Bogotá — En Colombia, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) representan el 96% del sector productivo, generan el 40% del Producto Interno Bruto (PIB) y más del 80% del empleo nacional. Estas son algunas de las razones de por qué un aumento demasiado alto del mínimo impactaría en gran medida a las mipymes del país.
En estos días, uno de los temas principales de conversación en el país tiene que ver con cuánto subirá el salario mínimo para el próximo año. El Gobierno Nacional ya reveló sus cartas, propone un aumento de 10,07% o alrededor de $91.500 para que el sueldo mínimo, sin incluir el subsidio de transporte, pase de $908.526 en 2021 a $1 millón en 2022.
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Esta propuesta ha despertado amores y odios en la opinión pública por los efectos que ello traería en la informalidad laboral, por ejemplo. Los expertos y centros de pensamiento como Fedesarrollo han dicho que el aumento debería ajustarse más en el orden del 7%-8% teniendo en cuenta que la inflación de 2021 sería superior al 5%, sumado a que la productividad total de factores es de 1,19%, según el Dane.
En diálogo con Bloomberg Línea, Rosmery Quintero, líder del gremio que reúne a las micro, pequeñas y medianas empresas del país (Acopi) dijo que apoyarán la propuesta del Gobierno Nacional de un aumento de 10,07% que lleve el salario mínimo al millón de pesos, pero piden ayuda estatal para soportar dicha subida.
Quintero expuso que “para que las mipymes puedan soportar ese incremento se requiere que algunos de los instrumentos para recuperar empleo perdido como el Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef) se extiendan más allá de 2021″.
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Hay que recordar que en la reforma tributaria aprobada en el Congreso a inicios de septiembre se acordó ampliar el Paef hasta diciembre de 2021, con la opción de prorrogarlo hasta 2022. Este programa se creó con la finalidad de otorgar subsidios a los empleadores que sufrieron pérdidas económicas por la pandemia, para mantener los empleos formales.
Además de que se extienda el Paef y focalizarlo a empresas de sectores que están teniendo mayores pérdidas por no poder operar al 100% debido a la crisis y sus restricciones, la líder del gremio de las mipymes dijo que en 2022 hay que hacer una reforma laboral estructural que revise a fondo los parafiscales.
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Quintero también aseguró que aunque apoyan la propuesta del Gobierno de que el mínimo aumente a $1 millón, consideran que dicho aumento “no va a contribuir a reducir la informalidad, eso es más vía a hacer algunos ajustes y acompañarlos con algunos incrementos en el apoyo al desarrollo empresarial”.
Vale decir que, según los más recientes datos del Dane, en el trimestre móvil de agosto -octubre de este año la informalidad laboral para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue 48,1%. Es decir, casi la mitad de los ocupados en estos territorios tiene un empleo con condiciones precarias.
Sobre cómo lograr que haya mejor desarrollo empresarial en el país, la dirigente gremial expuso que hay que trabajar en reducir la informalidad. “Tenemos un país con microestablecimientos, que en alguno de los casos tienen buen margen de utilidad, sin embargo no son riqueza, sino que les permite subsistir. Por ello, como país deberíamos ser conscientes de que la informalidad existe para ayudarlos y que comiencen más adelante a hacerle mayores aportes al país”.
Así las cosas, Quintero asegura que el país debería focalizar mejor las ayudas y dejar de tener miedo a “las subvenciones directas al sector empresarial”. Además, enfatiza en la necesidad de trabajar en flexibilizar algunos aspectos del mercado laboral y contratación.
