Ciudad de México — La inversión en energía eólica se desplomará 40% durante 2022, advirtió la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE).
Leopoldo Rodríguez, presidente de la asociación, precisó que el desembolso del sector privado en México este año será de US$900 millones, desde los US$1.500 millones registrados durante 2021, durante un taller virtual sobre la situación del sector.
La cifra corresponde a proyectos que siguen sin permiso para entrar en operación o que se encuentran en etapas finales de construcción.
“Hacia adelante la verdad es que no hay mucho más, quisiéramos que hubiera mucho más”
respondió el representante empresarial a Bloomberg Línea durante la reunión.
Rodríguez agregó que la reforma frenaría la instalación de al menos 7.000 MegaWatts de capacidad instalada que representan inversiones en el orden de US$7.000 millones.
Hoy México tiene 69 parques eólicos en operación en 15 estados que representan 8,6% de la capacidad instalada de generación eléctrica en el país, con una inversión de US$13.000 millones. Las subastas de Largo Plazo del sexenio anterior, canceladas por la actual administración, adjudicaron 2.200 MW en proyectos eólicos que representan US$3.526 millones en inversiones.
El Gobierno ha señalado que las inversiones del sector privado en energías renovables fueron financiadas parcialmente por la banca de desarrollo del Estado mexicano.
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su equipo energético han criticado y bloqueado a la tecnología eólica y solar del sector privado por ser caras y representar un riesgo para la operación del Sistema Eléctrico Nacional. Por ejemplo, la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) señaló que el apagón eléctrico de diciembre de 2020 fueron por irregularidades en las instalaciones de una central eólica San Carlos de la empresa Acciona.
Tras varios intentos fallidos por restringir su operación en México, el mandatario envió una iniciativa de reforma constitucional al Congreso para privilegiar al gigante estatal que dirige Manuel Bartlett Díaz y restringir la participación de empresas privadas que permitieron los gobiernos priistas de Carlos Salinas de Gortari en 1992 y Enrique Peña Nieto en 2013.
La polémica propuesta incluye cancelar todos los permisos y contratos del sector eléctrico, desaparecer a los reguladores, regresar al operador del sistema y mercado eléctrico a las filas del gigante estatal y fijar una participación máxima de 46% del mercado a los jugadores privados.
Para el presidente de AMDEE, la reforma del presidente implica mayores costos de generación eléctrica, aumentos a los compradores de energía de CFE, incremento para auto consumo, uso de centrales que utilizan combustibles caros y contaminantes.
Según Rodríguez, la iniciativa presidencial privilegia criterios políticos sobre el análisis técnico sin objetivos de beneficios concretos mediante un modelo energético “agotado” de 1960 sin prioridades ambientales.
”Ninguna empresa en el mundo, sea pública o privada, puede sola con este reto sin precedentes, debemos trabajar en conjunto a favor de un objetivo en común”, concluyó el representante empresarial.
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