Ministro de Minas de Perú dice que no es momento de renegociar contratos con mineras

Eduardo González, titular del Ministerio de Energía y Minas de Perú, recordó que la mayoría de empresas del sector minero que operan en territorio nacional tienen contratos ley

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Lima — Una de las promesas que hizo el presidente de Perú, Pedro Castillo, durante la campaña presidencial 2021 y antes de asumir las riendas del país, fue la de renegociar convenios de tributación con las empresas mineras; algo difícil de lograr considerando los candados legales que existen.

Recientemente, de hecho, el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú (MEF) quiso aumentar la carga tributaria del sector minero a través de facultades solicitadas al Poder Legislativo. Pero el Congreso le negó al MEF la posibilidad de modificar las normas tributarias mineras de forma unilateral y sugirió que cualquier planteamiento de modificaciones se trabaje vía proyecto de ley.

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Consultado este jueves sobre la renegociación de contratos con empresas mineras, el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) dijo que su sector sí tiene en cuenta esta promesa, pero reconoció que ahora no es el mejor momento para hacerlo. “Los momentos son difíciles ahora y tenemos que ir avanzando con las negociaciones“, señaló.

Según González, el gobierno peruano está logrando “algunas cosas importantesen términos a renegociaciones de ciertas condiciones en los contratos de operación; que no tienen que ver necesariamente con el ámbito tributario.

A veces negociar no significa sólo incrementar los puntos, sino que se tenga mejores condiciones para los trabajadores, que (las empresas) colaboren mejor con las comunidades, y por eso pensamos que en algún momento tendremos que renegociar regalías y contratos”, apuntó el ministro.

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Sin embargo, González recordó que la mayoría de empresas del rubro minero en el Perú actualmente tienen contratos ley. Mediante estos acuerdos legales, el Estado peruano brinda garantías a las empresas que operan minas en el país y otorgan aspectos de seguridad jurídica que no pueden ser modificados legislativamente.

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