Bogotá — Los países de América se han estancado en la lucha contra la corrupción, socavando la democracia y los derechos humanos, mientras que Colombia no da visos de mejora, según un informe divulgado este martes por Transparencia Internacional.
El Índice de Percepción de la Corrupción 2021 indicó que “este año la región de las Américas incluye 22 países que no muestran cambios estadísticamente significativos en sus niveles de corrupción”. De hecho, en los últimos 10 años solo Guyana y Paraguay han logrado mejoras notables en las Américas.
Ver más: FMI recorta pronóstico de crecimiento para América Latina; ve inflación más alta
Transparencia Internacional alerta que en 2021 “la región fue testigo de graves ataques a las libertades de expresión, prensa y asociación, que son derechos civiles y políticos fundamentales necesarios para construir democracias sanas y libres de corrupción”.
En el caso de Colombia se señalan “graves excesos en el uso de la fuerza policial” en el marco de “las manifestaciones multitudinarias contra la reforma tributaria que paralizaron el país, así como violaciones a los derechos de movilización, participación y protesta”.
Según una investigación divulgada por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el Gobierno colombiano habría pagado unos $900 millones durante la pandemia a la compañía Alotrópico S.A.S. para montar un “show” orientado en mejorar la percepción del Ministerio de Defensa durante las manifestaciones en el país y desacreditar críticas.
“Las #PatrullasEnInternet han invertido más de 21 mil horas, se han analizado 3.700 videos, y decenas de funcionarios se han dedicado a identificar lo que para ellos son noticias falsas. Estas acciones se agrandan en medio de mentiras y opacidad, sin ningún control institucional”, denunció la Fundación en Twitter.
Diferentes ONG han denunciado que en el marco de las protestas en ese país suramericano se registraron 84 fallecidos, de los que 28 son atribuibles a la fuerza pública.
Con un puntaje de 73 Uruguay fue el mejor ubicado de Latinoamérica, lo que demuestra que “instituciones democráticas fuertes y estables, un poder judicial independiente y la protección de los derechos básicos son vitales para evitar que la corrupción penetre en el Estado”.
Chile fue segunda con un puntaje de 67 y “tiene una oportunidad única para fortalecer sus instituciones y terminar con su período de estancamiento si incorpora medidas anticorrupción y fortalece el derecho de acceso a la información en su propuesta de nueva Constitución”.
En la región le siguen Costa Rica (58 puntos), Cuba (46) y Colombia (39), que mantuvo la misma calificación del 2020 y apenas progresó desde 2019 cuando se anotó 36 puntos.
Más abajo aparecen Argentina y Brasil (ambos con 38), Ecuador, Panamá y Perú (todos con 36), El Salvador (34), México (31), Bolivia, República Dominicana, Paraguay (30), entre otros.
En el fondo de la clasificación latinoamericana se ubican Venezuela (14) y Nicaragua (20), catalogados dos de los países más corruptos.
Ver más: América Latina desacelerará su crecimiento económico a 2,1% en 2022: Cepal
Transparencia Internacional indica que, en Brasil, Venezuela, El Salvador, y Guatemala los “Gobiernos utilizaron la intimidación, la difamación, las noticias falsas y los ataques directos contra organizaciones de la sociedad civil, periodistas y activistas, incluidos los que luchan contra la corrupción, como una forma de desacreditar y silenciar a los críticos”.
Mientras que Argentina “es el país de la región que más ha descendido. La injerencia en el poder judicial por parte de las autoridades políticas pone en peligro la independencia del país y crea una impresión de impunidad”.
La entidad instó a los países de la región a tomar “acciones decisivas para fortalecer la transparencia, integridad e independencia de sus sistemas de justicia”.
Para ello, les recomendó proporcionar “recursos financieros y técnicos y ofreciendo protección a los fiscales asignados a investigar casos de corrupción y abusos a los derechos humanos”.
“También deben proteger a los denunciantes e incluir las perspectivas de las mujeres y los grupos vulnerables en sus estrategias anticorrupción”, indicó.
