América Latina enfrenta un ‘retroceso alarmante’ en derechos humanos: HRW

“Ahora tenemos que defender los espacios democráticos que alguna vez dimos por sentado”, alertó la encargada para las Américas de la organización, Tamara Taraciuk

Un grupo de manifestantes protesta por la falta de alimentos en Caracas, Venezuela. (Foto de archivo)
13 de enero, 2022 | 03:53 PM

Bloomberg Línea — América Latina está experimentando un retroceso alarmante de las libertas básicas en medio de diversos ataques a la sociedad civil, la libertad de prensa y la independencia judicial en los diferentes países de la región, dijo este jueves Human Rights Watch.

La advertencia fue formulada en el marco de la publicación de su Informe Mundial 2022, que analiza las prácticas en torno a los derechos humanos en casi 100 países.

“América Latina está experimentando un retroceso tan alarmante de las libertades básicas que ahora tenemos que defender los espacios democráticos que alguna vez dimos por sentado”, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora interina para las Américas de HRW. “Millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares y países”, y además, “el impacto económico y social de la pandemia ha sido devastador”.

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El director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, escribió en el informe que “la sabiduría convencional en estos días es que la autocracia está en ascenso, la democracia en declive. Esta opinión se ve reforzada por la creciente represión de las voces de la oposición” en países entre los que se cuentan Venezuela y Nicaragua (...) Y se sustenta en la aparición de líderes con tendencias autocráticas en democracias antes o todavía sólidas” como Brasil, El Salvador, “y... hasta hace un año, Estados Unidos”.

A continuación, los principales elementos destacados por el informe de HRW con foco en América Latina

Cuba

  • “El gobierno comete sistemáticamente abusos contra críticos y artistas, incluidas detenciones arbitrarias para acosar e intimidar y los procesamientos se ven plagados de abusos en respuesta a protestas mayoritariamente pacíficas”.
  • “Sigue reprimiendo y castigando prácticamente todas las formas de disidencia. Al mismo tiempo, los cubanos continúan soportando una grave crisis económica”.
  • “En julio, miles de personas salieron a la calle en manifestaciones históricas para protestar por las prolongadas restricciones de derechos, la escasez de alimentos y medicinas y la respuesta a la pandemia de Covid-19. El gobierno respondió con una brutal represión y más de 1.000 personas fueron detenidas”.
  • “El gobierno controla prácticamente todos los medios de comunicación y restringe el acceso a la información exterior. El periodismo independiente sigue prohibido”.
  • “En septiembre, Cuba tenía retenidas a 251 personas que cumplían la definición de presos políticos”.

Nicaragua

  • “Las elecciones de noviembre se llevaron a cabo sin garantías democráticas. El gobierno de Daniel Ortega arrestó arbitrariamente y procesó a más de 30 críticos y opositores, incluidos siete candidatos presidenciales, periodistas y líderes sociales”.
  • “Más de 100 personas opositoras continúan encarceladas en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada en 2018″.
  • “En diciembre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó una ley en la que se prohíbe a los llamados “traidores” a ocupar cargos públicos. En mayo de 2021, la Asamblea Nacional aprobó una reforma que consolida el control del gobierno sobre el proceso electoral”.
  • “La negación, la inacción y la opacidad han caracterizado la respuesta del gobierno a la pandemia de Covid-19″.
  • “La policía, en coordinación con grupos armados, reprimió brutalmente masivas protestas en 2018, dejando más de 300 muertos, 2.000 heridos y cientos de detenidos”.
  • “Nicaragua prohíbe el aborto en cualquier circunstancia desde 2006, incluso cuando un embarazo pone en peligro la vida o es resultado de una violación o incesto”.
  • “No se ha permitido la entrada al país de ningún organismo internacional de monitoreo desde 2018, cuando el gobierno expulsó al Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH”.

