Ciudad de México — El asesinato de la reportera Lourdes Maldonado en la ciudad fronteriza de Tijuana, en Baja California, revive un viejo síntoma de impunidad y el grado de violencia que impera en México. Es el tercer crimen cometido contra periodistas en el país, en lo que va del año.
En días previos también fueron asesinados el fotorreportero Alfonso Margarito Martínez, ubicado en Tijuana; y el periodista independiente José Luis Gamboa, director de la página de Facebook Inforegio Network, en Veracruz.
Los asesinatos reflejan la ausencia de un Estado que se muestra incapaz de prevenir la violencia y de revertir un patrón de impunidad que viene de gobiernos pasados, dijo a Bloomberg Línea Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica.
“La situación no puede ser revertida a partir de discursos y buenas intenciones, máxime que es un gobierno que ya lleva tres años en la administración”.
México encabezó la relación de países con la mayor cifra de periodistas asesinados en 2021, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), que investiga y verifica las circunstancias de los crímenes desde 1992. Esta es la misma conclusión a la que también llegó la organización Reporteros Sin Fronteras.
De acuerdo con el reporte de CPJ, al menos 27 periodistas en el mundo perdieron la vida el año pasado por motivos ligados a su profesión. En total fueron 45 periodistas los que murieron, incluyendo a aquellos de los que aún no se han podido determinar las causas.
En México, aunque solo han sido confirmados los motivos del crimen ligados a la labor periodística sobre tres casos, se reportó un total de nueve periodistas asesinados, por lo que el país ocupó el primer lugar en el listado, seguido por la India. El comité señaló que investigaba los móviles de los otros seis casos.
Confrontaciones y contradicciones
Desde el año 2000 hasta la fecha, 148 periodistas han sido asesinados en México en posible relación con su labor, según la organización Artículo 19, que defiende la libertad de expresión. De este total, 47 se registraron durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto y 28 en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El periodo de 2010 a 2016, durante la administración del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, hoy encarcelado por asuntos de corrupción, ha sido el más letal para los comunicadores con 18 asesinatos, incluyendo el caso del fotoperiodista Rubén Espinosa, quien tuvo que huir de su lugar natal buscando evitar un final que fue perpetrado en Ciudad de México en 2015.
El Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, organización mexicana que promueve los derechos humanos, esboza un escenario aún más crítico, presentando una cifra más elevada para el sexenio de AMLO: 45 asesinatos entre 2019 y lo que va de 2022.
Cifras del Gobierno federal reportaban 47 homicidios entre diciembre de 2018 hasta un corte de septiembre de 2021.
“La tendencia va al alza, a mitad de sexenio de López Obrador se ve un mayor número de periodistas asesinados que a la mitad de los dos sexenios anteriores (...) pero si se da un golpe de timón y se genera una estrategia que considere un problema de Estado lo que está pasando, posiblemente podamos ver un patrón que al menos se estabilice”, indica el también abogado.
Al ambiente se suma la tensión que añade el gobierno mexicano, desde Palacio Nacional.
López Obrador usualmente señala a diversos entes de la vida pública, organizaciones y empresarios bajo el calificativo de “conservadores”, para ubicar a quien disienta de su proyecto político.
También ha llamado a la prensa “fifí”, un término de dos sílabas utilizado en la época de la Revolución para referirse a la sociedad de clase acomodada o con privilegios, sin embargo el mandatario le da un nuevo significado a la palabra, al utilizarla también para referirse a los medios de comunicación y periodistas que realizan una cobertura crítica al desempeño de su Gobierno.
En junio de 2021, AMLO integró en su conferencia de prensa el espacio que llamó ‘Quién es quién en las mentiras de la semana’, para exhibir las supuestas noticias falsas que difunde la prensa mexicana contra el Gobierno.
“Para este sexenio, la labor de la prensa tiene un significado muy especial y lo ha dejado patente el propio presidente al descalificarla y estigmatizarla, incluso al pretender establecer estándares de verdad o de mentira en su infame sección”, refiere el directivo de Artículo 19.
“Esta actitud virulenta, que además se reproduce en varios estados de diferentes signos partidistas, contradice con los dichos de él y del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en el sentido de que van a proteger a la prensa”.
López Obrador dijo la mañana del 25 de enero que su Gobierno analizará “a fondo” el caso de la periodista Lourdes Maldonado. “La diferencia, y es una ventaja, es que nosotros no permitimos la impunidad”, aseguró.
En marzo de 2019, Maldonado se presentó en la conferencia matutina de López Obrador para solicitar “apoyo y justicia” ya que, expresó al presidente, temía por su vida. La reportera habría enfrentado un litigio laboral durante años en Baja California, en el que estuvo involucrado el ahora exgobernador de esta entidad, Jaime Bonilla. El fallo habría salido, en primera instancia a favor de la reportera, pero posteriormente fue modificado en su contra.
