QUITO — Desde 2005 en Ecuador estaba prohibido construir instalaciones de gas licuado petrolero (GLP), pero el presidente Guillermo Lasso acaba de dar marcha atrás a esa disposición a través de un decreto ejecutivo, como una manera de atraer inversiones al país.
El Decreto Ejecutivo 279 derogó la normativa que prohibía “registrar nuevas instalaciones de almacenamiento y abastecimiento, plantas envasadoras y centros de distribución de combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos y GLP” en donde se determine “que la infraestructura existente para la comercialización de dichos productos es suficiente para atender la demanda del mercado”.
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Precisamente, la expedición de este decreto ejecutivo coincide con la suscripción de un contrato de inversión por más de US$ 50 millones entre el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) y Duragas Abastible S.A., filial del Grupo Copec de Chile, especializado en energía y que tiene 46 años de actividades en el mercado ecuatoriano envasando GLP.
Esta nueva inversión es uno de los resultados del foro de Inversiones Ecuador Open for Business, que se desarrolló el pasado 18 y 19 de noviembre en Quito. El compromiso apunta a mejorar y ampliar la capacidad instalada para el almacenamiento, envasado y comercialización del gas licuado de petróleo.
La inversión de Duragas Abastible tiene un plazo de ejecución de 12 años y se implementará en las provincias de Guayas, Manabí, Pichincha, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, donde además la empresa generará nuevas plazas de empleo para “fortalecer la reactivación económica y productiva”.
En Ecuador, la demanda de GLP se da especialmente para uso doméstico, pues la mayoría de hogares utiliza este combustible para cocinar y para la calefacción en general. De acuerdo con los últimos datos oficiales, alrededor de 12,3 millones de barriles de GLP se destinan anualmente al uso doméstico, mientras que 1,2 millones van al uso industrial.
El problema radica en que localmente únicamente se produce 20% del GLP que se consume, mientras el 80% restante debe ser importado a precios internacionales, lo que representa altos egresos para la economía del Ecuador porque, además, el gas licuado se vende internamente a un precio fijo y subsidiado.