Ciudad de México — La industria automotriz analiza emprender acciones legales contra el decreto publicado por el Gobierno de México que sienta las bases para regularizar a cerca de dos millones autos que ingresaron de manera ilegal al país, conocidos como chocolate.
Asesores legales de la industria han identificado potenciales afectaciones al medio ambiente, salud y la vida humana, más allá del impacto económico a la industria, dijo Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), en una rueda de prensa.
“No descartamos ninguna de las opciones que el marco constitucional nos brinda”
Guillermo Rosales de AMDA
El Gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, publicó el 19 de enero un decreto que sienta las bases para la regularización de este tipo de vehículos que transitan en una decena de estados.
La medida era esperada, luego de que en octubre AMLO, como mejor es conocido el presidente de México, firmó un acuerdo en el que instruyó a diferentes dependencias de su gobierno a establecer las bases para proceder a la regularización.
A pesar de que analizan las opciones legales, los representantes de la industria hicieron un llamado para ser considerados en la reglamentación secundaria que aún el Gobierno deberá emitir para este proceso.
El Sistema de Administración Tributaria (SAT), la agencia responsable de la recaudación de impuestos, deberá emitir las reglas generales de comercio exterior, para poder cumplir con el programa de regularización.
Representantes señalaron que esto abre la posibilidad de retomar la comunicación con el Gobierno para poder participar y compartir sus propuestas, que permitan la mejora del esquema planteado por las autoridades.
¿Qué dice el decreto para los autos chocolate?
- El decreto establece las bases para regularizar a casi dos millones de vehículos que no cuentan con un documento que acredite su estancia legal en el país. Estará vigente hasta el 20 de julio de 2022.
- El gobierno de AMLO argumenta esta medida como una herramienta de seguridad pública ya que permitirá rastrear los vehículos y prevenir delitos
- Se regularizarán vehículos que circulan en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.
- Los vehículos deberán tener al menos ocho años de antigüedad y haber sido ensamblados en México, Estados Unidos o Canadá.
- Para regularizar se deberá pagar un aprovechamiento de MXN$2.500. Los dueños reciben un estímulo fiscal al eliminar el monto de las contribuciones y multas. Deberán realizar un procedimiento aduanero para realizar el trámite de importación definitiva.
- No se podrán importar los vehículos cuya circulación esté prohibida en su país de procedencia o en México. Además de vehículos de lujo o deportivos. Así como los que hayan sido reportados como robados o se encuentren relacionados con la realización de un delito.
Industria automotriz, en contra
- El sector automotriz considera que la medida no está justificada ya que existe desde 2005 una regulación que permite la importación legal de vehículos usados.
- La importación ilegal genera distorsiones del mercado y una disminución en el valor de las unidades. Los vehículos podrán venderse en otros estados del país.
- El cobro de MXN$2.500 pesos por el proceso y los estímulos fiscales es considerado un trato inequitativo para el resto de los consumidores
- El decreto no establece los mecanismos para revisar que los automóviles efectivamente no fueron robados, ni participaron en un ilícito. Promueve la chatarrización debido a la antigüedad que deben tener los vehículos.
- El sector consideró como positivo que el procedimiento debe realizarse ante una autoridad aduanera y que no considera a vehículos pesados, un punto que había sido solicitado por la industria.
- Les preocupa que no se establezcan mecanismos para evitar que continúe la intromisión de vehículos ilegalmente.
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