Bogotá — El control de precios, un remedio venenoso para la inflación de América Latina
Aunque gobiernos de varios países han intentado por esa vía atajar la escalada del costo de vida, lo cierto es que el IPC en la región hace estragos.
El 2021 ha sido el año en el que los gobiernos latinoamericanos han intentado salir del hueco en que cayeron las economías durante el 2020 como consecuencia de la pandemia.
Perú, Colombia o Chile, dan muestras de una buena dinámica económica este año. El desempeño de sus economías ha hecho que constantemente se revisen al alza las proyecciones de crecimiento.
Pero la reactivación de la economía ha traído consigo la reactivación de la demanda y el consumo, con lo cual los precios también van al alza y las proyecciones mes tras mes dan una expectativa más alta.
Pero esto sucede en toda la región. Cuando Mauricio Macri dejó el poder en 2019, la inflación en Argentina alcanzó un 53,8%, siendo la tercera más alta del mundo, tan sólo por detrás de Venezuela (200.000%) y Zimbabwe (161,8%).
Con la llegada de Alberto Fernández a la presidencia, la convicción de bajar la inflación era tan fuerte, que las proyecciones para 2021 fueron de 29% al terminar el año. Con esa finalidad se mantuvieron programas tales como, Precios Cuidados un plan que data de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en 2014, y que se mantiene hasta el día de hoy.
Su objetivo es ofrecer una canasta de “precios de referencia” para alimentos y productos de primera necesidad que se comercializan en grandes superficies.
Este programa se fue prorrogando con la incorporación de productos de primera marca y la resistencia de los empresarios contra los controles de precios, a medida que sus costos se incrementan en un contexto inflacionario.
Pandemia de por medio, la inflación comenzó a acelerarse y tras varias reformulaciones por parte del Gobierno, se estableció un horizonte de 50,9% de inflación para este año.
Con los precios en góndola ejerciendo presión sobre el IPC, durante el año se establecieron nuevos programas de control que se fueron sumando de manera continua.
La Ley de Góndolas para evitar la concentración de marcas; Precios Máximos, que retrotrajo precios para evitar alzas durante la emergencia sanitaria; Súper Cerca, que fijo los precios de 70 productos básicos; Cepo a la carne, que restringió las exportaciones de carne; entre otras medidas.
La inflación alcanzó en octubre 3,5% emulando al índice de septiembre, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), lejos de desacelerarse continúa en ascenso en los últimos meses del año. Con este nuevo dato, el acumulado de los diez meses del año alcanza el 41,8% y se posicionó en 52,1% en la variación interanual.
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Todos contra la inflación
La inflación que se convirtió en la nueva pesadilla de la que todos buscan escapar alcanzó en México un 7,05% en la primera quincena de noviembre, su mayor nivel en 20 años.
Desde agosto, Andrés Manuel López Obrador, presiente mexicano, dijo respaldar los esfuerzos que el banco central venía realizando con la decisión, a partir de junio, de aumentar las tasas elevando los costos de endeudamiento para contener al indicador. Sin embargo, hasta ahora no han logrado mucho éxito ante presiones externas y la preocupación que los formuladores de política ya dejaban ver desde mediados de año ha aumentado también.
“Banxico sólo ha tomado medidas limitadas para intentar atajar la inflación por encima del objetivo, ya que su ciclo avanza de manera gradual, especialmente en comparación con otros bancos centrales de la región (por ejemplo, Brasil y Chile)”, dijo en un correo a Bloomberg Línea Nikhil Sanghani, economista para América Latina de la consultora Capital Economics. “Para ser justos, muchos de los factores que impulsan la alta inflación están fuera del control del banco central, como el aumento de los precios mundiales de la energía, la reapertura de la economía y la escasez mundial de suministros, pero Banxico podría actuar con más decisión, quizás con subidas de tipos de 50 puntos básicos para reducir los efectos de segunda ronda y aliviar el riesgo de que las expectativas de inflación se desvíen hacia arriba”.
Entre otras apuestas para hacer frente al alza de los precios, López Obrador anunció en julio la creación de Gas Bienestar, empresa estatal operada por Petróleos Mexicanos como alternativa para la distribución de gas LP, que en ese mes tuvo un alza del 35% anual. El mandatario afirmó que esta acción respondía a que no había logrado cumplir con la promesa de que no aumentara los costos.
¿Funcionó el tope de precios?
La inflación anual de México se desaceleró en agosto a 5,59% como consecuencia del tope de precios que impuso el Gobierno al gas para cocinar, sin embargo, las alertas sobre la tendencia alcista de la inflación no se desactivaron, ya que la inflación retomó su tendencia alcista en septiembre y escaló a 6%.
El Banco de México en su más reciente Informe Trimestral Julio-Septiembre 2021, indicó que la baja en la inflación de agosto fue “una reducción de una sola vez” y señaló que los precios máximos de ese energético han registrado incrementos derivados de las presiones que se han continuado presentando en las referencias internacionales.
El 31 de agosto el subgobernador de Banxico, Jonathan Heath, declaró que el control de precios del Gas LP puede ser que ayude a reducir la inflación en el corto plazo, sin embargo, enfatizó que hay una larga experiencia internacional sobre que los controles de precios al final de cuentas no terminan funcionando y crean una cantidad extra de distorsiones en la lectura de la inflación.
Enfocados en la reactivación
A pesar de que la inflación ha sido considerablemente más alta de lo que el Banco de la República en Colombia tiene como meta, las medidas para llevarla de nuevo al objetivo no han sido distintas a las que la política monetaria tradicional ofrece.
De hecho, al consultar con analistas estos coinciden en que el mayor esfuerzo que está haciendo el país es el de asegurar que la economía tome fuerza y reactive la generación de empleo y la demanda, y con ello, si bien los precios irán al alza, también lo hará la inflación.
