Bloomberg Opinión — La lucha contra el calentamiento global se está trasladando rápidamente a los tribunales. En los últimos años, en casos emblemáticos en los Países Bajos, Alemania y Francia, los tribunales han acordado que las entidades estatales y empresariales tienen la obligación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y les han exigido que adopten políticas más agresivas. Un tribunal de los Países Bajos, por ejemplo, ordenó al gobierno que redujera las emisiones un 25% por debajo de los niveles de la década de 1990, obligándole a ir más allá de su objetivo propuesto del 17%.
Estas sentencias suponen un cambio alentador. A lo largo de las décadas, demandantes han presentado -y perdido- más de un millar de casos importantes en los que se acusa a los gobiernos y a las empresas privadas de causar daños específicos por las emisiones climáticas.
Una de las razones por las que este pésimo historial puede estar cambiando es que los demandantes están presentando argumentos más persuasivos. Pero hacerlo aún mejor. Según un reciente estudio de los argumentos presentados en 73 casos recientes o en curso, los demandantes no suelen utilizar la ciencia actualizada capaz de vincular las emisiones climáticas con las consecuencias perjudiciales directas.
“Atribución” -el término que utilizan los científicos para describir las pruebas que vinculan el comportamiento humano con el calentamiento global- no es tan fácil como parece. Demostrar que una inundación o tormenta se debe al cambio climático, y no a un fenómeno meteorológico normal significa demostrar que ese suceso habría sido mucho más improbable en un mundo en el que no se produjera el cambio climático. Para ello, los científicos tienen que basarse en un buen conocimiento estadístico del sistema climático y del tiempo normal -si no se produjera el calentamiento- y hacer una clara distinción de lo que ocurre en la actualidad.
Recoger esos datos históricos y construir esos modelos científicos ha sido difícil. Pero los investigadores han persistido. En 2018, una ola de calor de verano en el norte de Europa mostró temperaturas promedio más de 5 ° C más altas (9 ° F) que la norma histórica reciente. Los estudios detallados de este evento, basados en los datos disponibles y en la modelización atmosférica, concluyeron finalmente que dicho evento era aproximadamente 100 veces más probable de lo que habría sido en ausencia del cambio climático. Desde un punto de vista estadístico realista, el cambio climático lo causó, así como los daños que le siguieron, entre los que se incluyen muchos cientos de muertes excesivas causadas por las temperaturas extremas en Suecia, Finlandia y Dinamarca.
La ciencia para establecer esos vínculos causales ha madurado en la última década gracias a los esfuerzos concertados de grupos como la organización World Weather Attribution, creada por científicos que han desarrollado métodos exhaustivos para determinar qué eventos son y no son buenos candidatos para una atribución realista. Es una lástima que, hasta ahora, los activistas que presentan casos sobre el clima no parezcan estar al día con la ciencia.
En su estudio de casos recientes, por ejemplo, Rupert Stuart-Smith, del Programa de Derecho Sostenible de Oxford, y sus colegas descubrieron que los demandantes en casi el 75% de los casos -normalmente relacionados con daños por temperaturas extremas o por el aumento del nivel del mar- no se esforzaron por demostrar una relación causal clara entre los daños que experimentaron y las emisiones de los demandados. En su lugar, los demandantes esperaban en su mayoría que bastara con que el tribunal aceptara la existencia de un vínculo general entre las emisiones climáticas y el aumento del riesgo de fenómenos extremos.
La mejor alternativa, argumentan estos investigadores, sería presentar pruebas específicas para vincular los daños concretos en un momento y lugar a las acciones de los demandados. Eso puede parecer intrínsecamente difícil, ya que las emisiones proceden de muchas fuentes, pero la atribución ha desarrollado técnicas estadísticas para estimar de forma fiable la parte de los daños atribuibles a los emisores individuales. Y estos argumentos no difieren en espíritu de los que los tribunales aceptan desde hace tiempo en otros ámbitos, por ejemplo, en los casos que determinan la responsabilidad parcial por las consecuencias para la salud del humo del tabaco o el amianto. Según estas estimaciones, Exxon Mobil y Chevron han contribuido cada una de ellas en más de un 2% a la acidificación acumulada de los océanos, y los productores de carbón y cemento de China en más de un 10%.
Unos argumentos más específicos podrían marcar una gran diferencia. Hace una década, un tribunal que rechazó las demandas relacionadas con el clima sugirió que nunca se podrían establecer vínculos legítimos entre las emisiones de los demandados y los daños de los demandantes. Esa opinión fue prematura. La ciencia ha avanzado de forma decisiva. Ahora, en muchos casos, esos vínculos pueden establecerse con gran confianza.
No es de extrañar, quizás, que los expertos legales no se hayan puesto al día con la ciencia más reciente, que es cada vez más sólida. Si los activistas y sus equipos jurídicos empiezan a emplear una ciencia mejor, las batallas legales podrían empezar pronto a inclinarse hacia el otro lado, en cuyo caso los tribunales podrían impulsar un cambio real en las políticas de emisiones.
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