Bogotá — Nacer en Arauca condiciona a una persona a tener 7,4 años menos de esperanza de vida en promedio frente a un bogotano (78,87 años), muestra de la situación de un territorio con la peor tasa de desempleo del país (27,20%) y el mayor porcentaje de homicidios por cada 100.000 habitantes (61,05) en 2020.
A pesar de ello, Arauca es un importante enclave para el petróleo y desde el oleoducto Caño Limón-Coveñas se transporta el crudo hasta el Caribe colombiano en un paso de 770 kilómetros de longitud.
De hecho, este departamento contribuye con 53.500 barriles diarios de crudo, por lo que junto a el Meta (351.300), Casanare (124.900), Santander (49.600) y Huila (21.800) aportan un 86,6% total de la producción, según un informe de la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol) de 2021 citado por medios locales.
“Quiero que este Gobierno esté cercano a Arauca”, dijo el presidente colombiano, Iván Duque, en 2019 en una visita a este departamento petrolero, fronterizo con Venezuela y en donde se desató en los últimos meses una guerra entre grupos criminales.
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A pesar de su vasta riqueza petrolera, Arauca se ha quedado atrás víctima del recrudecimiento del conflicto armado en el país y un progreso que no ha tocado a todos por igual.
Arauca también registra el mayor número de casos de extorsión por cada 100.000 habitantes (38,20) y tiene el segundo mayor porcentaje de secuestros por la misma cantidad de personas (2,50) en el 2020.
Este territorio se convirtió en el centro de conflicto entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente Décimo de las disidencias de la desmovilizada guerrilla de las FARC, que se disputan este enclave del narcotráfico.
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Un laberinto social
El Índice departamental de Competitividad 2020-2021 sitúa a Arauca como uno de los más rezagados con una puntuación de 3,80 sobre 10 (puesto 27 entre 33), solo por encima de los también empobrecidos departamentos de Guaviare, Vaupés, Amazonas, Chocó, Guainía y Vichada.
Con una población de 280.109 habitantes en 2020, la participación de este departamento es del 0,54% en el PIB nacional. En el plano económico, sus mayores rezagos se centran en infraestructura y adopción TIC, ambos en la casilla 29, lo que explica en gran parte porque este territorio se ha mantenido al margen del desarrollo del país.
Arauca también está entre los departamentos afectados por el escándalo de Centros Poblados, encargado de un millonario contrato de conectividad rural que no ejecutó a pesar de recibir un adelanto de más de US$75.000 millones.
Según el Índice departamental de Competitividad 2020-2021, otros aspectos que preocupan de ese territorio es la sofisticación y diversificación de la economía, así como la innovación y dinámica empresarial, entre otros.
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A propósito, la participación de las medianas y grandes compañías como porcentaje del total de sociedades empresariales en el departamento fue del 2,62% en el 2020, mientras que en Bogotá ese indicador llegaba al 7,23%.
Entre tanto, la tasa de natalidad empresarial neta, entendida como la diferencia entre las sociedades nacientes y las canceladas en el departamento por cada 10.000 habitantes, llegó a 5,64%, mientras que en Bogotá era de 26,86%.
Crisis social en Arauca
Hasta mediados de este mes la Defensoría del Pueblo Colombiana contabilizaba más de una treintena de muertos y el desplazamiento de 170 familias en varios municipios del departamento en medio de la crisis humanitaria.
“En el marco de esta crisis humanitaria en Arauca también llamamos la atención por el desplazamiento de 36 personas excombatientes en proceso de reincorporación, quienes en el marco de esta emergencia humanitaria recibieron amenazas o lo hicieron de manera preventiva por el riesgo inminente”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
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Ya en 2020 la organización Human Rights Watch concluyó en un informe que “los grupos armados controlan a la población civil en Arauca y Apure a través de amenazas, secuestros, reclutamiento de menores, trabajo forzado y homicidios”.
Desde entonces ya advertía que “los grupos armados en Arauca y Apure también castigan a los residentes con trabajo forzado; los obligan a trabajar de forma gratuita, a veces durante meses, en actividades como agricultura, limpieza de caminos o cocinando en los campamentos de los grupos armados, que suelen estar en Venezuela”, pero desde entonces la crisis social solo se ha recrudecido.