Venezuela

  • “En noviembre, el fiscal de la Corte Penal Internacional abrió una investigación sobre denuncias de posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela bajo la supervisión de Nicolás Maduro”.
  • “El gobierno y sus fuerzas de seguridad son responsables de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, ha torturado a detenidos y reprimido a manifestantes. Entre 2016 y 2019, la policía asesinó a más de 19.000 personas, alegando resistencia a la autoridad”.
  • “El gobierno ha encarcelado a los opositores y los ha inhabilitado para presentarse a las elecciones. Hasta octubre había 254 presos políticos. Esta represión dificulta que los votantes puedan ejercer sus derechos libremente”.
  • “Ha utilizado el estado de excepción implantado en respuesta a Covid-19 como pretexto para intensificar su control sobre la población”.
  • “Venezuela se enfrenta a una grave emergencia humanitaria, con millones de personas que no acceden a la atención sanitaria básica y a una nutrición adecuada. El acceso limitado al agua potable en centros de salud y un plan de vacunación empañado por la opacidad pueden haber contribuido a la propagación del Covid-19″.
  • “Aproximadamente el 20% de la población total estimada del país, han huido de su país desde 2014″.
  • “En diciembre de 2020, los partidarios del gobierno se hicieron con el control de la Asamblea Nacional, en unas elecciones de legitimidad discutida, y disolvió la Asamblea Nacional Constituyente establecida para reescribir la Constitución”.

Brasil

  • “El presidente Jair Bolsonaro, apologista de la dictadura militar de su país (1964-1985), ha amenazado al régimen democrático al intentar socavar la confianza en el sistema electoral, la libertad de expresión y la independencia judicial”.
  • “Bolsonaro siguió despreciando las recomendaciones científicas para evitar la propagación del Covid-19, y una investigación del Congreso descubrió pruebas de corrupción en la compra de vacunas”.
  • “Tras dos años en descenso, el número de homicidios aumentó casi un 5% en 2020 con 6.400 personas asesinadas, siendo el último año del que se dispuso de datos públicos, informó la ONG Foro Brasileño. Estos crímenes a manos de la policía alcanzó en 2020 la cifra más alta de la que se tiene registro. Alrededor del 80% de las víctimas eran negras”.
  • “El presidente acosó e insultó a los medios de comunicación y a reporteros individuales 87 veces en el primer semestre de 2021, informó Reporteros sin Fronteras”.
  • “El hacinamiento y los inadecuados servicios de atención sanitaria que prevalecen en los centros de detención crearon un mayor riesgo de brotes de Covid-19″.
  • “En las elecciones locales de 2020 fueron elegidas unas 30 personas trans, pero varias de ellas denunciaron amenazas tras tomar posesión de sus cargos el año pasado, incluida una concejala de Río de Janeiro que tuvo que abandonar el país temporalmente”.
  • “En 2020, más de un millón de casos de violencia doméstica y unos 5.500 casos de feminicidio quedaron pendientes de resolución judicial”.

México

  • “Violaciones de los derechos humanos como la tortura, las desapariciones forzadas, los abusos contra los migrantes, las ejecuciones extrajudiciales, la violencia de género y los ataques a periodistas independientes y activistas han continuado bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO)”.
  • “El sistema judicial no suele dar justicia a las víctimas de delitos y violaciones de los derechos humanos. Sólo el 5,2% de los delitos cometidos en México se resuelven, según el grupo no gubernamental México Evalúa”.
  • “De 2013 a 2020 la CNDH recibió 3.799 quejas por abusos militares. López Obrador ha ampliado enormemente el alcance de los militares en la seguridad y ahora pueden detener legalmente a civiles, hacerse cargo de las escenas del crimen y preservar las pruebas. Bajo los gobiernos anteriores, encargar a los militares estas tareas ha contribuido a encubrir graves abusos de los derechos humanos”.
  • “Miles de personas desaparecen cada año en México. La policía, el ejército y los grupos criminales son responsables de muchas desapariciones”.
  • “En noviembre, el gobierno emitió un decreto para que los proyectos prioritarios de AMLO reciban automáticamente permisos sin revisión y estén exentos de las leyes de transparencia”.
  • “Los periodistas y activistas -en particular los que critican a los funcionarios públicos o exponen el trabajo de los cárteles - suelen ser objeto de ataques, acoso y vigilancia por parte de las autoridades gubernamentales y los grupos criminales”
  • “México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, comparado con zonas de guerra como Siria y Afganistán en número de periodistas asesinados, según Reporteros sin Fronteras”.
  • “Las leyes mexicanas no protegen adecuadamente a las mujeres y niñas contra la violencia sexual y de género. Algunas disposiciones contradicen las normas internacionales”.
  • “El gobierno de López Obrador no ha tomado muchas de las medidas recomendadas mundialmente para limitar la propagación del Covid. Las autoridades sanitarias han calificado las pruebas a gran escala de ‘inútiles’ y ‘una pérdida de tiempo’, a pesar de la insistencia de la Organización Mundial de la Salud en su importancia”.
  • “Como uno de los 15 principales emisores de gases de efecto invernadero del mundo, México está contribuyendo a la crisis climática que se está cobrando un precio cada vez mayor en los derechos humanos en todo del mundo”.

