QUITO — Contra todo pronóstico, el presidente Guillermo Lasso logró que su reforma tributaria sea aprobada, asegurando así la continuidad del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La expedición de esta ley, que amplía la base de contribuyentes y aspira recaudar US$ 1.900 millones en dos años, era una condición del FMI para continuar con sus desembolsos a Ecuador. Sin embargo, su aprobación puede traer un fuerte costo político.
El 29 de noviembre fue publicada en el Registro Oficial del país la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19 que le significarán mayores ingresos al Gobierno. El FMI había condicionado el desembolso de US$ 700 millones en las próximas semanas a la aprobación de la ley.
“Esto supera con mucho las expectativas del acuerdo con el Fondo Monetario, pues con ellos se había acordado una reforma que rinda alrededor de US$ 1.300 millones, son casi US$ 600 millones extra a lo que se había planificado. El alumno ha superado a los pedidos del maestro y por mucho”, explica a Bloomberg Línea el economista Alberto Acosta Burneo, analista del Grupo Spurrier.
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Esto se explica porque la ley entró en vigencia tal como la envió el presidente luego de que el Legislativo no se pusiera de acuerdo para aprobarla o archivarla. Según la normativa ecuatoriana, si una ley de carácter económico urgente no es tratada por la Asamblea Nacional en el lapso de 30 días, se expedirá como decreto con el texto original enviado por el Ejecutivo, y eso fue lo que ocurrió.
“Esto supera con mucho las expectativas del acuerdo con el Fondo Monetario, pues con ellos se había acordado una reforma que rinda alrededor de US$ 1.300 millones, son casi US$ 600 millones extra a lo que se había planificado. El alumno ha superado a los pedidos del maestro y por mucho”
El economista Alberto Acosta Burneo, analista del Grupo Spurrier.
Por ello, “el Gobierno terminó recibiendo lo que pidió inicialmente (los US$ 1.900 millones), sin ningún cambio, entonces, la reforma es mucho mayor que lo que se había acordado con el Fondo Monetario”, añade el experto.
¿DE DÓNDE VENDRÁN LOS INGRESOS?
El convenio con el Fondo, suscrito en septiembre de 2020 durante la presidencia de Lenín Moreno, estipula que para que la entrega de recursos continúe, el Estado ecuatoriano debe cumplir ciertas medidas, entre ellas, aumentar sus ingresos fiscales y recortar su gasto. La nueva ley sirve, precisamente, para lo primero. La base de la reforma contempla un incremento en la recaudación del impuesto a la renta personal y la introducción de impuestos temporales al patrimonio, tanto para empresas como para personas naturales.
De los US$ 1.900 millones proyectados, US$ 800 se planean recaudar en 2022 y alrededor de US$ 1.100 en 2023. Las empresas y las personas con más ingresos son las que más contribuirán pues, según el presidente Lasso, la reforma afectará únicamente al 3,4% de la población.
Así, las personas que ganen más de US$ 2.000 mensuales pagarán más impuesto a la renta desde 2022. El promedio de pago irá desde US$ 28 hasta US$ 336 por año. Esos montos son más del doble de lo que se paga actualmente: entre US$ 13,5 y US$ 156. Por ejemplo, una persona que tenga ingresos anuales por US$ 25.000, es decir, que gane US$ 2.038 al mes, pagará un 15% sobre su renta anual.
Precisamente, de este rubro es de donde provendrá gran parte de la recaudación esperada. El Ministerio de Finanzas prevé que alrededor de US$ 460 millones se recauden por el aumento del impuesto a la renta.
Las otras medidas tienen que ver con el impuesto al patrimonio para quienes tengan un patrimonio superior al US$ 1 millón o US$ 2 millones en caso de sociedad conyugal. Por este concepto, el Gobierno aspira recaudar hasta US$ 320 millones.
Asimismo, las empresas que tengan un patrimonio superior a los US$ 5 millones tendrán que hacer una contribución especial durante dos años de 0,8%. Las autoridades estiman que por este rubro ingresen a las arcas estatales US$ 468 millones que provendrán de 1.931 empresas, especialmente de aquellas que facturan más de US$ 10 millones anuales, que son 1.080 compañías.
