Una propuesta que abre la puerta a la nacionalización de algunas de las minas más grandes de cobre y litio del mundo fue aprobada en primera instancia por una comisión como parte de la redacción de una nueva Constitución en Chile.
Sin duda, la votación del martes por parte de la comisión de medio ambiente es la primera de varios obstáculos que la controvertida propuesta necesitaría antes de convertirse en realidad. También requeriría el apoyo de dos tercios del pleno de la asamblea para convertirse en parte del texto final que se someterá a referéndum más adelante este año.
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El riesgo de que se concrete ese escenario parece bajo en una nación conocida por sus reglas claras, estables y favorables a los inversionistas. En el caso de que lo hiciera, causaría perturbaciones en los mercados de metales y la economía chilena.
Chile tiene las reservas de cobre y litio más grandes del mundo, las cuales son cruciales a medida que el mundo trata de dejar de usar combustibles fósiles. Las autoridades enumeran un total de casi US$70.000 millones en posibles proyectos mineros esta década, muchos de los cuales se verían afectados por la nacionalización.
Los cientos de miles de millones de dólares necesarios para compensar a las empresas mineras privadas pondrían en peligro los esfuerzos para aumentar el gasto social y reducir las desigualdades, objetivos que impulsaron el proceso de creación de una nueva Constitución. En caso de no proporcionar una compensación total, Chile tendría que acudir a tribunales internacionales.
Los miembros de la comisión ambiental votaron 13 a favor y 6 en contra de la moción para nacionalizar las operaciones mineras y poner fin a las concesiones privadas, según un documento publicado en el sitio web de la Convención Constitucional. Argumenta que los recursos estratégicos como el cobre y el litio deben servir a los intereses de todos los chilenos y, por lo tanto, ser incorporados al “dominio absoluto y exclusivo del Estado”.
Deliberaciones sobre una Carta Magna que sustituya a la que data de la dictadura de Augusto Pinochet han comenzado de forma seria. La semana pasada, la misma comisión dio la aprobación inicial a una propuesta para anular las operaciones productivas impartidas en tierras indígenas.
Otras propuestas incluyen establecer límites de tiempo para las concesiones, mientras la industria presiona para mantener el modelo de duración indefinida, que dice que es fundamental para la planificación a largo plazo que sustenta las inversiones.
“El proceso constitucional es el mayor cambio para la minería chilena en los últimos 40 años”, dijo Juan Carlos Guajardo, quien dirige la consultora Plusmining. “Me temo que involucra graves riesgos pues hay mucho ánimo refundacional y poca disposición a escuchar los argumentos técnicos del negocio minero”.