En El Salvador, el presidente Nayib Bukele y sus aliados en la legislatura reemplazaron en su mayoría a los jueces de la Corte Suprema con los que no estaban de acuerdo y aprobaron leyes para destituir a cientos de fiscales, apunta el informe de HRW, Los nuevos jueces nombrados dictaminaron que podían postularse para la reelección consecutiva, a pesar de una prohibición constitucional. El gobierno también propuso un proyecto de ley de “agentes extranjeros” que, de aprobarse, restringiría severamente el trabajo de los periodistas independientes y las organizaciones de la sociedad civil.

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En Colombia, miembros de la Policía Nacional responden a protestas dispersando arbitrariamente a los manifestantes y usando fuerza excesiva. La violencia y los abusos por parte de grupos armados, incluidos asesinatos, masacres y desplazamientos forzados, aumentaron en áreas remotas donde falta la presencia de instituciones estatales y oportunidades económicas, encuentra el reporte. Más de 450 defensores de los derechos humanos han sido asesinados en Colombia desde 2016, informó la ONU.

Colombia, así como Chile, Ecuador y Perú, donde las fuerzas de seguridad cometieron graves abusos contra los manifestantes en los últimos años, deben tomar medidas significativas para reformar su fuerza policial o elaborar un marco legal, de acuerdo con la organización.

Mientras tanto, en Argentina, Bolivia, y Guatemala, varios esfuerzos para socavar la independencia judicial o utilizar el sistema de justicia con fines políticos han amenazado los equilibrios democráticos, dice el informe.

Finalmente, la pandemia y la crisis económica, el asesinato del presidente Jovenel Moïse, la violencia de bandas a menudo vinculadas a actores estatales y un terremoto de magnitud 7,2 exacerbaron la inestabilidad política existente en Haití, indica.

Algunos avances

HRW destaca que en diciembre de 2020, Argentina aprobó un proyecto de ley para legalizar el aborto en las primeras 14 semanas de embarazo y, en 2021, cuatro estados de México despenalizaron el aborto hasta las 12 semanas. La Corte Constitucional de Ecuador y la Corte Suprema de Justicia de México dieron un paso hacia la flexibilización de las restricciones al aborto, lo que puede impulsar un mayor progreso.

El Senado de México aprobó una reforma innovadora a la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para garantizar que los albergues y los Centros de Justicia para la Mujer sean accesibles para las mujeres con discapacidad, mientras que el Congreso de Chile aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo, y Argentina reconoció identidades de género no binarias en documentos de identidad oficiales, el primer país de América Latina en hacerlo.

La Corte Suprema de Brasil bloqueó algunas de las políticas más dañinas del presidente Bolsonaro y defendió los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo de Guatemala ha seguido expresando su preocupación por los intentos de socavar los derechos fundamentales, incluso cuando enfrentó varios intentos por parte del Congreso para destituir al titular de su cargo.

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