Buenos Aires — El 31 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial una resolución firmada por el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, que habilitó la adquisición sísmica en tres bloques ubicados en el mar argentino a un consorcio de empresas liderado por la noruega Equinor, junto a YPF y Shell, con el objetivo de explorar una zona con potencial hidrocarburífero para avanzar, en caso que la exploración resulte positiva, con la actividad offshore.
- ¿Dónde es? Los bloques CAN 100, CAN 108 y CAN 114 se ubican en la zona Cuenca Argentina Norte, a 300 kilómetros de las costas de Mar del Plata, ciudad cabecera del municipio de General Pueyrredón.
- La aprobación: La licitación se había convocado en 2018, durante el Gobierno de Mauricio Macri. En 2019 se fijó el procedimiento de evaluación ambiental. Equinor presentó el proyecto en agosto del 2020. En 2021 se realizó una audiencia pública. En su momento, se estimó una inversión inicial de US$750 millones.
- El proceso: Equinor había planificado comenzar con el relevamiento sísmico en octubre del 2021, para concluir en marzo de este año. Se calcula que demora alrededor de 155 días. El proceso se demoró y aún no hay fechas determinadas.
Consultado por Bloomberg Línea, el secretario de Energía, Darío Martínez, sostuvo que “el inicio de las tareas correspondientes con este permiso de exploración no tiene fecha establecida aún”. Y agregó que “depende de mucho factores q analizan las Empresas desde la disponibilidad de embarcaciones y servicios logísticos a contratar hasta la ventana relacionada con la meteorología”. También destacó que “son importantes los condicionantes que hubiera desde el punto de vista del Plan de Gestión Ambiental”.
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Reacciones desde todos los frentes
La resolución despertó una inmediata reacción de ambos lados de la grieta. Por un lado, activistas ambientales cuestionaron la decisión del Gobierno, acompañados por los intendentes de General Pueyrredón (cuya ciudad cabecera es Mar del Plata) y General Alvarado (cuya ciudad cabecera es Miramar), de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, que derivó en distintas presentaciones judiciales de las que ya ha habido novedades.
Pero también una defensa cerrada por parte del Gobierno, cuyas primeras líneas defendieron la iniciativa que estuvo supervisada por el Ministerio de Ambiente y la Secretaría de Energía.
La preocupación que surgió en el sector petrolero es si este episodio concluirá como los casos de Chubut y Mendoza con la minería o en Tierra del Fuego con la actividad salmonera, donde los proyectos productivos se vieron frustrados por la reacción ciudadana.
- Mendoza: En diciembre de 2019, días más tarde de la asunción del gobernador radical Rodolfo Suárez, la legislatura provincial aprobó la ley 9209, que facilitaba la explotación minera. Por la reacción masiva y negativa de un sector de la ciudadanía, tres días después de promulgarla, Suárez vetó la Ley y “convocó a un diálogo abierto para lograr el consenso social”.
- Tierra del Fuego: El 30 de junio de 2021, la legislatura de Tierra del Fuego aprobó la Ley que prohíbe la instalación de cualquier tipo de cultivo y producción de salmones en cautiverio en las aguas marinas y de lagos de la provincia.
- Chubut: El 20 de diciembre de 2021, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, derogó la Ley de rezonificación minera que daba pie a un proyecto de Pan American Silver y convocaba a un plebiscito provincial.
No obstante, desde ambos lados de esta grieta sostienen que este es un caso distinto, por los antecedentes de la explotación offshore en el país y por el espíritu que han tenido los reclamos ambientales en el país.
- Contexto histórico: “La Argentina busca hidrocarburos en su mar desde hace más de 90 años. Desde entonces, se han perforado 187 pozos en el lecho marino y se han producido algunos hallazgos de interés, sin incidentes ambientales significativos”, precisaron desde el Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG), que a su vez detallaron que “el 17% del gas que se produce hoy en el país proviene de 36 pozos operativos en el mar”.
La postura del Gobierno Nacional no se ha modificado un centímetro desde que se publicó la resolución, y descartan una marcha atrás, pero la preocupación está vigente y no está claro hasta dónde puede escalar el reclamo opositor al proyecto, que sumó respaldo de ONG’s, dirigentes políticos y actores y actrices, entre otras figuras públicas.
Origen del conflicto
“Son luchas territoriales, mucho más amplias que una cuestión meramente ambiental. Son asambleas territoriales que lo que hacen es proteger su territorio de actividades extractivas que cuestionan ambientalmente pero también social y económica, como la megaminería, o la defensa del agua”, explica Enrique Viale, abogado ambientalista y uno de los principales referentes del rechazo que ha tenido la resolución gubernamental.
De esta forma, Viale explica el espíritu de las luchas en el país, que pese a los antecedentes recientes, asegura que está lejos de ser un país prohibicionista: “No es cierto que Argentina tiene todo prohibido, está totalmente liberalizada en materia ambiental, tiene 25 millones de hectáreas de soja transgénica. Argentina tiene una técnica prohibida en muchos países del mundo como la del fracking. Argentina tiene minería en gran parte de sus provincias”.
