Bloomberg Línea — El presidente panameño, Laurentino Cortizo, derogó el decreto con el que se había establecido un procedimiento para otorgar certificados de acreditación de uso de suelo en áreas protegidas y que fue demandado por organizaciones ambientalistas ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
El argumento de las organizaciones era que el decreto le abría la puerta al Ejecutivo a que se diera una apropiación privada de áreas protegidas, a pesar de que esto está prohibido por la Constitución y es un delito que tiene penas de cinco a 10 años de prisión.
“En lugar de fortalecer las pocas herramientas de control y administración que tiene, al emitir el Decreto Ejecutivo 141 el Ministerio de Ambiente favorece la invasión de las áreas protegidas y también le cede parte de sus competencias como ente rector de los recursos naturales y administrador de las áreas protegidas a la Autoridad Nacional de Tierras”, dijeron en un comunicado las ONG a finales de noviembre.
Agregaron que “la norma demandada no se sustenta en ningún tipo de estudio o estadísticas sobre la ocupación humana dentro de las áreas protegidas del país, y tampoco pasó por un proceso de consulta pública o alguna forma de participación ciudadana”.
La decisión del Gobierno se dio a conocer en la Gaceta Oficial publicada el lunes 14 de diciembre, aunque ya había sido adelantada por Cortizo y su ministro de Ambiente, Milciades Concepción. La medida se tomó luego de una reunión que sostuvieron con los habitantes de Miguel de la Borda, en el distrito de Donoso, provincia de Colón, ubicada en la costa caribeña de Panamá, quienes les manifestaron su inconformismo con la iniciativa.
Luego de que se emitiera el primer decreto, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras comenzó la entrega de las solicitudes en este distrito y en el de Omar Torrijos, ambos en Colón. Ahora que se derogó, se creará una mesa técnica con los habitantes para buscar una solución para estos dos distritos, pues argumentan que no quieren certificados de suelo, sino títulos de propiedad, según informó el diario La Prensa.
“Ese es un problema histórico, ya que toda la comunidad de ambos distritos quedó dentro del área protegida y no puede tener títulos de propiedad. Una posible salida sería sacar a la comunidad del área protegida, pero eso lo verá la mesa técnica de Gobierno”, dijo Concepción la semana pasada.
El decreto con el que se derogó la medida establece que cualquier decisión deberá ser sometida a una consulta pública.
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