Otro impuesto que servirá para recaudar más dinero es el impuesto a los activos en el exterior. Es decir, quienes tengan capitales o inversiones en el exterior deberán reportarlas a los órganos de control nacionales y pagar impuesto a la renta sobre ellas. De allí se espera obtener US$ 200 millones.
LA TENSIÓN POLÍTICA DETRÁS
Políticamente, la puesta en marcha de la reforma ha sido difícil. El texto de Lasso no tuvo apoyo de ninguna de las bancadas legislativas, más allá de la suya propia, el partido conservador CREO. De allí el archivo de la propuesta era lo esperado, para lo cual la Asamblea debía contar con 70 de 137 votos, pero tampoco los consiguió. Debido a esta indecisión del parlamento, la reforma tributaria se publicó con el texto original enviado por el jefe de Estado.
Pero quienes evitaron sepultar la ley de Lasso fueron los legisladores de la bancada UNES, liderada por el expresidente Rafael Correa, quien se ha declarado directo opositor del actual mandatario. Al momento de la votación los asambleístas correístas se ausentaron, y aquello se contabilizó como una abstención, dando así el beneplácito para que la norma entre en vigencia por el Ministerio de la Ley.
Una posible negociación política estaría detrás de este tácito apoyo del correísmo, que desde el inicio criticó férreamente la ley para después respaldarla. Los opositores políticos han denunciado que debajo de la mesa se habría acordado una posible amnistía para el exvicepresidente del correísmo Jorge Glas, preso desde 2017 por los casos de corrupción relacionados con Odebrecht.
Sin embargo, un informe de la compañía de servicios financieros Barclays considera que la estrategia política de Lasso ha ido tomando forma, pues “ha neutralizado a la legislatura, minimizando las concesiones que ha tenido que hacer”. “El gobierno parece haber preferido esta opción (de la amnistía), en lugar de ceder a las demandas de los otros partidos que podrían haber resultado en una disolución de la reforma tributaria”.
De concretarse la presunta amnistía a Glas, el ambiente social y político podría tensarse en el país, pues el electorado que le dio la victoria a Lasso rechazaría la medida, lo que abriría un nuevo frente de confrontación. Las próximas semanas serán decisivas.
MÁS INGRESOS AL FISCO A COSTA DE LA REACTIVACIÓN
Para Acosta-Burneo, la reforma desde la perspectiva fiscal es una excelente noticia, porque los ingresos recaudados ayudarán a cerrar la brecha fiscal del país; sin embargo, aquello “implica retirar más dinero de la economía en medio de una débil recuperación económica”.
El especialista considera que gravar más impuestos a las empresas solo desincentivará la inversión, lo que a su vez acarreará menos empleo y, por lo tanto, menores ingresos a las familias ecuatorianas.
“Ecuador regresará a los niveles de 2019 recién en 2023 y Ecuador es un país que se caracteriza por una menor recuperación. Entonces, retirar nuevamente dinero de las empresas es desacelerar la inversión; retirar dinero de la población de estrato medio y bajo implica menos ahorro. Eso es quitarle combustible a la recuperación económica”, aclara.
El presidente de la Cámara de Industrias y Producción, Pablo Zambrano, apunta en la misma línea y cree que el Gobierno está tomando medidas similares a las de administraciones anteriores. “El ministro (de Finanzas) Simón Cueva está tomando las mismas medidas de siempre: poner impuestos a los que más tienen sin estrechar el gasto”, dijo a Bloomberg Línea. Por ello considera que los planes de Lasso para reactivar la economía están centrados en la inversión extranjera.
En septiembre de 2020, Ecuador firmó un acuerdo por US$ 6.800 millones con el FMI tras la grave crisis económica que se desató luego de la caída de los precios del petróleo y el severo endeudamiento que ha registrado el Ecuador en la última década, a lo que se sumó la crisis del coronavirus que el año pasado dejó una contracción de 7,75% en el PIB nacional. El Banco Central del Ecuador ha previsto que en 2021 el país crezca 3,55%, con una desaceleración a 2,54% para 2022.
