo necesario concretar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con el objetivo de crear un impacto en las expectativas incluidas en su restricción fiscal, gracias a los compromisos que a partir de ese acuerdo se derivan”, planteó Luis Ortiz de Cevallos, economista de la SECMCA, en su nota económica regional titulada Bitcoin como dinero, publicada este viernes.
El Salvador negocia un acuerdo con el FMI por US$1,300 millones, que refrescarían las necesidades de financiamiento del país, a cambio de efectuar un ajuste fiscal equivalente al 4% del Producto Interno Bruto. En el centro de la discordia se encuentra el estatus de bitcoin como moneda de curso legal, que el FMI ha instado a eliminar.
A pesar de la adopción de bitcoin como moneda de curso legal, “El Salvador continuaría siendo una economía dolarizada, debido a que los compromisos fiscales y los impuestos seguirían indexados al dólar”, continuó el análisis del economista.
¿Qué pasaría si el Gobierno de El Salvador lograra vender sus reservas de bitcoin a precios más altos de lo que le costaron? El stock de cripto que el gobierno de El Salvador posee apenas representaría una pequeña ganancia por su tenencia, volviéndola poco relevante en comparación con la trayectoria esperada presente y futura de los superávits fiscales.
A esto se agrega que tampoco se puede conocer el uso que tendrían las potenciales ganancias, si el Estado las dirige hacia gastos especiales o si las guarda como ahorros fiscales.
Un impacto más relevante de las criptomonedas se vería en el sistema de pagos. “La adopción de un criptoactivo como moneda de curso legal abre la posibilidad a un país de disponer de manera masiva de cierta tecnología que facilite una transformación de activos instantánea y a bajo costo”, sostuvo el estudio del economista de la SECMCA.
Falta marco adecuado para bitcoin
“Los riesgos que surgen del uso de bitcoin como moneda de curso legal deben abordarse y eso incluye, por supuesto, un marco regulatorio adecuado y apropiado”, insistió ayer jueves Gerry Rice, director del Departamento de Comunicaciones del FMI.
Rice no quiso ser contundente con cerrar todas las puertas a un acuerdo con El Salvador, pero dejó en claro que la postura del FMI al respecto de bitcoin como moneda de curso legal es clara. “Las autoridades aún no han esbozado los detalles técnicos y operativos en torno a todo esto, incluido el marco regulatorio al que se hizo referencia anteriormente. Así que es algo que necesita ser discutido más adelante”, expresó.
Esta semana, Fitch Ratings bajó la calificación de riesgo de la deuda soberana de largo plazo de El Salvador a CCC desde B-, argumentando las dificultades de encontrar fuentes de financiamiento, tanto internas como externas.
“Existe un alto grado de incertidumbre en torno a otras fuentes de financiamiento externo, como financiamiento multilateral adicional, dadas las dudas en torno a un programa del FMI, así como la capacidad de emitir ‘bonos respaldados por bitcoin’ a través de nuevos canales de distribución”, sostuvo Fitch Ratings.
Para este año, se espera que la relación de la deuda con respecto al PIB se sitúe en un 86.9% del PIB y un déficit fiscal del 5.5% del PIB en 2022. Esta nación necesita un financiamiento total de US$4,850 millones en 2022 y de US$5,400 millones en 2023, incluyendo un vencimiento de bonos internacionales por US$800 millones en enero próximo.
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