Bloomberg — Los grupos de derechos humanos dicen haber identificado a 35 periodistas y activistas en El Salvador cuyos teléfonos móviles fueron infectados con software espía fabricado por la empresa israelí NSO Group.
En un comunicado publicado el miércoles, los grupos de derechos Access Now, Amnistía Internacional y Citizen Lab dijeron que entre las personas atacadas se encontraban empleados de los grupos de medios de comunicación El Faro y Gato Encerrado, además de empleados de organizaciones regionales de derechos humanos y pro-democracia, como Cristosal y la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia.
Un portavoz del grupo NSO declinó hacer comentarios sobre las acusaciones específicas, pero dijo que la empresa proporciona su tecnología “sólo a agencias de inteligencia vetadas y legítimas, así como a las fuerzas del orden, que utilizan estos sistemas bajo órdenes del sistema judicial local para luchar contra los delincuentes, los terroristas y la corrupción”.
“La firme postura de NSO sobre estas cuestiones es que el uso de herramientas cibernéticas para vigilar a disidentes, activistas y periodistas es un grave abuso de cualquier tecnología y va en contra del uso deseado de estas herramientas críticas”, añadió el portavoz.
Los gobiernos y las fuerzas del orden utilizan la tecnología estrella de NSO, conocida como Pegasus, para hackear los teléfonos móviles de las personas y grabar de forma encubierta correos electrónicos, llamadas telefónicas y mensajes de texto. NSO ha argumentado que su tecnología es una herramienta valiosa para localizar a terroristas y otros delincuentes graves. Pero investigadores de seguridad y grupos de derechos humanos han denunciado anteriormente que el software espía de la empresa se ha utilizado a menudo para atacar a disidentes y críticos del gobierno de países como Ruanda, Togo, España, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, México, Marruecos e India.
La NSO se ha visto sometida a una presión creciente en los últimos meses tras una serie de informes de los medios de comunicación que relacionan su tecnología con supuestos abusos. En noviembre, el Departamento de Comercio de Estados Unidos incluyó a NSO Group en su lista negra, acusándola de suministrar programas espía a gobiernos que habían utilizado la tecnología para atacar maliciosamente a funcionarios, periodistas, empresarios, activistas, académicos y trabajadores de embajadas. Desde entonces, NSO ha explorado opciones que han incluido el cierre de su unidad Pegasus y la venta de toda la empresa, informó Bloomberg News.
En el caso de El Salvador, no se sabe quién estaba detrás del intento de piratear los teléfonos de periodistas y activistas. Según Access Now, muchas de las personas atacadas trabajan con organizaciones que han sido perseguidas por el gobierno de El Salvador.
Una portavoz del gobierno de El Salvador no respondió a las solicitudes de comentarios. Una persona familiarizada con las operaciones de NSO dijo que la empresa no tenía actualmente un “sistema activo” en El Salvador, aunque indicó que había habido uno en el pasado.
Las personas cuyos teléfonos fueron infectados con el software espía fueron atacadas entre julio de 2020 y noviembre de 2021, según los investigadores. En un caso, el teléfono de un periodista fue infectado en más de 40 ocasiones distintas, lo que representa “uno de los ejemplos más persistentes e intensos” jamás descubiertos del uso del software espía contra un periodista, dijeron los grupos de derechos en una declaración conjunta.
“Infectar los dispositivos de las personas con el programa espía Pegasus es una violación muy grave de sus derechos”, dijo Gaspar Pisanu, responsable de políticas para América Latina de Access Now. “Se trata de un claro intento de suprimir y controlar la prensa libre en El Salvador. Ningún gobierno ni ninguna empresa tiene derecho a hacerlo”.
Access Now, Amnistía Internacional y una docena de otros grupos de derechos piden a los gobiernos que apliquen una moratoria a la venta, la transferencia y el uso de tecnología de vigilancia como Pegasus de NSO. También piden a las Naciones Unidas que investiguen las presuntas violaciones de los derechos humanos que permite el programa espía Pegasus. “La falta de rendición de cuentas por una conducta tan atroz por parte de las autoridades públicas y las empresas privadas permite que la cultura de la vigilancia florezca y destruya los derechos humanos”, afirman los grupos en un comunicado.
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