Bloomberg Opinión — Cuando el martes vi por primera vez la noticia de que la jueza de quiebras de Puerto Rico había aprobado su plan de reestructuración de la deuda, permitiendo que el Estado Libre Asociado (ELA) empezara a salir de este doloroso capítulo de su historia de casi cinco años, tuve que pararme a pensar. Después de todo, la prolongada lucha de la isla con sus acreedores ha estado en segundo plano durante la mayor parte de mi carrera profesional, desde que ayudé a relatar su colapso financiero como parte del equipo de bonos municipales de Bloomberg News a mediados de la década de 2010.
Quiero decir lo que el gobernador Pedro Pierluisi dijo a mi colega Michelle Kaske antes de la aprobación. “La quiebra del Estado Libre Asociado ha sido como una nube oscura sobre Puerto Rico durante demasiado tiempo”, dijo. “Es un nuevo día para el gobierno y la economía de Puerto Rico”.
Por supuesto, salir de una bancarrota que comenzó en mayo de 2017 y que se prolongó por los huracanes y una pandemia mundial debería enmarcarse como un motivo de optimismo para todos los puertorriqueños. Sin embargo, es igual de importante tener claro que este plan de reestructuración, incluso si elimina decenas de miles de millones de dólares de deuda, no es una cura para lo que llevó al Estado Libre Asociado a una caída en picada de la economía en primer lugar. Aún queda mucho trabajo por hacer para que la isla se sitúe en una senda fiscal sostenible.
Por un lado, parece que Puerto Rico, después de más de US$1.000 millones de costos, no podrá hacer mucho a través de la quiebra para perjudicar a los tenedores de sus bonos de obligación general y valores respaldados por el ELA. Aunque esos bonos sumarán ahora sólo US$7.400 millones en lugar de US$18.800 millones, los inversores también recibirán unos US$7.000 millones en efectivo por adelantado y miles de millones de dólares de deuda “contingente” que se pagará si la recaudación del impuesto sobre las ventas supera las previsiones. Siempre ha parecido imposible que los tenedores de bonos sean compensados, pero este acuerdo no está tan lejos. La deuda heredada debería ser canjeada por las nuevas obligaciones antes del 15 de marzo.
Puerto Rico seguirá teniendo que pagar una media de US$666 millones al año durante la próxima década por el servicio de la deuda de los nuevos bonos de obligación general. Para contextualizar, las recaudaciones del fondo general del Estado Libre Asociado ascendieron a US$11.700 millones en el año fiscal 2021, reforzadas por los fondos federales para catástrofes y la ayuda para la pandemia. El servicio de la deuda seguirá siendo una parte importante de los gastos del gobierno.
Mientras tanto, la viabilidad del sistema de pensiones del territorio autónomo sigue siendo tenue. El plan de reestructuración prevé la creación de un fondo de reserva. Aun así, debe unos US$55.000 millones a los jubilados actuales y futuros, ya que las prestaciones acumuladas no se vieron afectadas por el plan de reestructuración aprobado. Puerto Rico ha estado gastando unos US$2.300 millones cada año para cubrir esos pagos de jubilación porque sus activos están agotados. En un reconocimiento de que reconstruir un fondo de beneficios definidos desde cero sería casi imposible, los trabajadores actuales pasarán a un tipo de plan como el 401(k) (una cuenta de pensiones de contribución definida patrocinada por el empleador y definida en la subsección 401(k) del Código de Impuestos Internos).
Lo más sorprendente es que el propio plan fiscal plurianual del ELA prevé que los déficits presupuestarios volverán a dispararse en el año fiscal 2036, incluso después de tener en cuenta las reformas para promover el desarrollo empresarial y ampliar la participación de la mano de obra. Esto no es precisamente una buena noticia.
Detroit, la mayor ciudad de EE.UU. que se ha declarado en quiebra, es un caso de estudio útil varios años después de su salida de la protección judicial en 2014. Sus bonos de obligación general están calificados como BB- por S&P Global Ratings y Ba3 por Moody’s Investors Service, ambos tres escalones por debajo del grado de inversión. La calificación “equilibra las robustas reservas de la ciudad y las sólidas prácticas de planificación financiera con su débil base de impuestos sobre la propiedad, el significativo apalancamiento de la deuda y las pensiones, y las sustanciales demandas de recursos, incluyendo la necesidad de más inversiones de capital”, escribieron los analistas de Moody’s el año pasado. Los problemas que aquejaban a la Ciudad del Motor no desaparecieron con parte de su deuda.
También Puerto Rico parece estar preparado para tener una sólida planificación financiera en los próximos años porque su junta de supervisión no se va a ir a ninguna parte. Según la Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico o PROMESA por sus siglas en inglés), la junta debe permanecer en su lugar hasta que la isla logre presupuestos equilibrados durante cuatro años consecutivos y pueda acceder al mercado de bonos a tasas de interés razonables. Eso podría llevar un tiempo: después de la quiebra de Detroit, fue necesario que el Estado aplicara salvaguardias adicionales para ganarse a los inversores. Puerto Rico no tiene esa opción.
Para ser claro, espero que Puerto Rico se recupere y se convierta en un lugar atractivo para trabajar y vivir. Pero va a hacer falta algo más que un puñado de evasores fiscales de fondos de cobertura o una comunidad de defensores de las criptomonedas que construyan su propio paraíso en un trozo de la isla. Harán falta políticas sensatas para evitar la “fuga de profesionales” de los mejores y más brillantes del territorio autónomo hacia Estados Unidos. Hará falta que los funcionarios del gobierno sean, ante todo, tecnócratas, en lugar de ser susceptibles al escándalo y al amiguismo. Y, muy probablemente, se necesitará una buena dosis de suerte para evitar el tipo de devastación provocada por los huracanes Irma y María en 2017, que podría retrasar cualquier esfuerzo de recuperación.
Salir de la quiebra por sí solo no traerá a Puerto Rico prosperidad y vitalidad. Pero es un primer paso crucial. Pierluisi tiene razón en que es un nuevo día para el Estado Libre Asociado. También será un día de trabajo.
Esta nota no refleja necesariamente la opinión del consejo editorial o de Bloomberg LP y sus propietarios.
Este artículo fue traducido por Andrea González
