Bloomberg Línea — El mundo cripto no solo es famoso por las búsquedas de Google, donde por días alcanzó el máximo de popularidad en 2021 en la medición que realiza la compañía, sino también por el dinero que moviliza. Las transacciones que se realizan ya han pasado a representar miles de millones de dólares, lo que hace que a los gobiernos de todo el mundo les sea cada vez más difícil ignorar a la industria. Entre las autoridades que han tenido que ver con atención el desarrollo de este sector no solo están los bancos centrales, sino también las agencias encargadas de cobrar impuestos.
Estados Unidos es un ejemplo de ello. Junto con Canadá, movilizó US$756.000 millones en valor de criptodivisas recibidas entre junio de 2021 y julio de 2020, según un informe que realizó Chainalysis. El porcentaje representó 18% del valor global. Semejante monto, que equivale a 3% de la economía estadounidense, no ha sido ajeno a las autoridades de ese país, que cada vez acogen la idea de regular a esta industria.
En el paquete de la ley de infraestructura de Joe Biden, una de las banderas de su agenda de gobierno, se incluyó un artículo que obliga a que todas las transacciones de activos digitales por valor de más de US$10.000 se reporten ante el Internal Revenue Service (IRS), encargado de recaudar impuestos. Se calcula que estos requisitos dejarán ingresos por US$28.000 millones a lo largo de10 años.
América Latina no ha sido ajena a esta tendencia. La región, según el informe de Chainalysis, movilizó US$353.800 millones en de criptodivisas entre junio de 2021 y julio de 2020. Esto no solo es superior a lo que producen en un año economías de la región como la de Colombia o Chile sino que representa aproximadamente 9% de toda la actividad de las transacciones que se realizan en el mundo cripto a nivel global.
Por ello, si de aumentar el recaudo de impuestos se trata, el radar empieza a ubicar a estas transacciones en la región. Según el Annual Global Crypto Tax Report que elabora PwC, hay seis países de América Latina que clasifican en el índice que evalúa cómo han aparecido los impuestos a las criptomonedas, que empiezan a ser consideradas parte del patrimonio de quienes las utilizan.
Los más claros en su regulación
Entre los países de América Latina, Colombia lidera el ranking que elabora PwC, el cual mide el grado de claridad de las orientaciones fiscales para las transacciones con estos activos digitales, a pesar de que no tiene una legislación específica para imponer algún tributo al mundo cripto.
Estos tokens son considerados activos intangibles que forman parte del patrimonio de las personas, por lo que cuando se realiza una transacción esta queda sujeta al impuesto sobre la renta, según el análisis de PwC. Algo similar sucede con la minería de las criptomonedas, la actividad que permite obtenerlas a cambio de resolver problemas matemáticos. La agencia tributaria de Colombia establece que esta actividad es un servicio y las criptodivisas son un ingreso en especie que debe ser gravado en el impuesto de renta.
Un análisis de Amcham Colombia agrega que la actividad relacionada con la compra y venta de criptomonedas no tiene ninguna incidencia en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pues “no está relacionado con la propiedad industrial y por tanto no cumple con el hecho generador de este impuesto”.
Para Carlos Mesa, presidente de la Fundación Colombia Bitcoin, no ha habido claridad en torno a las responsabilidades fiscales que hay por transar con estos activos digitales. Colombia comenzó un piloto para el manejo de criptoactivos, regulado por la Superintendencia Financiera y en el que participan los bancos más grandes del país, aunque para Mesa han faltado directrices en torno a los impuestos.
“En estos momentos falta mucha claridad o que de pronto le hagan un bracket especial a las criptomonedas para que haya algunas especificidades y que hagan más fácil el pago de impuestos. Sería mucho más interesante. Estamos interesados en que eso pase y sería una consecuencia de la prueba piloto”, añadió Mesa.
Otro de los países que queda bien parado en el ranking que elabora PwC es El Salvador, que se convirtió este año en el primer país en adoptar al bitcoin como moneda de curso legal en todo el mundo. Precisamente, la ley que lo permitió dejó claro que podrá ser utilizado para el pago de las obligaciones fiscales y establece que los intercambios en esta criptomoneda no estarán sujetos al impuesto sobre las ganancias de capital.
