Bloomberg — La fiscal general de Nueva York pidió a un juez que ordene a Donald Trump y a dos de sus hijos adultos que testifiquen bajo juramento como parte de la indagatoria civil del estado sobre el negocio inmobiliario familiar, diciendo que los investigadores ya han descubierto un patrón de posible fraude.
Letitia James, la principal agente del orden público del estado, presentó el martes por la noche una moción para obligar al expresidente, junto con Donald Trump Jr. e Ivanka Trump, a entregar documentos y responder preguntas sobre una serie de valoraciones de propiedades clave de la Organización Trump, con sede en Nueva York.
La investigación civil se ha convertido en una de las mayores amenazas legales para Trump mientras sopesa otra candidatura a la Casa Blanca en 2024. La investigación ya ayudó a conducir a un caso fiscal penal separado contra la Organización Trump dirigido por la oficina del fiscal de distrito de Manhattan y podría desencadenar cargos penales adicionales o una demanda civil por parte del estado.
Entre otras cosas, las declaraciones financieras de Trump tienen “hechos objetivos tergiversados, como el tamaño del penthouse de la Torre Trump del Sr. Trump” y “activos clasificados erróneamente fuera del control del Sr. Trump o de la Organización Trump como ‘dinero en efectivo’, exagerando así su liquidez”, dijo James. en una declaración.
James, una demócrata y crítica frecuente de Trump, estaba respondiendo a una moción presentada a principios de este mes por los Trump que buscan anular las citaciones del estado con el argumento de que la investigación supuestamente tiene motivaciones políticas. Un juez ya ha rechazado ese argumento al menos dos veces antes en la investigación.
La oficina del fiscal general “ha desarrollado evidencia adicional significativa que indica que la Organización Trump usó valoraciones de activos fraudulentas o engañosas para obtener una serie de beneficios económicos, incluidos préstamos, cobertura de seguros y deducciones de impuestos”, según la presentación.
James señaló en la presentación que a otro miembro de la familia, Eric Trump, ya se le ordenó el año pasado que hiciera una declaración después de que inicialmente se negó.
James dijo que la investigación reveló que los llamados estados financieros que describían el proceso de valoración de Trump lo hacían “en formas que a menudo eran inexactas o engañosas en comparación con los datos y la documentación de respaldo” que la compañía proporcionó a los contadores.
“Las citaciones a los altos funcionarios actuales y anteriores de la compañía, como las que se discuten aquí, son rutinarias en investigaciones financieras complejas y están ampliamente justificadas aquí”, dijo James en el documento.
La abogada de Trump, Alina Habba, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
James comenzó la investigación en 2019 para determinar si la empresa de Trump había estado manipulando el valor de activos clave. El ex abogado de Trump, Michael Cohen, activó la investigación después de que entregó al Congreso un tesoro de registros financieros de Trump y testificó que su ex jefe “infló sus activos totales cuando sirvió a sus propósitos” y “desinfló sus activos para reducir sus impuestos inmobiliarios”.
En julio, el entonces fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., en cooperación con James, acusó a la Organización Trump y a su antiguo director financiero, Allen Weisselberg, de una serie de delitos asociados con los beneficios no gravados que había recibido el ejecutivo, incluido el uso de artículos de lujo, autos y apartamentos. Weisselberg y la compañía han negado haber actuado mal.
Un enfoque importante de la investigación de James ha sido la evaluación de la Organización Trump de Seven Springs, una propiedad de 212 acres en el condado de Westchester, Nueva York. Su oficina ha estado tratando de determinar si la empresa dio un avalúo preciso de la propiedad cuando sirvió como base para deducciones de impuestos por alrededor de US$21.1 millones por la donación de una servidumbre de conservación para el año fiscal 2015.
El rascacielos de Wall Street 40 de Trump y su hotel en Chicago se encuentran entre las otras propiedades que están siendo examinadas en la investigación de la fiscal general, que se superpuso con la amplia investigación del fiscal de distrito de Manhattan sobre un posible fraude bancario, hipotecario y fiscal.
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Este artículo fue traducido por Miriam Salazar