Del otro lado, Ernesto López Anadón, presidente del Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG), señala que la producción offshore “ha trascendido todos los gobiernos, desde (Juan Domingo) Perón, (Raúl) Alfonsín, (Carlos Saúl) Ménem, (Néstor y Cristina Fernández) Kirchner, (Mauricio) Macri y ahora Alberto (Fernández)”. “Argentina ya tiene producción offshore. Es cuestión de ir hasta allá y evaluar cómo es la operación y ver que riesgos ha tenido”, agregó la principal autoridad del IAPG.
“Lo que se cuestiona es mucho más de cuántos gases de efecto invernadero se van a emitir, sino modelos territoriales excluyentes relacionados al modelo extractivista que nos imponen colonialmente. Eso es lo que desconocen los funcionarios”, concluye Viale.
López Anadón, en tanto, resume: “Estamos a la expectativa de cosas importantes, de otra Vaca Muerta, con inversiones superiores a los US$100 millones, para que se entienda el impacto que puede tener. Pero el proceso es largo”.
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Exploración sísmica
Los activistas ambientales no sólo cuestionan el riesgo de la explotación, advirtiendo sobre posibles derrames de petróleo. También cuestionan esta primera etapa, el relevamiento sísmico, por el impacto en la fauna marina que puede tener estos estudios.
El paso previo a la extracción es la exploración sísmica, un relevamiento que “se realiza con un buque que remolca tres fuentes de energía y diez cables submarinos (streamers) con una longitud de 8.000 metros y en los cuales se encuentran situados receptores de ondas”, explica el informe de impacto ambiental presentado por la empresa Equinor y aprobado por el Ministerio de Ambiente.
Y agrega: “Las fuentes de energía utilizan aire comprimido, que al ser liberado rápidamente genera ondas de sonido. Dichas ondas son reflejadas en las distintas capas del subsuelo y vuelven a la superficie”. Por último, y a grandes rasgos, el informe señala que “la información obtenida de esta manera es analizada e interpretada para identificar diferentes tipos de rocas y posibles acumulaciones de petróleo y de gas”.
El informe de Equinor reconoce que el agua superficial, el aire, los mamíferos marinos, los peces y cefalópodos, las tortugas marinas, los bentos y plancton, las aves, las aŕeas protegidas y sensibles, la actividad pesquera, el tránsito marítimo, las actividades económicas e infraestructuras y los recursos y usos terrestres, son “factores ambientales que se consideran vulnerables o importantes en el contexto de las actividades de estudios sísmicos marinos en las áreas CAN_100 – 108 y 114″.
No obstante, menciona una serie eventos no planificados, accidentales o contingencias, que no formarían parte de la etapa de exploración: “Derrames de hidrocarburos y descarga accidental de sustancias químicas y/o de residuos sólidos, no peligrosos/peligrosos”.
Ignacio Sabbatella, doctor en Ciencias Sociales e investigador del Conicet, repasó vía Twitter algunos antecedentes en la Cuenca Argentina respecto a la producción offshore y los estudios sísmicos:
- De un lado: “La actividad no es nueva en la región y en nuestro país, es perfectamente lícita y desde el momento en que necesitamos cargar combustible, GNC, encender un calefactor, conectar una garrafa de gas a una cocina o simplemente iluminar nuestra casa, se entiende que estamos totalmente de acuerdo con ella”, señaló Darío Martínez, secretario de Energía, en declaraciones a Bloomberg Línea.
- Del otro: “La propensión sísmica es muy impactante en sí misma y hay mucha información científica en cómo afecta a la actividad marina. Ya en la explotación el riesgo está siempre latente, la posibilidad del derrame no la puede negar nadie”, contestó Enrique Viale.
¿Cómo sigue?
Publicada la resolución, despertada la polémica, se inicia un camino sinuoso hasta que finalmente comience la exploración sísmica. Ante la consulta de Bloomberg Línea, Martínez rechazó que se esté contemplando la posibilidad de postergar los plazos o dar marcha atrás con la resolución.
La preocupación en el sector hidrocarburífero creció con los movimientos en tribunales. “Hay que ver cómo se desempeñan en plena temporada estas manifestaciones en la calle. Los gobiernos han minimizado lo que ocurría en las calles y así se ha dado vuelta en Mendoza y Chubut. La acción judicial también es bastante fuerte. Hay cuatro amparos, que seguramente terminarán todos juntos”, consideró Viale.
El abogado ambientalista sentenció: “La propia exploración sísmica es altamente impactante, hay chances importantes de revertirlo”. El secretario de Energía no coincide: “No se está evaluando esa alternativa (que se dé marcha atrás con la resolución)”.
- Justicia: El 14 de enero de este año, la fiscal federal de Mar del Plata, Laura Mazzaferri, dictaminó a favor de suspender provisioramente la exploración petrolera offshore a 300 kilómetros de la ciudad y autorizadas por el Gobierno nacional. Será el juez federal de Mar del Plata Santiago Martín, quien deba pronunciarse al respecto.
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