Ciudad de México — El Congreso mexicano está por discutir una iniciativa de reforma constitucional que pretende dar el control del sector eléctrico al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y subordinar a las empresas privadas, las cuales advierten que las tarifas eléctricas subirán por las ineficiencias operativas y tecnológicas de la empresa estatal, la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Las autoridades argumentan que la aprobación de la reforma eléctrica mantendrá la promesa presidencial de no aumentar las tarifas eléctricas, incluso reducirlas en el largo plazo, como parte de su política de soberanía energética que prioriza, en teoría, a la clase pobre del país.
Uno de los puntos fundamentales de la discusión es el precio de la energía. El Gobierno acusa a las empresas privadas por no reflejar los costos totales en su producción de electricidad, crear un mercado negro que incluye a grandes corporativos como Walmart, Femsa y Cemex que provocan pérdidas para CFE superiores a los MXN$400.000 millones anuales.
En 1992, la administración del expresidente Carlos Salinas de Gortari modificó un reglamento a la entonces ley eléctrica vigente que permitió la llegada de productores privados (conocidos como PIE), que le venden la energía a CFE y que las grandes industrias pudieran autoabastecerse de energía.
La participación privada se amplió aún más con la reforma constitucional de otro expresidente, Enrique Peña Nieto, en 2013, la cual abrió por completo la producción y comercialización de energía, sin tocar la transmisión y distribución.
Como parte de los cambios en el sexenio pasado, las autoridades crearon el Mercado Eléctrico Mayorista, un modelo marginalista altamente volátil donde se negocia 25% de la energía que demanda el país, mientras que el promedio internacional es de 3%.
Lee más: CFE busca competencia en contratos de largo plazo: Mario Morales Vielmas
Con la reforma también surgió un modelo de subastas eléctricas que rompió marcas mundiales por los bajos costos de generación que ofertaron las empresas privadas en México gracias a las tecnologías solar fotovoltaica y eólica por debajo de los MXN$376 pesos (US$18,5 dólares) por MegaWatt-hora (MWh), de acuerdo con el último dato disponible de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
El costo unitario total de los contratos legados para suministro básico de CFE es de MXN$2.031 pesos (US$400 dólares) por MWh, incluso el costo de sus tecnologías intermitentes es mayor en el orden de MXN$545 pesos (US$26,8 dólares) por MWh.
El socio de la consultora Perceptia21 Energía, Paul Sánchez, advierte que los costos de generación renovable en el mercado y de las subastas no son comparables porque persiguen lógicas distintas.
La administración de López Obrador argumenta que el gobierno anterior estableció que los costos de producción eléctrica de las energías renovables son iguales a los costos variables, es decir, el costo del combustible para generación, dejando fuera los costos fijos como inversiones, financiamiento, salarios y mantenimiento.
Pero CFE no pretende reducir ningún costo. La reforma no toca ningún tema de eficiencia como reducción de personal, reestructuración de pasivo laboral y deuda financiera, aspectos que hacen más barata la energía, recuerda el analista.
El cambio constitucional de 2013 dividió a CFE en múltiples subsidiarias y filiales para hacerla más competitiva frente a nuevos jugadores, pero para el CEO actual de la firma estatal, Manuel Bartlett Díaz, se trató de una “carnicería” que incomunicó a la compañía e incrementó sus problemas.
Hoy las subsidiarias de generación de CFE intentan maximizar sus retornos de producción eléctrica, pero al mismo tiempo la subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos (SSB) —la cual atiende a más de 45 millones de clientes mayoritariamente residenciales— busca comprar energía más barata en el mercado mayorista o mediante contratos de largo plazo con las subastas eléctricas.
“Las dos cosas están peleadas entre sí (…) Y si CFE no recupera sus costos con la tarifa, los cubre a través del subsidio del gobierno”, detalló el analista.
Las transferencias de la Secretaría de Hacienda a CFE por subsidios a las tarifas residenciales ascienden a más de MXN$70.000 millones anuales.
Otros costos
La generación eléctrica es solo un componente más de la tarifa, pero hay otros costos. Aunque las energías intermitentes son más baratas, no son continúas y eso tiene un costo que no incluyen en la tarifa, reconoce Santiago Barcón, CEO de la firma energética Baorgg.
En Reino Unido, cuatro millones de clientes se quedaron en manos del Estado porque las empresas suministradoras quebraron por la falta de viento y los sobreprecios del gas, pero las autoridades no podían permitir que los usuarios residenciales pagaran la tarifa más cara porque enfrentarían una revolución social, agregó el ingeniero eléctrico.
El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), encargado de operar el mercado mayorista y las redes de transmisión, señaló previamente a Bloomberg Línea que el problema de la generación intermitente es que utiliza una red eléctrica que no fue diseñada para soportarlas.
Sánchez dijo que las tarifas de transmisión eléctrica, otra de las principales quejas de CFE hacia los jugadores privados por no pagar el costo real por usar sus redes, se diseñaron tomando en cuenta pasivos laborales de CFE que no tiene ninguna otra empresa del sector en México.
Consecuencias
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el principal grupo empresarial del país, ha señalado que si el Gobierno logra cambiar la Constitución mexicana, las empresas buscarán arbitrajes internacionales bajo la protección de tratados comerciales como el T-MEC y TLCUEM, pero quedarían vulnerables las empresas nacionales.
Lee más: CFE debe indemnizar a empresas si cancela contratos, pese a negativa de Bartlett
Barcón considera que son falsos los argumentos de que las tarifas aumentarán si se aprueba o no la reforma según la iniciativa privada y el Gobierno, pues dependen de cuánto cueste el gas estadounidense y cómo México despache la energía con su matriz energética, anclada casi en 60% al hidrocarburo producido en el país que gobierna Joe Biden.
Para el directivo y excomisionado de la CRE, el principal problema del sistema eléctrico mexicano ha sido el modelo marginalista, el cual fija el precio con la planta más cara y paga esa cifra al resto de las centrales que ofertaron energía más barata.
“Un taxista no te cobra el costo de la gasolina, sino por el tiempo que usas el vehículo. Puede vender más barato el viaje, aunque gaste más en gasolina, pero es cuestión de cómo vea el negocio”.
En lugar del mercado marginalista, Barcón propone un esquema de competencia basado en costos medios que incluya la depreciación de las centrales eléctricas para que CFE pueda despachar de forma eficiente y compita con las empresas privadas. De lo contrario, las fotovoltaicas y eólicas privadas siempre despacharán primero.
Sánchez advierte que en un modelo de precios medios cualquier central eléctrica podría vender energía al precio que quiera y ejemplifica con los sobrecostos al interior de un avión: “Cuando te subes, la botella con agua te cuesta a sobreprecio exagerado, y cuando preguntas por qué, la aerolínea dice: porque yo quiero”, comenta.
Pero CFE no persigue un modelo de mercado con precios medios ni marginalista sino un sistema donde la empresa estatal sea la única compradora de energía, según Sánchez.
El lunes 17 de enero, la Cámara de Diputados iniciará el Parlamento Abierto donde discutirá durante casi un mes la reforma eléctrica del presidente.
Te puede interesar:
