Bloomberg — En la interminable pugna entre los conglomerados mineros mundiales y muchos peruanos, Julio Guillermo ha sido considerado durante mucho tiempo como alguien que ocupa un lugar bastante marginal: un agitador antigubernamental que no lucha por una mayor parte del botín, sino por el cierre de las minas en su sierra del centro-sur.
Al igual que sus compañeros activistas, Guillermo, de 49 años, justifica sus demandas en la contaminación de los cursos de agua, que los mineros desestiman, y en un argumento que es más difícil de rebatir: su tierra en Ayacucho es sagrada, no es un lugar para sacar plata y oro. “Es como deshacer tu templo, tus creencias”, dice en una entrevista.
Su enfoque nunca encontró mucho favor en Lima... hasta ahora. Con la toma de posesión en julio del presidente Pedro Castillo, un activista rural de un partido marxista, Guillermo tiene un poderoso aliado, y el mes pasado el gobierno anunció inesperadamente que no se renovarían las licencias de cuatro minas de metales preciosos en Ayacucho. Los precios de las acciones de Hochschild Mining Plc se desplomaron.
Luego el gobierno, bajo la presión de la industria minera y de los partidos conservadores, pareció dar marcha atrás, diciendo que podría permitir prórrogas para esas minas. A medida que aumentan las protestas en un país que se encuentra entre los principales proveedores globales de cobre, zinc y plata, los mineros dicen que su futuro en Perú, uno de los mercados emergentes favoritos, se ve neblinoso.
“Las empresas están empezando a preguntarse si vale la pena permanecer en Perú”, dijo Raúl Jacob, jefe de la sociedad minera de Perú y CFO (director financiero) de Southern Copper Corp. Dijo que aunque se resuelva un conflicto, “es sólo cuestión de tiempo hasta que estalle otro”. No hay solución al problema de fondo”.
La batalla por la minería en Ayacucho es un foco de tensión para el nuevo gobierno, así como para los mercados mundiales de metales que dependen de los ricos yacimientos de Perú para ayudar a satisfacer la creciente demanda en el marco de la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles.
Castillo ya ha esquivado un intento de destitución por parte de los congresistas de la oposición. Su necesidad de apaciguar a las facciones más moderadas de la política peruana le ha llevado a suavizar su tono sobre el nacionalismo de los recursos.
Pero es un baile delicado. Necesita el apoyo de las facciones más duras de su partido, así como de los votantes rurales que lo llevaron al poder. Los grupos comunitarios de Ayacucho ya han amenazado con reanudar las protestas.
Bajo el mandato de Castillo, los conflictos sociales aumentan a nivel nacional. La industria minera atribuye parte de la culpa a que su gobierno prioriza el derecho a la protesta por encima de otras preocupaciones, como el libre tránsito. También puede deberse a la pandemia y a las mayores expectativas del nuevo gobierno.
La industria minera dice que el problema comienza con el gasto ineficiente de los dólares estadounidenses de los impuestos que esta genera. En zonas aisladas con servicios e infraestructuras deficientes, las minas pueden convertirse en gobiernos locales de facto y, por tanto, en un blanco fácil para las quejas.
Mientras que Glencore Plc y Hudbay Minerals Inc. han llegado recientemente a acuerdos para resolver los conflictos comunitarios en las minas peruanas, MMG Ltd. está deteniendo sus operaciones debido a los bloqueos de carreteras por parte de personas que viven a 200 km (125 millas) de distancia y que quieren obtener mayores beneficios. En octubre hubo 148 conflictos activos en Perú, incluyendo el incendio de una mina.
Un mayor deterioro de las relaciones con las comunidades podría tener amplias repercusiones. La minería emplea directamente a unas 240.000 personas en Perú, y el año pasado representó el 62% de las exportaciones y el 8,8% del producto interior bruto.
Los datos del Gobierno muestran una cartera de proyectos mineros por más de US$50.000 millones, al tiempo que las empresas buscan aprovechar yacimientos de mayor calidad y menor coste medio que los del otro lado de la frontera sur, en Chile. Para el cobre, estas inversiones son cruciales para ayudar a satisfacer el crecimiento previsto de la demanda en la transición hacia la energía y el transporte limpios.
Convencer a la gente de que la minería es una ventaja y no una amenaza puede determinar el futuro de la industria.
Les tomará mucho convencer a los activistas de Ayacucho.
Guillermo considera que el daño ambiental se entrelaza con la erosión cultural. Antes de que su padre y sus tíos vendieran la tierra que ahora es un pozo de plata y oro administrado por South America Mining Investments SAC, formaba parte de las rutas comerciales de los incas. Ahora, las antiguas prácticas de trueque y los restos arqueológicos han desaparecido y el significado espiritual de la zona está en peligro, afirma.
“Los manantiales de agua y el cerro son como una deidad, por eso le damos al cerro su ofrenda”, dijo Guillermo. “El cerro desapareció con la empresa minera”.
Las personas locales dicen que encuentran constantemente peces y vacas muertas y que algunos pueblos ya no pueden beber de sus arroyos.
Los principales operadores mineros de Ayacucho dicen que están actuando de forma responsable y cumpliendo la normativa. Hochschild, cuyas acciones perdieron un 28% en la jornada bursátil después de que las autoridades aceptaran renunciar a los permisos, ha prometido defender sus derechos. Cia. Minera Apumayo dijo que mantiene buenas relaciones con las comunidades locales, al tiempo que condenó los actos de violencia de otros grupos (diciendo que tienen con motivaciones políticas) e instó a las autoridades a investigar las denuncias de contaminación, añadiendo que los ríos contienen minerales de forma natural.
Medita Huayhua, que lidera la batalla contra la minería en Chavina, a unas tres horas en coche de Breapampa, la ciudad de Guillermo, no está de acuerdo. Ella culpa a la mina Apumayo, situada río arriba, de contaminar las fuentes de agua de su pueblo cuando las fuertes lluvias arrastran los residuos, lo que provoca altos índices de anemia y cáncer entre los residentes. Los habitantes de la cercana ciudad de Sancos expresan preocupaciones similares.
“El presidente dijo que las empresas mineras que están en el tope de la cuenca se van a retirar”, dijo Huayhua, que ha sido operada de cáncer de mama. “Nos gustaría que cumpliera su palabra”.
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Este artículo fue traducido por Andrea González