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No obstante, si bien el banco central ha subido sus tasas de interés en 75 puntos básicos, hay factores, como las afectaciones a los canales de distribución internacionales, que no responden a dicho grupo de medidas.
Actualmente la inflación en Colombia en sus últimos 12 meses es de 5,26% y en lo corrido del año ya está en 4,86% (dato a noviembre) por lo cual el equipo técnico del Emisor espera que termine muy cerca del 5%.
En Colombia producto de la pandemia y de la subida de la inflación no se han adoptado medidas de control de precios, sin embargo, algunos, como los combustibles siempre están sujetos a la regulación de la autoridad estatal. La inflación sin alimentos, que son el componente más volátil, y de regulados, es del 2,54%, ha subido 187 básicos este año, pero aún se mantiene debajo de la meta del Emisor, de 3%.
Si se revisa cómo ha sido la inflación de estos dos grupos se observa que es de 10,75%, es decir, la mayor parte del IPC total a noviembre responde a la inflación de alimentos y regulados. Para los próximos meses, según los sondeos del banco central con el mercado, se espera que las tasas sigan al alza hasta ubicarse alrededor del 4,5%, en la actualidad está en el 2,75%.
Tradición de control en Venezuela
Con el objetivo de garantizar precios justos en Venezuela, una de las primeras leyes aprobadas por Nicolás Maduro, vía habilitante, fue la Ley Orgánica de Precios Justos que incluía la creación de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela (Sundde).
Esto fue ejecutado en 2014 para lograr determinar un marco de precios en artículos de producción nacional. La escasez de alimentos y medicinas se hizo presente en Venezuela un año después, para alcanzar su máximo nivel en 2016, con 77,6% durante el último trimestre, de acuerdo a Datanálisis.
Las confiscaciones y sanciones a comerciantes estuvieron a la orden del día, a cargo de la Sundde, y las protestas sociales aumentaron en medio de largas colas para acceder a los productos de primera necesidad.
El mercado negro aprovechó la coyuntura y se encargó de distribuir los mismos artículos a elevados costos. Entre 2018 y 2019, la administración chavista dio un vuelco a la línea económica que venía implementando desde los tiempos de Hugo Chávez y luego del mega apagón nacional en marzo de 2019, la dolarización se naturalizó en el país, junto a nuevos y grandes bodegones, que daban un nuevo rostro a Venezuela, lo que algunos analistas calificaron de ficción y uso de dinero mal habido.
La liberación no tan formal del control cambiario, en vigencia desde 2003, estuvo a la par de un acuerdo -a puertas cerradas- con empresarios y comerciantes para una flexibilización en los precios, que, aunque no serían accesibles para toda la población, permitirían paliar la escasez y el desabastecimiento.
En 2020, sin embargo, se retomó la política de regulación oficial y desde la Sundde, se dispuso a la fiscalización de varios establecimientos en Caracas y otras 5 entidades.
Mientras tanto, desde el Gobierno se anunciaba un segundo aumento del salario mínimo, que buscaría contrarrestar la inflación y aumentar el poder adquisitivo del venezolano.
Claro que este incremento de 60% representaba apenas 2,33 dólares al mes. Y aunque para 2021, se registró una inflación mensual de un dígito, a mediados de año, los venezolanos aseguraron que la dificultad para la compra de artículos se mantenía pese al supuesto control de algunos precios, pero preferían esta realidad antes de experimentar nuevamente escasez.
El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) destacó en un informe durante septiembre que la desaceleración de la inflación ocurría principalmente por la estabilidad que había mantenido el precio del dólar, debido a las recurrentes intervenciones que ha realizado el Banco Central de Venezuela (BCV) quemando las reservas internacionales.
Una de las mayores subidas
Cuando los precios comenzaron a elevarse el Banco Central de Chile (BCCh) sorprendió con una fuerte alza de las tasas de interés y así continuó aumentándola gradualmente hasta ubicarse en 2,75%.
Hoy, Chile es uno de los países de América Latina que más ha subido la tasa de interés en 2021. Y el mercado estima que seguirá subiendo, incluso llegando al 3,75% durante la próxima Reunión de Política Monetaria, el 14 de diciembre, y al 5% a finales de 2022.
Se trata de una medida que intenta frenar el avance de la inflación que ya acumula 6% en lo que va de año, y ocasionada por el aumento de liquidez en los hogares. El economista jefe de BICE Inversiones, Marco Correa, recuerda que desde principios del 2020 hasta casi finales del mismo año se dio un avance relevante en los precios de alimentos, pasando en términos anuales desde 3,7% hasta 8,3%, y luego de eso se produjo una leve disminución.
La inflación estaría vinculada a los problemas de escasez y de cadenas de distribución producto de la pandemia, entre otros factores. “Además, las condiciones favorables de liquidez hacen que los vendedores traspasen estos costos mayores a los consumidores, al no tener la necesidad de reducir sus márgenes por las presiones en la demanda. Finalmente, están los temas estacionales, como la sequía y la caída en la oferta de la mano de obra del sector”, agrega el experto.
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Además de los ajustes en las tasas de interés, Chile ha implementado algunas medidas administrativas, regulatorias y legislativas en el marco de la pandemia para contener el alza de precios al consumidor. De hecho, destaca un ajuste transitorio de parámetros al Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (MEPCO) para mitigar el alza de la gasolina y diésel en el país, la cual se decretó en agosto.
También se aprobó una ley de estabilización de tarifas eléctricas en 2019 que creó un mecanismo transitorio para reducir los precios de la energía en el caso de clientes regulados. Con esto se intentó ayudar a las familias más vulnerables, y neutralizar el efecto del alza del dólar en Chile.