Bogotá — La historia de Colombia muestra que muchos de sus líderes políticos han sido asesinados en sus intentos por acceder al poder, o por cuenta de las ideas que representaron.
Jorge Eliecer Gaitán en la década de los 40, fue asesinado en medio de las calles de Bogotá. El 9 de abril de 1948 se inmortalizó como “El Bogotazo” por los desmanes que generó su muerte.
Pero quizá los años más difíciles fueron los de la década de los 80 y 90. Durante esos años murieron candidatos presidenciales de todas las corrientes políticas, algunos de ellos, ex militantes de la guerrilla del M.19.
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Quizá los más sonados fueron Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa, Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro Leongómez. Pero no fueron los únicos. De hecho, entre 1985 y 1993, se estima por parte del Centro de Memoria Histórica que fueron asesinados 1.163 integrantes de la Unión Patriótica.
Erik Behar-Villegas, economista de la Universidad de Bochum de Alemania, máster en economía de la Universidad de Augsburgo, máster en economía internacional y gestión de la Universidad de Rennes, y Ph. D magna cum laude en ciberantropología aplicada a las Organizaciones de la Universidad de Ludovico Maximimiliano de Múnich, entró a revisar si los gastos que realiza Colombia en la protección de sus funcionarios es adecuado o si por el contrario “malgasta recursos”.
El seminario tuvo como objetivo presentar el concepto de las culturas del malgasto público en el marco del estudio de la ineficiencia estatal.
Las culturas de malgasto público son posibles escenarios, prácticas y comportamientos aprendidos en la gestión de la administración pública, que afectan el valor del dinero a la hora de generar valor público.
Behar-Villegas fundamentó parte de su investigación realizando un estudio de caso sobre la compra de vehículos blindados para uso del Estado (protección de funcionarios públicos) y el costo de eficiencia en esta práctica.
Lo anterior, con el fin de determinar si la misión puede ser alcanzada con vehículos más económicos de los que se usan actualmente, que soporten los blindajes requeridos por los estándares internacionales aplicados en Colombia.
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Explica que por ejemplo, en vez de comprar una Toyota Prado, comprar un Renault Duster, que tiene un precio inferior, pero puede ser blindado con el mismo nivel IIIA que la Toyota.
A través de un análisis de efectividad de costos, se visualizó que en Colombia sí se podría cumplir la misión comprando vehículos de precio inferior, lo que generaría un ahorro casi de la mitad de los contratos utilizados para la compra de vehículos de alta gama.
Esto, según Behar, muestra que sí se están generando gastos innecesarios para la administración pública.
En Colombia esto responde principalmente a la falta de información clara e independiente sobre la elección de los tipos de carro, los sesgos y expectativas estéticas de la mayoría de los funcionarios públicos.
Lo mencionado ha generado que, en el ejercicio presupuestal, por la narrativa de seguridad y otros factores, se prefiera maximizar el tipo de vehículo sobre la eficiencia en el gasto.
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Así mismo, que los vehículos asociados a altos cargos deban cumplir con expectativas de poder y entrenamiento, que, a su vez, ha sido influenciada por la “narcoestética”.
Behar-Villegas concluye que el caso colombiano es un ejemplo preciso de las culturas del malgasto, 0,5 % del presupuesto general de la Nación del 2019 se pudo haber ahorrado comprando vehículos inferiores que cumplen con los requisitos exigidos por la ley.
Esto da señales de la desconexión entre los principios de efectividad y eficiencia que debería tener un gobierno y la realidad del país.
