Bogotá — La Misión de Observación Electoral -MOE- presentó los ‘Mapas y factores de Riesgo Electoral - Elecciones nacionales 2022′, en los que se señalan 131 municipios en los que confluyen tanto los riesgos indicativos de fraude electoral como los riesgos por factores de violencia.
Del total de municipios en riesgo, 49 se encuentran en riesgo extremo, 65 en riesgo alto y 17 en riesgo medio.
“Al comparar los ‘mapas consolidados de riesgo’ de 2018 y 2022, se puede evidenciar que hay 38 municipios en los que el nivel de riesgo por coincidencia de factores indicativos de fraude electoral y violencia ha aumentado, mientras que 43 se mantuvieron en el mismo nivel”, afirma Alejandra Barrios Cabrera, directora de la Misión de Observación Electoral.
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Si bien el número consolidado de municipios en riesgo es el menor registrado desde que la MOE inició con la elaboración de los Mapas de Riesgo Electoral, el resultado está lejos de ser una buena noticia, pues no obstante el número de municipios en los que coinciden ambos riesgos disminuyó en un 23% con relación al 2018 (pasando de 170 a 131), las variables asociadas al conflicto y la violencia revelan un recrudecimiento con mayor intensidad en las zonas históricamente afectadas y en las que hoy se encuentran las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz - CITREP.
Los riesgos electorales se concentran en 23 de los 32 departamentos, de manera particular en las siguientes 5 subregiones: El Catatumbo; el Sur de Bolívar y el Nordeste Antioqueño; el Bajo Putumayo; la Orinoquía y la Amazonía; y el Andén Pacífico.
Se destaca el departamento de Arauca, en donde casi la totalidad de los municipios se encuentran en riesgo extremo.
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La MOE alertó de forma especial sobre 49 municipios que presentan un riesgo extremo por violencia y factores indicativos de fraude electoral, mismos que se ubican en los departamentos de: Putumayo, Arauca, Sucre, Norte de Santander, Nariño, Meta, La Guajira, Chocó, Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca y Córdoba. De estos, 21 se mantienen en riesgo extremo desde el 2018.
Asimismo, de los 167 municipios que conforman las CITREP, 66 se encuentran dentro de los 131 municipios que presentan riesgos tanto indicativos de fraude electoral como de violencia.
Para las elecciones de 2022, el número de municipios en riesgo por factores de violencia es 319, nueve más que los que se reportaron en el del 2018.
Si bien desde las elecciones a Congreso de 2010 se venía presentando una disminución constante de los municipios en riesgo por violencia, en este proceso electoral se observa un incremento de los mismos.
La MOE atribuye este hecho a la reconfiguración y disputa por el control territorial por parte de los grupos armados al margen de la Ley, fenómeno que precisamente se está dando en las mismas regiones en las que se esperaba que el impacto del proceso de paz contribuyera a la disminución y posterior desaparición de la violencia.
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Un ejemplo de esto es la situación en el departamento de Arauca, en donde la crisis humanitaria es de proporciones mayúsculas pues 5 de sus 7 municipios se encuentran en riesgo extremo y dos en nivel alto, a saber: Puerto Rondón y Cravo Norte. La presencia del Frente 10 de las disidencias de las Farc, así como la del ELN, y la crudeza de sus acciones terroristas tienen secuestrada en su propio territorio a la población civil.
En el caso de los 167 municipios que conforman las CITREP, 145 de ellos -es decir el 86.8%- hacen parte de la totalidad de los municipios que presentan riesgos por factores de violencia.
Lo anterior genera una preocupación particular, al identificar que 52 de los municipios CITREP se encuentran dentro de los de riesgo extremo.
De acuerdo con Barrios, ante un conflicto armado que muta de actores “el recrudecimiento de la violencia es una amenaza latente para la democracia colombiana. Un claro ejemplo de ello es la escalada violenta del pasado mes de enero; en la que hubo ataques a delegaciones humanitarias, líderes políticos, sociales y comunales, además de atentados coordinados contra la Fuerza Pública. Estos hechos tienen un efecto sobre el proceso electoral, pues se impide la realización de actos de proselitismo político y se infunde miedo a la ciudadanía a la hora de ejercer su derecho al voto”.
