QUITO — Los datos oficiales revelan que alrededor de 450.000 personas se beneficiarán de la subida a US$ 425 del salario mínimo en el país, lo que representa al 18% de los trabajadores del sector privado. El alza de 6,25% se concretó el pasado lunes, luego de que el presidente Guillermo Lasso emitiera el decreto ejecutivo correspondiente.
SOLO 5,42% DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
Sin embargo, estos 450.000 trabajadores representan apenas 5,42% de la población económicamente activa del país, que llega a 8,3 millones de personas, y es una cifra muy por debajo de los 5,3 millones de ciudadanos cuyas condiciones de empleo no son estables ni formales y, por lo tanto, no se beneficiarán del incremento. Sin contar con los desempleados, que a octubre de 2021 llegaban a 384.204.
A pesar de ello, el Gobierno cree que esta es una forma de apoyar a los más vulnerables del sector formal trabajador y sus representantes afirman que el aumento no debe ser percibido como una sorpresa. “El ciudadano sabía que en diciembre el presidente Lasso tenía la decisión de cumplir su promesa de campaña. De tal manera que no hay razón de extrañarse de que el presidente haya cumplido su palabra”, dijo el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, en una reunión con la prensa.
Durante la campaña electoral, el actual mandatario hizo hincapié en que en su Gobierno el salario mínimo pasaría de US$ 400 a US$ 500 en cuatro años, por lo que se esperaría una subida similar para 2023, 2024 y 2025.
LOS EMPRESARIOS NO ESTÁN CONTENTOS
Pero para los empresarios, el aumento salarial responde únicamente a una estrategia política que ha dejado de lado lo técnico. De acuerdo con la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), si se aplicaba la fórmula que toma en cuenta ocho factores de la economía como la inflación y la productividad, el incremento no debía superar los US$ 2,6.
“El incremento se vuelve hacer de manera anti técnica. No se toman en cuenta temas como productividad laboral, crecimiento económico ni la inflación. Perdemos competitividad en relación a otros países. Ahora, Ecuador va tener el segundo salario básico unificado más alto de la región y la productividad más baja”, señala la CCQ en su estudio denominado Análisis del Salario Básico Unificado Ecuador.
A decir de la agrupación, la subida no responde al varadero problema del país “que es permitir el aumento de personas con empleo formal”. El titular del gremio, Carlos Loaiza, considera que “el incremento del salario no abona a que los 7 de cada 10 ecuatorianos (que no cuentan con un trabajo formal) tengan una opción de empleo”.
Los empresarios aseguran que el aumento desmotiva a las compañías a contratar a más personal, porque aunque se incrementan US$ 25 mensuales, el costo real por cada trabajador asciende a US$ 35,09 debido a las prestaciones adicionales que se deben tomar en cuenta y que suben a la par del salario.
Por ejemplo, el aporte a la seguridad social que paga el empleador por cada trabajador pasa de US$ 44,60 a US$ 47,39, la carga mensual por los sobresueldos (dos al año) se eleva de US$ 33,33 a US$ 35,42, al igual que el pago por vacaciones, que aumenta de US$ 16,67 a US$ 17,71. Así, si antes un trabajador le costaba a la compañía US$ 561,27 mensuales, desde enero será US$ 596,36.
“Ecuador tiene el tercer salario más alto de la región y una de las productividades más bajas. El crecimiento de la productividad ha caído fuertemente en los últimos años. El salario crece y la productividad está estancada”, añade el reporte de los empresarios.
EL GOBIERNO YA LO ADVIRTIÓ
Desde el Gobierno refutan esta idea y creen que “se hace justicia con quienes más han padecido esa pandemia”. Así lo dijo el ministro Donoso al insistir en que “no se han hecho aumentos salariales significativos en los últimos seis años” y que “todo el sistema productivo sabía que tenía que hacer un aumento”.
También cree que quienes más se favorecerán de aquello son las pequeñas y medianas empresas, que en el Ecuador representan el 92%, pues las familias beneficiarias les comprarán a ellas. “Las mipymes son quienes más se beneficiarán”, agregó el secretario de Estado al asegurar que la decisión de subir el salario mínimo sí fue técnica y no solo política, pues se tomaron en cuenta los parámetros que establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “que toman en cuenta la necesidad del trabajador, la inflación y el crecimiento del PIB”.
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