San José — La nula presencia de diputaciones del Partido Acción Ciudadana (partido oficialista) en la Asamblea Legislativa de Costa Rica para el próximo periodo, pone en riesgo la continuidad de ajustes fiscales y políticos que el país necesita para cumplir con el plan de trabajo establecido con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aseguró la calificadora Fitch Ratings.
Históricamente el estancamiento de proyectos de Ley en la Asamblea Legislativa, ha sido uno de los principales problemas de gobernanza que enfrenta el país, que a su vez le han impedido aprobar de manera oportuna reformas que mejoren la situación fiscal.
Pese a que los resultados de la primera ronda electoral ponen a dos candidatos con prioridades de consolidación fiscal incluido el cumplimiento de los objetivos del Servicio Ampliado de Fondos (EFF) del FMI, ambos son de partidos diferentes al oficialista por lo que esto genera una preocupación para la calificadora.
”Los resultados de las elecciones de Costa Rica señalan la continuidad de la política macro y mayores esfuerzos de consolidación fiscal, pero el estancamiento del Congreso seguirá siendo un impedimento para la aprobación oportuna de la legislación, incluido el financiamiento externo”, aseguró la calificadora de riesgo Fitch Ratings en su comunicado de prensa.
Renegociar el programa
El resultado de las elecciones presidenciales del 6 de febrero, puso a el expresidente José María Figueres, del Partido Liberación Nacional (PLN) de centroizquierda, como ganador de la primera ronda con el 27,3 % de los votos. Sin embargo, la legislación de Costa Rica estipula que un partido deberá tener al menos el 40% del apoyo de votantes para ser declarado ganador en la primera ronda.
En segundo lugar se posicionó el exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, del nuevo partido Progreso Social Democrático (PSD), con el 16,7% de los votos.
Ambos candidatos se diputarán una segunda vuelta el próximo 3 de abril.
Tanto Figueres como Chaves aseguran que están de acuerdo con mantener el acuerdo con el FMI pero ambos desean renegociar algunos de los acuerdos. En el Congreso los partidos tienen 18 y 9 diputaciones respectivamente, lo que significa que ninguno logra la mayoría simple y de la mayoría de dos tercios necesaria para aprobar cualquier financiamiento externo, por lo que deben llegar a acuerdos con las otras bancadas.
Desde octubre del 2021 el Congreso debía aprobar la Ley del empleo público para aumentar los ingresos y disminuir el déficit primero pero a enero de 2022 sigue sin votación.
“Independientemente del resultado de la segunda vuelta, el próximo presidente tendrá que depender de alianzas políticas para asegurar la aprobación de cualquier legislación”, agregó Fitch Ratings en su comunicado.
La consolidación fiscal y la aprobación del programa del FMI el año pasado impulsaron la confianza y redujeron los costos de endeudamiento interno. Los rendimientos del mercado local a cinco años disminuyeron 280 pb en 2021 y no han retrocedido este movimiento. Sin embargo, persisten los riesgos para la estabilización de la deuda por el estancamiento político y estos se reflejan en la Perspectiva Negativa de la calificación ‘B’ de Costa Rica.
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