Además, el presidente Nayib Bukele anunció a finales de noviembre la primera Ciudad Bitcoin, ubicada en la ciudad costera de Conchagua y que estaría financiada por fondos basados en la criptomoneda. El salvadoreño prometió que en la ciudad no se tendría que pagar prácticamente ningún impuesto a excepción del IVA al punto que, según su presentación, impuestos a la vivienda, a la renta, al capital y tasas municipales serían de 0%.
“Los únicos impuestos que van a tener en ‘Bitcoin City’ es el IVA, la mitad se usará para pagar los bonos de la municipalidad y lo demás para la infraestructura pública y el mantenimiento de la ciudad”, dijo en ese momento el presidente de El Salvador.
En el cono sur del continente, Argentina también ha dado señales de imponer responsabilidades tributarias a las criptodivisas. Según un decreto publicado el 17 de noviembre, las transacciones que involucren criptomonedas ahora estarán sujetas al llamado impuesto al cheque, que antes no las cobijaba como si fueran transferencias en efectivo.
Este tributo se cobra a tasas de hasta el 0,6% sobre las transacciones bancarias. Adicionalmente, según explicó Bloomberg, las ganancias de capital obtenidas por las criptomonedas están sujetas al impuesto sobre la renta desde 2017.
Otros casos en América Latina
Colombia y Argentina no son los únicos países que se han encaminado a imponer obligaciones fiscales en la región.
La Guía de impuestos sobre criptomonedas y bitcoin que desarrolló Buda, uno de los exchanges más grandes de la región, indica que en el caso de Chile, si se obtuvo una utilidad por la venta de esta clase de activos, la persona puede estar sujeta a impuestos. Lo mismo sucede cuando los compra o si se paga bienes y servicios con criptodivisas.
En el caso de que se reciba un pago con estos token se consideraría un pago en especie, por lo que podría calcularse para efectos de determinar la renta líquida gravable.
Algo similar sucede en Perú, donde la enajenación de criptomonedas cuenta para el impuesto de renta, al igual que tendrían una responsabilidad fiscal si se reciben estos activos minados.
Paraguay, aunque no sale en el índice de Pwc, cuenta con la ley de activos intangibles, que establece que cualquier poseedor de cripto debería ingresarlo a la contabilidad como un bien de cambio. No obstante, según Juanjo Benítez Rickman, CEO de Digital Assets, una empresa cripto de ese país, todavía hay desconocimiento en cuanto a esta normatividad.
“El impuesto que se pagaría sería del 10% al momento de venderlo, si es que se vende a un precio superior del comprado y de esa manera generara una ganancia”, aseguró.
La claridad no es la norma
Panamá y México también están incluidos en el índice que elabora PwC, aunque están en los últimos lugares. En el caso del primero, a pesar de que hay un proyecto de ley para regular las criptomonedas, el análisis de la firma de consultoría considera que no hay claridad sobre cómo se debe aplicar el régimen fiscal a esta industria.
“Las actividades realizadas a través de este u otro instrumento de esa categoría no son competencia de la Superintendencia de Bancos de Panamá ni de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. Sin embargo, estos reguladores no prohíben las criptodivisas y se mantienen actualmente neutrales”, advierte el informe.
México tampoco tiene regulación o lineamientos fiscales sobre la tributación de las criptomonedas e incluso el Banco Central de México ha dicho que estas no son un medio de pago reconocido, aunque no hay una restricción expresa sobre su uso.
Además, no hay un régimen de impuesto al IVA o sobre bienes y servicios para esta industria, agrega el documento del PwC.
Pese a esto, la firma de consultoría destaca que el ritmo con el que han avanzado las criptomonedas ha ido de la mano de la regulación que empiezan a desarrollar los gobiernos de todo el mundo, incluyendo los impuestos que cobran, porque su adopción comienza a ser tal que las autoridades fiscales, que hasta el momento habían guardado silencio, tendrán que comenzar a hablar.
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