El asesinato de Maldonado provocó una fuerte convocatoria para realizar movilizaciones este martes a lo largo del país para protestar contra la violencia que viven los periodistas de manera cotidiana.
El objetivo de la manifestación fue recordar al Gobierno los riesgos que atraviesa la libertad de expresión, y pedir, una vez más, la justicia y esclarecimiento de los casos. Desde la mañana de esa jornada, el Palacio Nacional fue escenario de pancartas colgadas con imágenes alusivas a manchas de sangre y los rostros impresos de los periodistas asesinados este mes.
La impunidad que prevalece
México ocupa el sexto puesto en el Índice de Impunidad Global del Comité para la Protección de los Periodistas, por segundo año consecutivo, detrás de países como Somalia, Siria, Irak y Sudán del Sur.
“A pesar de que las autoridades han obtenido condenas clave en los casos de los periodistas asesinados, Javier Valdez y Miroslava Breach, en 2020 y 2021, los medios continúan siendo atacados con frecuencia alarmante”, dice el organismo, que hasta agosto del año pasado documentó un mínimo de tres casos con absoluta impunidad en 2021.
“Hay un gran problema estructural en la procuración de justicia que trasmina en las investigaciones”, relata el director regional de Artículo 19, “teníamos la esperanza en 2019 cuando la sociedad civil, la academia y las víctimas participamos en un proceso de reforma profunda en la transición de la PGR a la Fiscalía General de la República, donde incluso participamos en la creación de la ley orgánica de esas institución.
Dos años después, Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, empujó para que esa ley fuera abrogada y “se impuso otra vez un modelo anquilosado de procuración de justicia”.
En octubre de 2021, Alejandro Encinas, de Derechos Humanos, dijo que se debían revalorar los mecanismos de colaboración de las instituciones públicas en los tres niveles de Gobierno porque “no se han logrado remontar los niveles de impunidad que prevalecen frente a las agresiones que sufren las personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.
Del total de los periodistas asesinados entre diciembre de 2018 y septiembre de 2021, solo se dictaron sentencia en cinco casos, es decir, el 10.63% de ellos, arrojando un nivel de impunidad del 89.37%, según datos del Gobierno federal.
Encinas apuntó a finales del décimo mes que en el 93% de los casos de homicidio de periodistas no se llega a concretar ningún tipo de sentencia.
De acuerdo con el sitio de noticias políticas en México, Animal Político, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) en México ha abierto 3.419 investigaciones por agresiones a periodistas y comunicadores desde 2010, y de ellas, en solo 28 se ha logrado sentencias contra los responsables, es decir, menos del 1% respecto al total de casos.
De los más de 90 asesinatos que la FEADLE ha contabilizado desde ese año hasta diciembre, tenía solo seis sentencias, desechando en el 70% de los casos investigados que existiera un vínculo con la labor periodística.
¿Y los mecanismos de protección?
En 2020, el gobierno de AMLO desapareció el fondo independiente que financiaba al Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, al impulsar la iniciativa que eliminó unos 109 fideicomisos públicos para costear sus proyectos prioritarios.
El programa pasó a depender de la Secretaría de Gobernación en cuanto al financiamiento de las medidas de protección, y en julio del año pasado informó que se había aprobado un presupuesto de 227.6 millones de pesos mexicanos solicitando una ampliación de 189 millones más, para contar con un total de 416.6 millones.
Organizaciones y colectivos expresaron, en su momento, tal preocupación al significar un retroceso en la política.
Al mecanismo se encuentran incorporadas 1,506 personas, hasta octubre, de las cuales, 495 son periodistas: 136 mujeres y 359 hombres, mientras que 1.011 son defensoras de los derechos humanos: 543 mujeres y 468 hombres.
López Obrador afirmó este martes que Lourdes Maldonado no se encontraba sujeta a este mecanismo, y que solo estaba inscrita en el programa estatal de Baja California, pero, dijo, “de todas formas, estamos obligados a aclarar este crimen y a evitar que continúen los asesinatos de periodistas y de los ciudadanos”.
El fiscal del estado, Ricardo Carpio, dijo al diario nacional Milenio que el crimen ocurrió en momentos fuera del horario que cubre la protección estatal. “Fue un momento que aprovecharon la oportunidad para atentar contra su vida”.
“No hay mecanismo de protección que soporte estos niveles de violencia, precisamente prodigados por la impunidad”, remarca Leopoldo Maldonado, de Artículo 19.
Al inicio de su Gobierno, AMLO ofreció una disculpa pública, en nombre del Estado, a la periodista Lydia Cacho por la violación a sus derechos humanos en 2005. “Todo pintaba bien (luego de ese acto)”, dice, pero solo ha sido un caso que “también demuestra las propias incapacidades y contradicciones que tiene este gobierno, que en lo simbólico tiene grandes señales, pero al momento de operar muestra graves falencias”.
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