Bogotá — Al menos 7,3 millones de colombianos requerirán asistencia alimentaria en 2022 ante una combinación de factores que van desde la crisis de migrantes venezolanos, hasta la inestabilidad política y el recrudecimiento del conflicto armado, concluyó un informe de la ONU que le ha incomodado al Gobierno de ese país al punto de pedir la exclusión del mismo.
Puntualmente, se identificó una situación de inseguridad alimentaria aguda que se agravará de febrero a mayo de 2022 en Colombia, Honduras y Haití.
“Es probable que la inseguridad alimentaria se deteriore aún más en Colombia en los próximos meses”, advierte el documento publicado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
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Los organismos lamentaron además que el acceso de la asistencia humanitaria a Colombia es muy restringido y proyecta que esto empeore en las zonas afectadas por el conflicto.
El documento detalla que hasta julio del año pasado había 1,1 millones de migrantes venezolanos en el país en situación de inseguridad alimentaria, de los cerca de 1,8 millones acogidos en Colombia.
El Estatuto de Protección Temporal otorgado a los migrantes venezolanos en febrero de 2021, junto con la reciente apertura de las fronteras, podría impulsar un nuevo aumento de los flujos migratorios en los próximos meses. Además, el número de personas que transitan desde Sudamérica y el Caribe a través del Paso del Darién hacia Panamá aumentó considerablemente en 2021.
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La ONU se refiere especialmente a los retrasos en la aplicación del acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y la exguerrilla de las Farc, ahora convertida en partido político.
En este sentido, señala que esas demoras “han provocado nuevas oleadas de ataques violentos, con 61.000 nuevos desplazados internos entre enero y septiembre de 2021, tres veces más que en 2020″.
La violencia que se ha recrudecido en el país podría “contribuir a que continúen los altos niveles de desplazamiento en los próximos meses”, a medida que los disturbios sociales y las perturbaciones económicas podrían continuar en medio de los procesos electorales previstos para el primer semestre de 2022.
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Atado a lo anterior “la pandemia de COVID-19 ha amplificado aún más las disparidades existentes y sus efectos económicos seguirán afectando a los hogares vulnerables”, según el informe del organismo de la ONU.
Esto a pesar de un repunte económico en 2021 y un crecimiento previsto del PIB del 5,5% en 2022.
En el informe se recuerda que la tasa de desempleo sigue siendo alta y alcanzó el 11,8% en octubre, en tanto que preocupa la elevada tasa de inflación que se situó en el 5,62% en 2021, lo que “probablemente seguirá afectando al poder adquisitivo de hogares vulnerables”.
Ante la situación actual en el país, recomendaron adoptar las transferencias de efectivo y la asistencia alimentaria tanto para los migrantes venezolanos como para las comunidades de acogida.
Asimismo, invitan a realizar “la distribución de insumos agrícolas y el establecimiento de áreas para la producción rápida de alimentos, atención médica veterinaria, apoyo a la producción de forraje y ayuda para preservar los medios de vida”.
El informe, según el Gobierno colombiano, desconoce los adelantos del país en la materia y por ende envió una comunicación rechazando las afirmaciones. Agregó que lo tomó de sorpresa e indicó que supuestamente “no tiene suficientes cifras que lo soporten”, por lo que ha pedido rectificaciones.
Ya en agosto del año pasado otro informe de la FAO concluyó que “la inestabilidad social y la crisis económica” son los factores clave de la inseguridad alimentaria que afecta a Colombia y a los migrantes venezolanos en el país.
Ubicó además al país suramericano junto a otros con graves problemas para garantizar la alimentación como Afganistán, Burkina Faso, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Haití, Honduras, Sudán y la República Árabe Siria.
Colombia junto con Chad, la República Popular Democrática de Corea, Myanmar, Kenia y Nicaragua “se han agregado a la lista de puntos críticos, en comparación con la edición de marzo de 2021 del informe”, según la ONU. Entre tanto, Venezuela no está incluida por falta de datos recientes.
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