Bogotá — Son varios los retos que enfrenta el mercado laboral colombiano para generar más empleos de calidad, pagar mejores salarios y cerrar brechas. Con este panorama, en plena crisis por el covid-19 que impactó ampliamente este mercado, se instaló una Misión Empleo en julio de 2020 que hoy entrega resultados.
Para hacer un diagnóstico y entregar resultados sobre cómo mejorar el mercado laboral, que requiere hacer varios cambios en conjunto, el economista mexicano Santiago Levy -arquitecto principal del programa social Progresa-Oportunidades que beneficia a la población vulnerable de México vía transferencias condicionadas- se unió al equipo de expertos de la Misión.
Ver más: Desempleo de Colombia sigue en doble dígito, en noviembre fue de 10,8%
“El mercado laboral en Colombia funciona mal. Como resultado, la mayoría de los trabajadores recibe protección social deficiente y tiene empleos precarios, con pocas posibilidades de mejora durante su carrera profesional”, empezó diciendo Levy en su intervención sobre los resultados de la Misión Empleo.
En sus palabras, el mal funcionamiento del mercado laboral proviene de:
- Malos incentivos de la protección social asociados a la forma en que se financia y a la calidad y reglas de acceso a sus beneficios.
- Deficiencias en los mecanismos para proteger a trabajadores contra el despido.
- Un salario mínimo muy alto relativo a la distribución salarial.
- Un sistema de formación para el trabajo que no conecta con las demandas del sector productivo.
- Debilidad en los mecanismos de fiscalización e impartición de justicia laboral.
Recomendaciones generales de la Misión
- Construir una visión objetivo que amplíe y mejore la protección social en el contexto de un mercado laboral menos segmentado y más favorable a la productividad.
- Diseñar un proceso de reformas consistente para alcanzar lo anterior.
- Separar el papel del salario mínimo como piso y umbral.
- Como piso: reconocer las especificaciones del trabajo rural y la variabilidad en el tiempo de las jornadas, pues más del 75% de los trabajadores rurales tienen ingresos inferiores a un salario mínimo. Además, se sugiere contemplar salarios diferenciales para jóvenes.
- Como umbral: desvincular pensiones del salario mínimo (indexar al IPC), usar pensión no contributiva como garantía de pensión mínima y desvincular las aportaciones de los trabajadores para las pensiones de retiro y seguros de invalidez y muerte.
- Renovar los instrumentos de protección al cesante: seguro de desempleo ampliado que además de proveer ingresos monetarios al trabajador durante el desempleo, lo proteja contra los riesgos de invalidez y muerte y lo ayude a continuar su ahorro para el retiro. Uso más eficaz de cesantías, revisar los criterios de causa justa de despido en caso de cambio tecnológico y shock de demanda.
- Renovar y fortalecer las instituciones de fiscalización e impartición de justicia laboral adecuándolas al entorno que se derivaría al adoptar los primeros cuatro lineamientos: (i) menos contribuciones a la nómina con mayor valor para el trabajador reducen incentivos a evadir, (ii) vincular fiscalización de la obligación de ahorrar para el retiro con el cumplimiento del impuesto sobre la renta, (iii) reducir la litigiosidad de las relaciones entre empresas y trabajadores por contrato realidad y causa justa y (iv) mayores recursos.
- Reorganizar las instituciones de capacitación y formación de recursos humanos para asegurar una fuerza de trabajo más atractiva para el sector productivo.
Como parte de las conclusiones, Santiago Levy aseguró que lo anterior no es un modelo, ni una camisa de fuerza, sino lineamientos que se pueden debatir. “No es borrón y cuenta nueva, es empezar desde donde estamos y empezar a hacer ajustes graduales”.
“Una lección del proceso de reformas vivido por Colombia en las últimas tres décadas es evitar reformas aisladas que no consideren su interacción con el resto de las políticas que inciden directamente sobre el mercado laboral”,
Santiago Levy, líder internacional de la Misión Empleo.
