Bogotá — El ministro de Ambiente colombiano, Carlos Eduardo Correa, dijo que el país tiene que ser responsable en su transición energética, al considerar que no aún no se puede prescindir de una fuente de energía como el petróleo y que no hay barreras para desarrollar proyectos mineros.
“Tenemos que ser responsables, uno no llega y puede simplemente prescindir de una fuente de energía, si no ir en la transición y creo que los combustibles fósiles en algún momento llegarán a eso”, dijo el ministro en una entrevista con Bloomberg Línea a propósito de comentarios recientes del candidato Gustavo Petro, líder en las encuestas a la Presidencia.
Destacó que con la ley de transición energética se busca migrar poco a poco hacia ese objetivo y llegar a una mayor utilización de energía limpia. Por ende, indicó que para el 2022 se espera que la matriz energética colombiana tenga una cuota mayor al 15% en energías renovables no convencionales.
Carlos Eduardo Correa se refirió al caso de países europeos como Dinamarca que anunciaron la suspensión de su exploración petrolera, pero “hoy tienen reservas garantizadas al año 2040, al año 2045, que le dan un espacio de tiempo para poder hacer la transición”.
“En la medida en que tengamos mayores inversiones, la misma matriz se va a ir acomodando”, comentó el ministro Carlos Eduardo Correa, quien se consideró “consciente de la importancia del sector minero-energético del país”.
“Hoy tenemos una necesidad enorme de minerales como el cobre para todo lo que viene sucediendo con el crecimiento y la apropiación de las nuevas tecnologías, entre otras, pero también somos conscientes de que hoy Colombia tiene una prioridad y es proteger y conservar nuestros recursos naturales, el agua, nuestros bosques”, comentó.
En este sentido, se refirió al fracking y comentó que en este momento están recibiendo la solicitud del plan de manejo ambiental para poder evaluar y seguir adelante con los pilotos. “Por eso son proyectos de investigación, porque los resultados de esos proyectos son los que nos dirán cuáles son los impactos positivos o negativos que pueda tener un proyecto de este tipo”, dijo.
Carlos Eduardo Correa también se refirió a la decisión de archivo del proyecto de cobre Quebradona, situado en Jericó (Antioquia), por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y sobre la cual la compañía minera AngloGold Ashanti presentó un recurso de reposición.
Según AngloGold , “tanto el Estudio de Impacto Ambiental presentado, como la información adicional entregada como respuesta a los requerimientos realizados por la Anla, contienen la información amplia y suficiente requerida para tomar una decisión de fondo del proyecto de acuerdo con los términos de referencia para gran minería, expedidos por el Ministerio de Medio Ambiente”.
Carlos Eduardo Correa respaldó que la Anla “con todo el rigor técnico revisa toda la información de cada una de esas solicitudes de las licencias” y defendió que aquí “no hay barreras, no hay obstáculos, no hay mitos para poder tomar las decisiones pertinentes”.
“En el caso de Quebradona, la empresa una vez solicitó las licencias tuvo muchísima información técnica, pero en ese momento la Anla sostuvo que le hacía falta todavía otra información para poder tomar una decisión, así que en este momento esa licencia puntualmente está en archivo. La empresa tiene la oportunidad de volver a solicitar la licencia, por supuesto, complementando todos los estudios técnicos y la información que se les pidió”, comentó.
El Acuerdo de Escazú
El ministro de Ambiente también se refirió a la deuda de Colombia con la ratificación del Acuerdo de Escazú, que apunta a garantizar el acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones y acceso a la justicia en esos asuntos.
El Acuerdo de Escazú fue firmado en diciembre de 2019 por el presidente Iván Duque, pero desde entonces no se ha logrado su ratificación en el Congreso y Colombia se ha quedado al margen del pacto que ya entró en vigor el pasado 22 de abril en varios países.
Correa, que manifestó que el Acuerdo de Escazú es “una oportunidad para fortalecer derechos de acceso vigentes en Colombia de acuerdo con la Constitución y la ley”, mencionó que desde el Gobierno están esperando que se inicie el nuevo período legislativo que comienza en la segunda mitad de marzo para avanzar en el tema, pero no se comprometió a que estaría listo en esta Administración.
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“Ahí estaremos esperando que nos digan quiénes serán los ponentes y de manera activa estaremos como Ministerio y como Gobierno solicitando la ratificación del acuerdo”, dijo el ministro, quien señaló que las demoras, más allá de un tema de planeación, se deben a las supuestas dificultades que hubo en los procesos de concertación por cuenta de la pandemia.
“Entramos en un momento complejo que fue la pandemia. No se lograron las socializaciones que se querían (…) finalmente se terminó la agenda legislativa y el Congreso no alcanzó a ratificarlo, a pesar de eso, una vez archivó este proyecto en el 2021, inmediatamente le dije la opinión pública que volveríamos a presentar el proyecto luego de varias socializaciones porque había muchísimas inquietudes de parte de todos los sectores que estaban involucrados”, aseguró.
Áreas protegidas y situación en la Amazonía
En la entrevista, el ministro calificó como “un hito muy importante” la declaración de la isla Ají, situada en el corregimiento de Puerto Merizalde, cuenca del Naya, en el distrito de Buenaventura, como un área protegida.
“En esta isla tenemos unos ecosistemas muy importantes, son alrededor de 24.600 hectáreas de ecosistemas de manglar, de bosque húmedo, de río y de lagunas”, mencionó.
En este sentido, dijo que a partir de abril y hasta julio se buscará ampliar las zonas protegidas a 16 millones de hectáreas marinas adicionales, en territorios de influencia como la Isla de Malpelo y Yuruparí. “Hoy tenemos el 14,5% del territorio protegido y en julio vamos a tener el 30%, vamos a duplicar nuestras áreas marinas protegidas”.
Además, destacó que Colombia ha lanzado una iniciativa de investigación para 2021-2022 con expediciones que ya han zarpado o van a hacerlo con inversiones por unos $16.000 millones del Sistema Nacional Ambiental.
Y sobre las zonas terrestres protegidas mencionó que en la actualidad son 19 millones de hectáreas, que equivalen al 16,5%, y el objetivo es llegar al 30% antes de finalizar el Gobierno en julio, por lo que el reto es poder acortar los tiempos para poder hacer estas declaratorias.
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Se estima que en 2020 se destruyeron 140.000 hectáreas de la Amazonía colombiana, el equivalente a unos 20 campos de fútbol cada hora. Esto a pesar de que en 2019 el Gobierno colombiano puso en marcha una estrategia con más de 20.000 soldados y agentes de la Policía para contrarrestar estos delitos.
Al respecto, el ministro comentó que “si bien Colombia tiene solo un 8% de la Amazonía, para el país significa el 34% del territorio, así que es de vital importancia”.
En 2019 Colombia, Bolivia, Ecuador, Brasil, Perú, Guyana y Surinam firmaron el Pacto de Lecitia para la protección de la Amazonía. Correa destacó las conversaciones que se han tenido con los presidentes de esos países, quienes “han mostrado su empeño, su interés y preocupación” en ese ecosistema, a pesar de lo cual la destrucción de la Amazonía brasileña se aceleró en 2021 a niveles no vistos desde 2006.
